Por qué machamos frente a la Corte Suprema

Por Juan Cruz Guido y Álvaro Erices

Hoy 1º de febrero, luego de la feria judicial, una masiva manifestación salió a la calle a decirle basta a un Poder Judicial estancado y corrompido, cuya cúpula se reclama sea modificada. Lo vimos en el 2x1, cuando una inmensa multitud frenó un avance contramayoritario que quiso beneficiar a una minoría artífice de la atrocidad y la muerte. Esa vez la Corte tuvo que retroceder sobre sus pasos: la historia de hoy es de final incierto.

El poder judicial argentino históricamente legitimó la violación del orden constitucional y las leyes argentinas para beneficiar a quienes tienen intereses financieros, sea porque hacen parte del agronegocio o del mercado financiero y especulativo transnacional. Convalidaron el primer golpe de Estado, fueron cómplices de la peor dictadura que nuestro país tenga memoria. Impidieron la aplicación de la ley que democratizaba los medios de comunicación y que afectaba directamente al Grupo Clarín, que se hizo grande torturando a la familia Graiver. La sociedad argentina no confía en el poder judicial. Néstor Kirchner promovió el juicio político a los miembros de la Corte Suprema menemista y creó un nuevo sistema para que asuman los miembros de la Corte a través del Congreso.

En su primer discurso en la apertura de las sesiones legislativas Alberto Fernández anunció que era preciso una reforma judicial, que sacaría a los agentes de inteligencia que operaban en la justicia para perseguir políticos, empresarios, dirigentes sindicales, sociales y cualquier persona que representara un obstáculo a los intereses neoliberales. El presidente y la directora de la AFI dicen que ya no hay más agentes circulando por los pasillos del Palacio de Tribunales, probaron que el gobierno anterior hacía reuniones con agentes de inteligencia y empresario para armar causas y perseguir sindicalistas y enviaron una reforma judicial al Congreso que aún no consiguió ser aprobada. Cabe recordar que la reforma judicial aprobada en el Congreso durante el gobierno de Cristina no fue implementada porque la Corte Suprema lo impidió. El presidente señaló que la reforma aún no consiguió entrar a la cámara de diputados.

La Corte Suprema bajo la presidencia de Carlos Rosenkrantz acumuló sendos escándalos de índole jurídica, como el fallo del 2x1 aplicado a genocidas, como también de comportamiento acorde al cargo, teniendo en cuenta que el ex presidente del tribunal dialogó 59 veces con el armador de la mesa judicial en el gobierno de Mauricio Macri, Fabián Rodríguez Simón, hoy prófugo en Uruguay. También la Corte de Rosenkrantz permitió un recurso de la empresa del ex vicejefe de gabinete del gobierno de Macri, Farmacity de Mario Quintana, para que la sociedad anónima pudiera instalarse en la provincia de Buenos Aires, violando la ley que regula la actividad farmacéutica. Finalmente, Rosenkrantz tuvo que excusarse de resolver por haber sido el abogado de la firma hasta que asumió su cargo en 2016.

Su par Lorenzetti durante el gobierno de Mauricio Macri alentó la doctrina Irurzun, planteada por un camarista federal de su confianza, Martín Irurzun, que determinó que las prisiones preventivas para funcionarios políticos (del gobierno de Cristina Kirchner) eran la regla para evitar que entorpecieran la investigación con sus “poderes residuales”. Esta “doctrina” suspendió por un par de años el principio de inocencia y avaló detenciones arbitrarias de todo tipo, como la de Milagro Sala, que aún continúa presa.

Lorenzetti impulsó encuentros de “formación jurídica” con el juez brasilero Sergio Moro, encargado de detener y perseguir a Lula Da Silva. De los encuentros participó el propio Lorenzetti junto a Claudio Bonadío, hoy difunto y una de las máximas expresiones del Lawfare en la Argentina con 8 citaciones a indagatoria en un mismo día a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La Justicia argentina, muchas veces en connivencia con el poder político, también resultó una pieza clave para garantizar la impunidad a los ciclos de endeudamiento a través de nuestra historia. Desde el tristemente célebre empréstito de la Baring Brothers de 1824 hasta hoy, tomado a instancias del ministro Bernardino Rivadavia durante la administración de Martín Rodríguez y que recién fue pagado en 1903 en el gobierno de Julio Argentino Roca.

Para esa fecha, ya era demasiado tarde, la unión entre empréstitos y capitales especulativos ya se había hecho simbiosis. Por lo cual, nuestra historia política ha sido atravesada por la deuda externa. El hito que realmente nos alejó del yugo imperialista fueron las dos primeras presidencias de Juan Perón, pero un año después de derrocado, en 1956, volvimos al FMI. La dictadura de 1976 profundizó el modelo de financiarización con una gran deuda externa, luego el alfonsinismo estatizó la deuda de los privados, después el menemismo aplicó el Plan Brady en 1993, y acá estamos.

La impunidad en la causa “Megacanje”, hecho ocurrido meses antes del estallido del 2001, creó nuevos bonos y más deuda pública para la Argentina. Años después el propio Federico Sturzenegger, imputado por el canje de deuda fraudulento, comandó el Banco Central durante el gobierno de Macri y produjo una crisis de deuda y monetaria con las LEBACS, lo cual motivó el salvataje del Fondo Monetario Internacional en 2018, que hoy estamos discutiendo.

La actual presidencia de Horacio Rosatti inició también marcada por el escándalo, ya que el propio juez se votó a sí mismo para asumir la conducción del Tribunal. Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y el propio Rosatti votaron a favor, con lo cual consiguieron la mayoría sin la necesidad de los votos de Elena Highton de Nolasco o el propio Lorenzetti, este último rechazo la maniobra en una carta pública.

En ese estado de situación se encuentra la primera magistratura del Poder Judicial cuando hoy reciba una marcha con fuertes consignas rechazando su funcionamiento.