"El incremento en el precio internacional de los alimentos tiene tanto causas coyunturales como estructurales"

Por Julián Bokser

Patricio Vértiz es agrónomo por la Universidad Nacional de La Plata e investigador del Instituto Tricontinental. AGENCIA PACO URONDO dialogó con él con motivo de la publicación del nuevo Cuaderno del Colectivo de Investigación en Crisis Socioambiental y Despojo: el precio de los alimentos. El objetivo del trabajo es analizar tanto los aspectos globales, como los estructurales y sectoriales del sistema agroalimentario argentino y cuáles son sus posibles alternativas.

Agencia Paco Urondo: ¿Hay un problema con el precio de los alimentos?

Patricio Vértiz: al analizar el tema desde una perspectiva histórica, tanto en Argentina como en el resto de los países, la tendencia de largo plazo es a la disminución en el precio de los alimentos. Esto está directamente asociado a las dinámicas productivas en el marco del modo de producción capitalista que generan incrementos exponenciales en los volúmenes de producción de las diferentes mercancías, en este caso los alimentos, y su consecuente abaratamiento. No obstante, en determinadas coyunturas se producen períodos de alza en el precio de los alimentos, que en el texto “Un mundo frágil: donde una nueva crisis alimentaria está siempre a la vuelta de la esquina” Rolando García denomina como movimientos de contratendencias. En ese sentido, el incremento reciente en el precio internacional de los alimentos tiene tanto causas coyunturales —como las restricciones a la actividad económica y en particular a la circulación de mercancías en el marco de la pandemia del COVID-19— como causas estructurales. Entre estas últimas, las de mayor relevancia se vinculan con la liberalización de los mercados de alimentos, la especulación en los mercados futuros por parte del capital financiero y el incremento en el precio de la energía —en particular derivada del petróleo—. De este modo, la situación señalada indica que aún no se ha cerrado el último período de alza de precios internacionales.  

En definitiva, los mercados internacionales de alimentos han asumido un comportamiento mucho más inestable y oscilante que en décadas anteriores, y todo apunta a que sea un rasgo permanente, al menos en el mediano plazo. 

APU: En ese caso ¿Cuáles son las principales razones del incremento actual en el precio de los alimentos en Argentina?

PV: Salvo en el caso de algunos productos que presentan fuertes variaciones de precios debido a factores estrictamente estacionales, como la escasez de producción en función de la época puntual del año o por causa de la ocurrencia de fenómenos climáticos como inundaciones, sequías, etc.; en la mayoría de los alimentos se da una combinación de factores estructurales que impactan en el incremento de sus precios. Algunos tienen que ver con dinámicas externas, mientras otros factores se deben a cuestiones internas.

APU: ¿Cuáles serían esos factores externos?

PV: Con respecto a los factores externos, corresponde aclarar que buena parte de los productos primarios que se producen en Argentina se dirige a los mercados internacionales. El caso paradigmático es el de la producción de soja y sus derivados, de la cual prácticamente la totalidad se ubica en los mercados externos. No obstante, otros productos de fuerte presencia en el mercado doméstico también canalizan una parte importante de la producción hacia la exportación.

Por ello, considerando las características que asumen los mercados internacionales de productos primarios y alimentarios, los vaivenes en el precio internacional de cualquiera de dichos productos impactan de lleno en el precio interno. Situación que se agrava en aquellos productos como la carne —como lo desarrolla el artículo de Bruno Capdevielle—, el pan o la leche, que constituyen “bienes salarios” y tienen fuerte incidencia en los niveles inflacionarios, comprometiendo seriamente la capacidad de consumo de las grandes mayorías populares.

APU: Y, ¿las causas a nivel interno?

PV: En cuanto a los factores internos, podemos enumerar una serie de razones que van desde la distribución final de los alimentos hasta las esferas de la producción primaria. En primer lugar, en algunos rubros de alimentos interviene un exceso de intermediarios —en particular en la etapa de distribución, pero también en otras fases de las cadenas agroalimentarias— que encarecen de manera innecesaria el precio final de los productos. Vinculado a ello la logística asociada al traslado de los alimentos entre las diferentes etapas es particularmente caótica e irracional en Argentina. Los productos recorren cientos de km —centralmente vía camión— de manera totalmente innecesaria. Resulta común que los productos primarios se trasladen grandes distancias para sus etapas de procesamiento industrial y luego recorran el camino inverso para abastecer las góndolas de hipermercados, supermercados y almacenes de barrio.

Con respecto al sector específico de la distribución de alimentos, corresponde agregar que el desembarco de grandes cadenas transnacionales durante los años ochenta y noventa, transformaron de manera significativa su dinámica. En la actualidad la Gran Distribución —o grandes hipermercados— constituye uno de los sectores fundamentales del poder económico en el ámbito local, con una capacidad indiscutible para incidir en la dinámica de precios domésticos.

En segundo lugar, buena parte de los complejos alimentarios, particularmente en la fase industrial, se caracterizan por la presencia de estructuras oligopólicas, que permiten a un número relativamente acotado de compañías ejercer poder de mercado, incidir en la dinámica de los precios locales y apropiarse de una porción significativa de la riqueza social generada. Es lo que suele plantearse como abusos de posición dominante, e implica un rasgo común en buena parte del sistema agroalimentario argentino.

En tercer lugar, en Argentina asistimos a un proceso de creciente dolarización de los costos de las actividades agropecuarias que impacta de lleno en el precio de los alimentos. Ello se debe a la consolidación de planteos productivos basados en paquetes tecnológicos altamente dependientes de insumos de síntesis química, que en algunos rubros como los fertilizantes tienen una correlación directa con el precio del petróleo, y que en términos generales están atados al precio del dólar. Si bien la incorporación de este tipo de innovaciones tecnológicas es un proceso de larga data, durante los años noventa se amplifica en cuanto a las actividades productivas y la cantidad de productores y empresarios agropecuarios involucrados, en el marco de un verdadero proceso de reconversión tecnológica de las actividades agropecuarias. En las dos décadas posteriores, salvo excepciones puntuales, la tendencia ha seguido el mismo curso.

En cuarto lugar, un volumen significativo de las diferentes actividades agropecuarias se realiza sobre tierras alquiladas. Ello implica que los crecientes cánones de alquiler presionen sobre los costos de producción y por supuesto sobre el precio final de los alimentos. Asimismo, los procesos de concentración en el uso de la tierra presionan sobre los niveles de rentabilidad que deben lograr los productores para persistir en el negocio, arrojando como resultado la liquidación de unidades productivas que campaña tras campaña abandonan la actividad.

APU: ¿Es posible combinar la promoción de las exportaciones de productos agropecuarios con el mantenimiento del precio de los alimentos de consumo popular en niveles accesibles para el mercado doméstico?

PV: Es posible, no obstante, requiere de una voluntad política definida. Tal como señala Pedro Peretti  los controles oficiales sobre las exportaciones son prácticamente inexistentes. Argentina confía demasiado en la honestidad de los diferentes exportadores que mediante declaración jurada dan cuenta del tipo, calidad y volumen de productos exportados. No es cuestión de ser mal pensados, pero teniendo en cuenta ciertas distracciones y/o falta de memoria que caracterizan al gran empresariado local, quizás una serie de controles en los puertos abonarían a mayores niveles de patriotismo de la burguesía “nacional”.

En pleno siglo XXI es necesario y técnicamente posible establecer una agencia estatal que regule las operaciones del comercio exterior. En primer lugar, debido a que una parte importante de los alimentos de consumo popular se destinan a exportación, sin la mediación estatal, es imposible evitar que los vaivenes —cada vez más frecuentes— en los precios internacionales no impacten de lleno en los niveles de precios domésticos. Ello al menos produce dos consecuencias inmediatas, uno sobre la capacidad de consumo de las clases populares que cuentan con ingresos fijos (sea vía salarios o ingresos en actividades de la economía popular) en moneda local. En segundo lugar, sobre los propios agentes económicos de las diferentes fases productivas de los complejos agroalimentarios. Debido a la asimetría estructural entre los agentes intervinientes, es más probable que los capitales de gran magnitud —apelando a mecanismos económicos como extra-económicos— puedan sortear con mejor suerte los sacudones que imparte la libertad de los mercados.

Por estas razones, es fundamental exigir al Estado el diseño de mecanismos que establezcan el desacople de los precios internacionales de los precios domésticos. Asimismo, otro de los objetivos del fortalecimiento de la intervención estatal sobre los mercados externos debe ser el de ejercer un control riguroso del comercio exterior de alimentos y de otros rubros, en función de evitar operaciones de triangulación, subfacturaciones, y todo tipo de prácticas de evasión impositiva, que además de los ingresos que se escapan de las arcas estatales, implican una sangría de divisas hacia el exterior y su impacto en las finanzas nacionales.

APU: ¿En su opinión, los circuitos cortos de comercialización representan una alternativa o un complemento de los canales convencionales de comercialización?

P.V: los circuitos o canales cortos de comercialización, es decir ámbitos de venta directa de productor a consumidor, representan una salida concreta que han encontrado algunas organizaciones de productores y de consumidores para intentar una mejora para los eslabones más débiles de las cadenas agroalimentarias, los consumidores y productores de pequeña escala. Con ese objetivo este tipo de experiencias intentan saltear una parte de los agentes intermediarios, alternando una serie de logros y también dificultades tal como lo indica la entrevista a Adelia González Arzac y el artículo de Matías García Los canales alternativos de comercialización y el desafío del eslabón más débil.

De acuerdo con ambas contribuciones, el acompañamiento estatal resulta fundamental para que el desarrollo de este tipo de circuitos tenga una posibilidad real de disputar y reemplazar, al menos en parte, a los canales convencionales de comercialización.

APU: Desde su perspectiva ¿qué tipo de rol debería jugar el Estado en la comercialización de los alimentos en Argentina?

PV: Tal como mencionamos antes, el rol del Estado es fundamental para ordenar el tema de la comercialización de alimentos en Argentina. En ese sentido, una cuestión que suele despertar fuertes tensiones entre los agentes de las cadenas agroalimentarias ante situaciones de intervención sobre los precios se refiere a cuál debe ser el nivel de precios adecuado de ciertos productos, en función de garantizar suficientes niveles de rentabilidad y que también sean accesibles para los sectores consumidores. Para ello es fundamental que el Estado, a través de agencias específicas, releve información confiable sobre las estructuras de costos de los agentes medios en cada uno de los rubros productivos como en las diferentes fases —primaria, industrial y de distribución final— en función de poder estimar aquellos niveles de precios que garantizan niveles de rentabilidad, pero que a su vez protejan “la mesa de los argentinos”. Este es uno de los inconvenientes recurrentes cuando el Estado decide intervenir sobre los precios de cualquier producto.

Por último, asociado a posibles soluciones de fondo y al papel que le corresponde al Estado en ello, se nos presenta el debate sobre el modelo de producción agropecuaria y la necesaria transformación de la matriz productiva, en este caso vinculada al sector agroindustrial. Para ello es una condición indispensable que las diferentes organizaciones de la agricultura familiar, una parte del movimiento cooperativo, aquellos sectores chacareros, y por su puesto las organizaciones y sindicatos de trabajadores rurales, que en su diversidad conformarían los sectores populares del agro; en alianza con otros sectores rurales —entidades de medianos y pequeños productores, organizaciones de pymes agroindustriales— y junto a organizaciones urbanas del campo popular, tomen cartas en el asunto y logren la fuerza suficiente para imponer y defender un accionar estatal que establezca medidas concretas de corto, mediano y largo plazo para la transición hacia un modelo de producción menos concentrado, más amigable con la naturaleza, menos dependiente y que ponga por delante los intereses nacionales, y en particular el de las grandes mayorías de nuestro pueblo.