Brasil: ONG norteamericanas y europeas financiaron activismo contra represa hidroeléctrica

Por Santiago Gómez
Desde Salvador de Bahía

El ataque de fuerzas extranjeras a través de ONG’s ambientalistas a los gobiernos que intentan desarrollar su matriz energética y ganar soberanía, no es propiedad Argentina. En el año 2011 se filtró en Brasil un informe de la Agencia Brasilera de Inteligencia (ABIN) en el que se detallaba cuáles eran las organizaciones no gubernamentales que se oponían a la creación de la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, en ese momento, y quiénes eran los países, fundaciones y organizaciones extranjeras que las financiaban.

Los ataques comenzaron después de que Luiz Inácio Lula da Silva promoviese la construcción y explotación de la hidroeléctrica, en un país que tenía gran parte de su territorio sin tendido eléctrico. En aquel momento hasta la OEA atacó al gobierno del Partido de los Trabajadores para que no realizase la construcción energética, lo que valió una respuesta de la diplomacia del gobierno de Dilma Rousseff en 2011. La hidroeléctrica se construyó por un consorcio empresario en que una estatal es mayoría y hoy es la hidroeléctrica más grande de Brasil. Diez años después de las denuncias, ninguna cuidad quedó bajo el agua ni hubo accidentes por errores de cálculo en la proyección de la obra.

En abril de 2010, el gobierno de Lula realizó la licitación para la construcción y operación de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte, sobre el río Xingú, en el norte de Brasil. Los estudios para la construcción de la hidroeléctrica comenzaron en 1975, durante el gobierno militar. Según informa el conglomerado de empresas que ganó la licitación, Norte Energía S.A, en 1980 se realizó un estudio en el que se señaló que sería necesario desplazar 12 mil indígenas para la construcción de la misma. En 1989 diferencias sobre el impacto socioambiental llevaron a la suspensión de la obra. En 1994 se revisaron los estudios de viabilidad para garantizar que no se inundaran las tierras indígenas. En el año 2002 se presentaron nuevas informaciones a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, pero el Ministerio Público ordenó paralizar el Estudio de Impacto Ambiental.

Recién en 2005, durante la segunda presidencia de Lula, el Congreso autorizó a Eletrobrás, empresa que tiene como accionista mayoritario al Estado brasilero, a que continuase con los informes sobre el impacto de la obra. Entre 2006 y 2010, que se comenzó a construir la obra, se realizaron diversos trabajos en el territorio, con las comunidades, para ver el impacto de la obra, con la participación del Instituto Brasilero de Medio Ambiente (IBAMA). En febrero de 2010 el IBAMA concede la licencia previa de la obra, solicitando algunas adecuaciones. Recién el abril de 2016 comenzó la operación comercial con un segmento de la hidroeléctrica.

La realización de la obra no sólo amplió la matriz energética brasilera, con energía renovable, sino que también significó la proyección, desarrollo, construcción y manutención de una obra de alta complejidad, en manos de empresas estatales, como la Eletrobrás, que tiene el 49,98% del paquete accionario de Norte Energía S.A. Es necesario tener en cuenta que Petrobrás es la empresa que más invierte en Desarrollo e Innovación  de Brasil. Es imposible analizar el desarrollo tecnológico y productivo de Brasil sin dar atención a sus empresas energéticas estatales.  De cualquier manera, mientras el gobierno del Partido de los Trabajadores buscaba llevar energía al norte del país, sufrió un feroz ataque en los medios de comunicación por ONG’s financiadas por países con grandes empresas en el sector energético: Estados Unidos, Gran Bretaña y Países Bajos.

Dime quién te financia y te diré a quién representas

En julio de 2011 se filtró un informe de la Agencia Brasilera de Inteligencia (ABIN), en el cual se observa un mapeamiento de quiénes eran las ONG’s que atacaban al gobierno y se oponían a la construcción de la usina, y por quiénes estaban financiados. Algunas de las ONG’s tiene representación en diversos países de la región, las ONG’s extranjeras que los financiaron prácticamente actúan en todo el continente. El relatorio informó “Actualmente las ONGs extranjera con actuación contraria a la construcción de la UHE son: Amazon ·Watch, International Rivers, Avaaz Foundation, Greeneace, Worl Wide Fund for Nature (WWF), Rainforest Foundation US, e Interamerican Association for Environmental Defense. Figuran como aliadas de ONGs brasileras contrarias a la UHE las siguientes organizaciones: The Nature Conservancy (TNC), Friends of the Earth, Conservation International y Clinton Global Initiative (GGI)”.

Conforme informa la ABIN, y puede confirmarse haciendo una simple búsqueda en Google, la Internationa Rivers tiene sede en Estados Unidos y actúa en África, Asia y América Latina, en particular en el amazonas brasilero. “Junto con la ONG brasilera Amigos de la Tierra – Amazonas brasilero, la International Rivers divulgó, en enero de 2011, el relatorio ‘Megaprojecto, Megariesgos. Análisis de Riesgo para Inversores en el Complejo Hidroeléctrico Belo Monte’, en el cual afirman que hay errores en el proceso de planificación y construcción de la UHE”.

Greenpeace, con sede en los Países Bajos, de donde es oriunda Shell, lanzó en 2010 un relatorio “Revolución energética” sobre el escenario energético futuro de Brasil, en el que afirmó que “el país tiene condiciones de atender su demanda energética a partir de fuentes renovables limpias y poco impactantes en términos socioambientales, como eólica, solar y diferentes formas de biomasa”. Cabe destacar que la energía producida por una hidroeléctrica es considerada renovable.

La Word Wide Fund for Nature, que mucha gente en Argentina la conoce por sus remeras con el oso panda y las iniciales WWF, se instaló en Brasil en 1996, su sede original es en Suiza. Según informó la WWF Brasil en su informe anual de 2009, menos del 9% del presupuesto de la institución proviene de donantes brasileros. En 2008 el 76% provino de la red internacional de la WWF, que recibió fondos de la conocida agencia de los Estados Unidos para desestabilizar gobiernos, la USAID, la embajada de los Países Bajos en Brasil, la Embajada británica en Brasil y la Unión Europea.

La ONG Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA) fue coaturoa de la denuncia presentada por la ONG brasilera Movimiento Xingu Vivo para Siempre (MXVPS) ante la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, que le solicitó en 2011 al gobierno brasilero la suspensión de la obra. El gobierno brasilero, conducido por Dilma Rousseff, le respondió a la OEA que estaban al tanto “de los desafíos socioambientales que proyectos como los de la UHE de Belo Monte puede acarrear. Por esta razón, están siendo observadas, con rigor absoluto, las normas correspondientes para que la construcción tenga en cuenta todos los aspectos sociales y ambientales involucrados (...). El gobierno brasilero considera las solicitaciones de la CIDH precipitadas e injustificables”.

Diez años después de dicha respuesta, Brasil tiene una de las mayores hidroeléctricas del mundo, no hubo accidentes, ni se produjeron, hasta el momento, fallas por errores en la planificación de la obra. La ejecución y operación de la empresa está en manos de un consorcio que el mayor capital accionario lo tiene una empresa estatal.