Subsecretario de Desarrollo Minero: “Debemos producir minerales respetando el ambiente y cuidando a las comunidades locales”

Por Enrique de la Calle

AGENCIA PACO URONDO dialogó el economista y Subsecretario de Desarrollo Minero, Andrés Vera. ¿Cuál es la estrategia del gobierno nacional de cara a la minería? ¿El sector paga pocos impuestos? ¿Cuál puede ser el rol de las empresas estatales?

APU: Con lo que pasó en Chubut, donde muchos sectores sociales se movilizaron contra la minería (hubo también sectores a favor, pero menos visibles), volvió al primer plano el debate sobre la actividad. Me gustaría abordar diferentes temas que vuelven una y otra vez en esa discusión pública. En primer lugar, voy con un tema económico: ¿Dejan pocas regalías en el país?

Andrés Vera: Lo que quisiera marcar es que las regalías, a las que además se agregan fideicomisos, son un concepto que sólo pagan algunas actividades productivas como minería y explotación de hidrocarburos. A su vez, que existan regalías no implica que se exima de pagar los demás impuestos provinciales y nacionales. Por ejemplo: más de la mitad de los impuestos pagados por la minería se deben al impuesto a las ganancias seguido por contribuciones a la seguridad social y derechos de exportación. Al estudiar la presión tributaria argentina en minería, vemos que es alta en comparación internacional. La idea de que las empresas pagan tan sólo el 3% de lo que producen en concepto de impuestos es falsa y genera confusión. Además de que ignora la estructura tributaria del país a nivel nacional, provincial y, en algunos casos, hasta municipal.

También se deja de lado que el 55% de la facturación de las empresas mineras está dirigida a compras a proveedores locales. En 2019 ese monto fue de $116.000 millones. Lo que tiene, por supuesto, impactos significativos en el crecimiento del empleo en las provincias donde hay actividad minera: el empleo generado de manera directa e indirecta por el sector minero, tanto metalífero, de litio, como no metalífero, se estima en 50.000 puestos de trabajo de calidad y registrado.

APU: Otro tema que suele aparecer tiene que ver con que la exportación tiene pocos controles, ya que son las empresas las que declaran lo que sacan del país. ¿Es así? ¿No hay riesgo de evasión en ese caso?

AV: La primera cuestión que hay que tener en cuenta es que para las empresas mineras la transparencia no es una cuestión de voluntad y buenas intenciones, es una obligación impuesta por el Estado nacional argentino, por los Estados que reciben las exportaciones y por las distintas normas internacionales de transparencia. La repercusión de un ilícito o un accidente en cualquier país tiene serias repercusiones a nivel global y a nivel local mediante distintos tipos de sanciones y pueden perjudicar seriamente su negocio.

Yendo al proceso particular: sí, es cierto que las empresas realizan declaraciones sobre el contenido del metálico que se exporta, pero también es cierto que la Dirección General de Aduanas toma muestras de cada cargamento, tiene un Sistema de Trazabilidad de Muestras (Resolución General de AFIP N° 3891/2016), los análisis son realizados bajo normas IRAM-ISO 9001:2008 por laboratorios del INTEMIN que depende del SEGEMAR y tiene hasta 5 años para hacer los estudios de laboratorio del mineral exportado. En caso de encontrar diferencias, el Estado puede exigir el pago correspondiente. Luego, hay cuestiones técnicas que hacen que sea demasiado complejo sostener un esquema de evasión como ese en el tiempo. Por ejemplo: las plantas donde se procesa el mineral funcionan con una calibración en base a un equilibrio entre los insumos al inicio del proceso y el resultado en concentraciones de mineral. Alterar esto genera el riesgo de desechar grandes cantidades de metal a los diques de cola y damnificar significativamente la producción.

Aunque, de nuevo, requiere de una explicación larga, hay que mencionar también que las grandes empresas mineras son revisadas de cerca no sólo por los gobiernos locales sino también por gobiernos extranjeros. Por ejemplo, Canadá —mediante la iniciativa ESTMA— obliga a las empresas de ese origen a realizar declaraciones anuales de las operaciones en el exterior que son accesibles por cualquier persona. También debemos tener en cuenta que las refinerías a nivel internacional (por ejemplo, 7 de las 10 mayores refinerías de oro del mundo son suizas) que demandan el mineral se expondrían a escándalos sin paralelo por acompañar un esquema de esta naturaleza sólo por una ganancia que, en el volúmen manejado, es minúscula y que debiera ser sostenido de forma sistemática en cada mes desde 1997 hasta hoy. También es necesario notar que no existe ningún estudio serio que respalde las afirmaciones que se hacen sobre la existencia de evasión e ilícitos en el comercio internacional.

APU: Con respecto al rechazo social que la actividad tiene en muchas provincias (de hecho está prohibida en 7 provincias). ¿Cómo el Estado piensa romper ese rechazo? ¿Tiene el Gobierno nacional una posición clara sobre el tema, sobre cuál es la estrategia de desarrollo en torno a los recursos naturales?

AV: Es cierto que existen movimientos contrarios a la minería en algunas provincias. Sin embargo, cualquier lector atento puede notar que una de las grandes faltas en la discusión pública son las voces especializadas en el área, tales como geólogos, ingenieros en minas, químicos, abogados y expertos en desarrollo económico. Creo que desde el Estado debemos cumplir un rol para revertir esta situación. La idea de transparencia, difusión y de impulso del sector es compartida por el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, la Secretaria de Minería, Fernanda Ávila, y, claro, por el Presidente de la Nación. Al principio me refería, por ejemplo, a que existe una preocupación sobre el uso y contaminación de cursos de agua por parte de la minería, pero se desconoce que ésta funciona en circuitos cerrados y que, una vez realizada la carga de agua necesaria para el funcionamiento del proceso, sólo se toma la necesaria para recuperar lo que se ha evaporado de los diques de cola. En el caso de Chubut que mencionabas en la pregunta anterior la desinformación fue muy grande. El proyecto de minería metalífera más relevante presentado para la meseta, el Proyecto Navidad, tenía planeado utilizar agua de la cuenca de Sacanana en cantidades muy inferiores a la capacidad de recarga anual (menos del 2%); además de que el agua de allí no es potable. Por lo que el impacto sobre los recursos hídricos es mínimo sin efecto alguno sobre otros usos.

Desde el Estado tenemos bien en claro que los recursos naturales deben ser gestionados racionalmente, con cuidado y que deben utilizarse para el mejoramiento en la calidad de vida de todos y todas. Esta mirada racional por supuesto incluye las protecciones ambientales que correspondan. No suele señalarse, quizás porque parece obvio, que para convertir los yacimientos en recursos se requiere de enormes cantidades de capital, sin lo cual es imposible generar salarios, impuestos y ganancias. Y la convicción de este gobierno es la de proveer de trabajo y mejorar el salario de los trabajadores. Es una paradoja que tengamos familias en situación de pobreza y sin trabajo estando literalmente sobre yacimientos minerales de clase mundial.

La estrategia en torno al desarrollo de los recursos naturales es clara: desarrollar todo el potencial de las cadenas de valor correspondientes a través de inversiones productivas para que Argentina pueda formar parte del proceso de transición energética, generar empleo de calidad y desarrollar los proveedores locales. Este camino va a permitir que Argentina mejore significativamente la calidad de vida de gran parte de sus habitantes, especialmente de aquellos que hoy padecen la ausencia de la minería.

APU: Con la transición energética, la minería tendrá mucho desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de mediano plazo?

AV: El presidente Alberto Fernández fue muy claro en San Juan, en el evento de inauguración del Cluster de Energías Renovables destinado a la producción de bienes, tecnologías y servicios asociados a la generación de energías renovables. Allí dijo que la minería hace falta para seguir viviendo en las condiciones que vivimos, que el mundo demandará seis veces más cobre del que se produce actualmente y que lo que debemos hacer es producir minerales con respeto al ambiente y de las comunidades cercanas. Por supuesto que esta visión es compartida e impulsada por el ministro Kulfas y por la secretaria Ávila, quienes creen que debemos desarrollar los recursos naturales con cuidado ambiental e impulsando fuertemente el trabajo y las industrias locales, como sucede con los proveedores.

Partiendo de esa visión es que se orienta la gestión de la política minera, que está a cargo de la Secretaria, a quien respondemos. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Minero en particular, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para fomentar el pleno desarrollo de la cadena de valor minera, para que las empresas aporten el capital necesario para aumentar la producción nacional y generen empleo formal y con buenos salarios en las provincias que no son beneficiadas por el modelo económico basado en las ventajas absolutas de la Pampa Húmeda. También trabajamos para ordenar los procesos administrativos correspondientes a la Ley de Inversiones Mineras. Un ejemplo concreto de nuestra gestión es la puesta en marcha de la modificación del Decreto 234/2021, del Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones. Allí dimos incentivos para las inversiones de más de 500 y 1000 millones de dólares que ya están teniendo resultados con proyectos tales como Josemaria, gracias al cual en Argentina se concretarán inversiones que de otra manera no se hubieran realizado, permitiéndonos volver a exportar cobre al mismo tiempo que aumentamos el trabajo local y el desarrollo federal.

APU: Se habla poco del rol de las empresas estatales en varias provincias. Incluso se piensa en YPF trabajando en litio. ¿Cuál es el aporte de las empresas públicas? ¿Es posible pensar en el mediano plazo en que algunas inversiones sean de esas empresas?

AV: Junto al CONICET, YPF tiene Y-TEC en Berisso, que es un centro de investigación y desarrollo de punta en el que se desarrollan tecnologías de baterías de litio y hace poco, incorporando a la Universidad Nacional de La Plata, se inauguró una planta piloto de baterías. En este sentido, empresas y organismos estatales ya están invirtiendo en el sector. Y aquí quiero ser muy cauto: la cadena de valor del sector es compleja. Como dije antes, el Estado ya está trabajando muy bien e invirtiendo en procesos para agregar valor y mejorar la producción argentina en un mineral que ya es estratégico en el contexto de transición energética como es el litio.

Sin embargo, la Argentina posee una escasez de dólares que vuelve muy difícil que el Estado pueda financiar grandes proyectos de exploración y explotación minera a gran escala sin, al menos, asociarse con empresas de otros países. En el largo plazo, si Argentina logra desarrollar sus capacidades mineras, resolver sus problemas de balance de pagos, sí creo que puede ser posible que el Estado tenga un rol más preponderante en la explotación. Hoy y en el mediano plazo, entiendo que debemos hacer lo posible para crear trabajo de la mano de empresas transparentes, con experiencia en múltiples países, hasta que podamos lograr capacidades estatales, incorporar recursos y know how, que nos permitan ir avanzando en las distintas instancias del proceso productivo.