Apoyo al Golpe de Estado: el gobierno nacional denunció a Macri y sus funcionarios por contrabando de armas a Bolivia

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, acusaron penalmente a Mauricio Macri y a funcionarios de la gestión anterior por enviar material represivo a Bolivia durante el Golpe de Estado de 2019.

En la denuncia presentada ayer en horas de la tarde, se apuntó "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019". En ese sentido, acusaron de dicho acto al ex presidente Mauricio Macri "con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional". 

En el escrito judicial, señalaron que la remisión de las armas tuvo como "objetivo poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales". 

Según los denunciantes, "el hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declaradas". En esa línea, señalaron que el ingreso al país vecino se dio mediante el contrabando del material, ya que se falsearon los controles aduaneros (por eso la intervención de la AFIP en la denuncia). 

La lista de imputados comienza con el ex presidente Mauricio Macri, pero continúa con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad; el ex canciller, Jorge Faurie; el ex embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García; el ex director de Aduanas, Jorge Dávila, y otros funcionarios del Ejecutivo Nacional como el director nacional, el comandante mayor y el director de operaciones de la Gendarmería Nacional.

La presentación detalló el material enviado: 

Cabe destacar, que ayer el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, afirmó que no descartan llamar a declarar a ex funcionarios argentinos, a medida que la causa judicial avance en su país. Por ahora, la investigación internacional la está realizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero representantes del gobierno boliviano aseguraron que evalúan presentarse ante otros organismos.