Gatillo fácil en CABA: la violencia policial bajo la sombra de Larreta

Por Santiago Asorey y José Cornejo (*)

Entre enero de 2017 y diciembre de 2020, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) registró 98 personas muertas a manos de agentes de la Policía de la Ciudad en AMBA. Dentro de esa cifra, al menos 23 casos entrarían dentro de lo que se podría considerar bajo la clasificación de casos de gatillo fácil.

En este mismo sentido, la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña denunció en diciembre que durante 2020 diez personas fueron asesinadas por miembros de las fuerzas de seguridad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Añadió 14 casos de gatillo fácil cometidos por Policías de la Ciudad en territorio de la Provincia de Buenos Aires.

La flamante Policía de la Ciudad agudizó la práctica. Durante 2017 y 2018, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional ya había advertido sobre la cantidad de muertes de la fuerza porteña. En 26 meses, se habían registrado 43 asesinatos; mientras en los ocho años anteriores, la Policía Metropolitana había registrado 22 muertes.

El gobierno de la Ciudad no puede argüir desborde del personal policial. La tasa de cantidad de agentes policiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arroja un promedio de unos 617 agentes cada 100 mil habitantes. Es decir, más del doble de los 300 recomendados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Las víctimas

El registro de CELS de los 23 casos de gatillo fácil en manos de uniformados porteños son: Jonathan Echimborde (28), Claudia Ovejero (40), Maximiliano Ezequiel Martínez (sin registro de edad), Ana Estefanía Romero (29), Cristian Ramón Toledo Medina (25), Lorena Elizabeth Albarracín (37), Mauro Díaz (36), David Emanuel Asselborn (27), Matías Rodríguez (16), Giselle Noemí Martín (39), Andrés Vieira (35), Rubén Piñeiro (70), María Delia Speranza (63), Alberto Antonio Chirico (71), Jorge Martín Gómez (41), Claudio Hernán Romano (39), Sandra Constante (19), Nahuel Acosta (18), Emiliano Díaz (29), Ricardo Bulacios (20), Maximiliano Gorosito (40), Jonathan Mosqueda (31), además del caso de un hombre de 36 años de edad que no fue identificado.

El primer efectivo de la Ciudad condenado

El agente del cuerpo de Bomberos de la Policía de la Ciudad, Adrián Otero, fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Cristian "Paraguita" Toledo, un joven trabajador de la Villa 21-24, el 23 de octubre de 2018. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 dictó la sentencia por el hecho ocurrido el 15 de julio de ese año, convirtiéndose en la primera condena por gatillo fácil de la fuerza porteña.

Otero había perseguido a la víctima, que se encontraba junto a dos amigos, cuando volvían de bailar a su casa en su vehículo. A raíz de una discusión de tránsito, Otero comenzó a perseguirlos y a disparar contra los tres chicos. Ocho balas impactaron en el auto, una de ellas le causó la muerte a Cristián.

Criminalización de sectores populares

El gatillo fácil no es la única práctica policial vinculada a violaciones a los derechos en la Ciudad. Se han registrado múltiples denuncias en represiones a la protesta social o desalojos, desapercibidos por los medios masivos. Se trata de intervenciones naturalizadas por las fuerzas policiales y las autoridades de la Ciudad. Sería imposible abarcar todas esas situaciones de violencia, pero hay ejemplos notables:

En el Barrio Padre Mugica, a fines de febrero, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), junto a otros organismos de DD.HH., denunció una brutal represión policial, por parte de uniformados de la Ciudad, en un desalojo a una madre con 8 hijos. La acción se realizó pese a que sigue vigente el DNU 66/21 que establece la prohibición de hacerlo.

23 días antes, una marcha frente a la Embajada de Paraguay en Argentina, que reclamaba por las violaciones a los derechos humanos en el país vecino, terminó en una represión por parte de la Policía de la Ciudad y agentes de la Policía Federal. El hecho fue denunciado por la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados/as – UTEP que sostuvo que los uniformados reprimieron y detuvieron a siete militantes.

En esta misma línea, en octubre del año pasado, el Bloque de Trabajadorxs Migrantxs (BTM) denunció que un referente de la comunidad senegalesa fue agredido por agentes policiales de la Ciudad. El hecho sucedió en Flores y la víctima fue un integrante del BTM, Papa Diaw.

La lista es mucho más larga. Criminalización y represión de la protesta social, gatillo fácil, persecución a trabajadores informales e inmigrantes. Todo bajo la dirección de un gobierno que lleva cuatro mandatos del mismo partido.

(*) Editor y director de Agencia Paco Urondo www.agenciapacourondo.com.ar. Esta fue publicada originlamente en el portal Télam