Natalia Salvo: "La persiguen a Cristina por los mismos motivos que perseguían a Perón"

En el ciclo APU en VIVO (lunes a viernes, a las 19hs), AGENCIA PACO URONDO dialogó con la abogada Natalia Salvo. Su análisis sobre la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, la movilización popular y el Poder Judicial. 

Agencia Paco Urondo: El pedido de condena por parte del fiscal Diego Luciani contra Cristina Fernández de Kirchner movilizó a todo el espectro político tanto a favor como en contra, desde el punto de vista técnico ¿qué valoración hace?

Natalia Salvo: Si hay que mostrarle a un estudiante de Derecho cómo no se maneja un alegato hay que mostrarle el alegato de Luciani y lo digo en términos estrictamente técnicos, excede lo jurídico y se ubica dentro de lo geopolítico lo que está sucediendo con este proceso. En cuanto al alegato de Luciani puntualmente, se debe fundar en pruebas de la causa; en esta causa no hay pruebas que fundamenten la acusación del delito “asociación ilícita y fraude al Estado”. Tampoco hay pruebas que reviertan el principio de inocencia, no es que una persona debe demostrar su inocencia, sino que lo que se debe aclarar es la culpabilidad a partir de evidencias.

Justamente son las garantías fundamentales de un proceso penal que hacen al estado de Derecho. Esto es central, cuando un conflicto o proceso no está mediado por la ley está mediado por la violencia aunque sea institucional.  Esto es fundamental ver desde el punto de vista del derecho, porque si no se puede garantizar un proceso donde se administre justicia de manera objetiva, con jueces imparciales, y la posibilidad del derecho de ser oído, de reposar la acusación y pruebas efectivas entonces estamos ante problemas. Esto de la ausencia de pruebas no lo digo arbitrariamente, el código procesal penal habilita distintos medios para probar y acreditar un delito, pruebas de testigos, que en este caso no hay ninguno. No se pudo establecer la relación de causa efecto entre las supuestas irregularidades por la supuesta presencia de un delito de parte de Cristina Fernández, lo mismo de parte del ex Ministro de Planificación Julio de Vido.

Por último, tenemos una auditoría que realizó la misma Dirección Nacional de Vialidad de Iguacel (ex funcionario macrista) en 2016, con Mauricio Macri en la presidencia, que da cuenta de que no hubo sobreprecios ni irregularidades en la adjudicación, control y licitación en favor de Lázaro Báez, en las 51 obras que están siendo investigadas en Santa Cruz, en el marco de esta supuesta causa.

APU: Con un caso así, tan político, ¿cuántas expectativas hay de que se llegue al fondo de la cuestión?

NS: Ninguna. Lo que se está instalando es una justicia mediática, es decir, paralela a lo que establece el expediente. Por un lado, está el expediente judicial, y después está el escenario mediático donde se instala la culpabilidad de una persona. Por eso digo que este tipo de causas no hay que verlas bajo el prisma técnico o estrictamente académico jurídico, sino que hay que analizarlas políticamente, como señalás. Se trata de la consolidación del fenómeno de la judicialización de la política, que es tratar de lograr consensos a través del poder judicial. Me refiero a la mayoría de fiscales y jueces de Comodoro Py, que juegan al fútbol con un presidente de la Nación en total y absoluta contradicción con lo que aconseja el Comité de Ética de la ONU, que justamente dice que las reuniones deben ser de neto carácter protocolar y públicas; acá fueron privadas y ni siquiera tuvieron una motivación de esas características. Por eso es tan importante la movilización popular. 

APU: Se instaló el tema del indulto, ayer incluso el presidente Alberto Fernández se refirió al tema y la propia vicepresidenta se expidió: señaló que no quería el indulto y que quería justicia. Todavía faltan instancias judiciales, pero ¿qué es exactamente el indulto?

NS: Es la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de perdonar a una persona apresada o condenada. Creo y lo dije en otro medio de comunicación que utilizar esta herramienta tiene un resabio monárquico porque no respetaría la división de poderes. Creo que sería convalidar un proceso arbitrario; sería convalidar un juicio armado, absolutamente inexistente, inviable, que no respeta ninguna de las garantías constitucionales. En ese marco me parece que sería ceder terreno del Estado de derecho, porque este es un proceso totalmente irregular, no son diferencias semánticas del mismo modo que tampoco lo son hablar de presos políticos o prisiones preventivas arbitrarias. Creo que son diferencias conceptuales que traen aparejadas consecuencias políticas también.

APU: A raíz del alegato del fiscal Luciani varias personas no kirchneristas, como la del periodista Carlos Pagni, también sembraron dudas. ¿Como ve eso? ¿Se teme un fallo superior, como el que hubo con Lula en Brasil, que descredite y termine hiriendo la credibilidad del Poder Judicial?

NS: Creo que esos periodistas empiezan a advertir de la irregularidad de este proceso, se dan cuenta que no es una mera irregularidad, sino que es un juicio armado, incluso puede llevar a la falta de credibilidad en ese sector del periodismo. Esto se vio cuando al no tener pruebas introdujeron nuevos hechos y luego le prohibieron a la vicepresidenta y a su defensa ampliar la indagatoria, que es la posibilidad de cualquier imputado. Si a vos te permiten realizar la indagatoria por A y B, pero después de esa indagatoria introducen C y D, pero no te dan la posibilidad de defenderte, bueno están retaceando tu derecho de defensa. Por ese motivo tuvieron que buscar pruebas en otros expedientes judiciales, como la causa cuadernos o incluso “Hotesur” y “Los sauces" donde ya hay un sobreseimiento.  

APU: Como abogada, ¿cómo vivís que esta disputa se traslada a la calle?

NS: Creo incluso que es una de las únicas formas que existen. Por dos cosas, primero por una experiencia histórica que tuvimos relativamente reciente, el 3 de mayo de 2017, ante el dictado por parte de la Corte Suprema del fallo que aplicaba el famoso 2 x 1 para casos de crímenes de lesa humanidad. Esa movilización reconoció un patrimonio cultural, social y simbólico de nuestra sociedad en torno a la Memoria, Verdad y Justicia. Y pudo revertir el fallo. Por otro lado, creo que las reformas judiciales no acontecen por las leyes, que son puntos de llegada, sino que condensan una disputa de intereses previa y para mi tenemos un Poder Judicial que no está acostumbrado al escrutinio popular, porque los jueces no son elegidos directamente por el pueblo. Pero tampoco están acostumbrados en su propia rutina a ser interpelados por la gente. Está bien que la ciudadanía, la gente pueda interpelar e intimar a este Poder Judicial, eso es central para que se democratice y se modifique. Porque el 80% de los argentinos no está de acuerdo con este Poder Judicial, tan complaciente de los sectores de poder. 

APU: En ese sentido, este juicio oral y público volvió a abrir el debate en torno a los juicios por jurados. ¿Que opinión tenés sobre eso?

NS: La verdad que todavía no tengo una opinión muy formada sobre ese punto. Sé que este sistema actual, tal como está instrumentado, quedó vetusto. Pero además me parece que hay que cambiar una concepción que es aquella con la cual nos forman a las abogadas y los abogados. El abogado que está formado por la justicia social parece que es un nostálgico y aquel que tiene un sesgo economicista y de negocios es el propicio para integrar el Poder Judicial o para ejercer la abogacía. Este sistema no funciona y podríamos probar con otro, incluso el que está contemplado en la constitución nacional.

APU: ¿Cómo ves todo este tema de la persecución a Cristina y el hecho de que sea mujer?

NS: Yo creo que hay un plus en el hecho de que Cristina sea mujer. Primero, Cristina llevó a cabo políticas de mayorías y de reparto del ingreso que la oligarquía local no se la perdonó, como no se lo perdonaron a Perón en su momento. Sucede que los motivos por los cuales la persiguen a Cristina son los mismos, no toleran que sea una estadista de la talla que es y encima que sea mujer. No se le perdona a la mujer que tenga vocación de poder y que pueda disponer de ese poder y que tenga una lapicera. Una cosa es que una mujer sea la cara visible de una determinada repartición estatal o ministerial y otra es que se siente en la mesa chica para realmente hacer política, y desde ese lugar hay una visión de la mujer relegada a lo doméstico. 

APU: ¿Cómo siguen las instancias jurídicas en la causa Vialidad?

NS: Ahora falta que aleguen las defensas. Esto acontecería a fines de septiembre, con lo cual la sentencia estaría más o menos para diciembre. Después, estará el fallo. Luego, será revisado por la Cámara, donde están los jueces Hornos y Borinsky, que también hacían deportes con Macri en su quinta personal. No estamos hablando de jueces imparciales. Y luego tenemos a la Corte Suprema.

APU: Está el tema de la proscripción, la posibilidad de que no se pueda presentar en las próximas elecciones. ¿Podría pasar?

NS: Una sentencia del tribunal oral, en el mejor de los casos, puede llegar a fines de diciembre. Con las arbitrariedades o los mamarrachos jurídicos que hemos visto en esta causa, todo puede pasar. Pareciera que están tirando toda la carne al asador, te hablo en términos políticos. Así que todo puede ser.