Justicia por los pibes masacrados en Monte

Este Miércoles 17 de mayo se conocerá el fallo que determinará la pena para los 4 policías acusados de asesinar a 4 jóvenes: Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, Camila López, y en el que sobreviviera la joven Rocío Quagliarello, en la localidad de San Miguel del Monte, Buenos Aires.

El hecho contó con encubrimiento policial y del Municipio, y fue vital la participación de los vecinos para esclarecer el hecho de violencia institucional, ya que aportaron pruebas contundentes de los disparos -los casquillos- y también relataron como sucedieron los hechos aquella trágica noche del 20 de mayo de 2019. 

El juicio se está desarrollando en La Plata, y declararon peritos de Gendarmería y una larga de lista de vecinos y vecinas que desmontaron la primer versión policial que intentaba montar un accidente de tránsito como causal de la muerte de un grupo de amigos de la ciudad, y que esa noche paseaban a bordo de un Fiat 147. 

Victoria Darraidou, coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, que acompañaron a las familias de las víctimas y participaron de la causa como querella institucional, conversó con AGENCIA PACO URONDO sobre el proceso judicial, la participación clave de los vecinos y vecinas; y el trabajo con las Policías.  

Agencia Paco Urondo: Este miércoles hay una primera sentencia: ¿Cómo fueron estos largos cuatro años?

Victoria Darraidou: este hecho ocurrió en mayo de 2019 y desde entonces, desde el CELS intervenimos en el proceso judicial y también acompañamos a las víctimas con apoyo del equipo de salud mental del CELS, junto a otros profesionales. 

Este lunes 5 de mayo comenzó el juicio oral por la imputación de cuatros policías involucrados (Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal e Mariano Alejandro Ibáñez) en la persecución del auto en que iban los chicos. Imputados, además, por el homicidio de cuatro de ellos y por la tentativa de homicidio de la única sobreviviente de lo que llamamos ‘La Masacre de Monte’. 

Este episodio ocurre en una ciudad pequeña de la provincia de Buenos Aires, una ciudad tranquila, que no tiene serios conflictos de inseguridad y tampoco casos de violencia institucional. 

En el inicio de este caso, de esta masacre, fue presentado como un ‘accidente’ de tránsito. Fue la intervención de los vecinos lo que permitió dar cuenta de que esto no se había tratado de un accidente vial como tantos otros que sí ocurren en las ciudades de todo el país. El involucramiento de los vecinos permitió dar a conocer que lo que había ocurrido luego de un uso desproporcionado de la fuerza fue una maniobra de encubrimiento por parte de la policía. 

APU: ¿Cómo está el pueblo de San Miguel del Monte?  

VD: Los vecinos y la comunidad de Monte estuvieron muy conmocionados desde el inicio en que esto ocurrió, hasta el día de hoy. Hay una generación de jóvenes que crecieron y van a seguir creciendo padeciendo la pérdida de un grupo de sus amigos.

La conmoción por parte del pueblo y el apoyo y compromiso por parte de los vecinos y vecinas de Monte estuvo en las fechas del hecho y está hoy. 

APU: Ahora se está juzgando a los policías, pero el proceso sigue: ¿Hubo encubrimiento? 

VD: En este proceso judicial lo que se va a desarrollar e identificar es la potencial culpabilidad de estos cuatro policías involucrados en la persecución y en el uso desproporcionado de armas. 

En un posterior proceso judicial, una vez que termine este, se va a desarrollar una segunda instancia que va a tener que ver con el encubrimiento. 

Así como las intervenciones abusivas con el uso de armas de fuego se repiten y hay patrones que son característicos como las persecuciones vehiculares. También, una práctica rutinaria de la intervención policial es el encubrimiento. Es el intervenir en la escena para tratar de falsear los hechos y así deslindar las responsabilidades de los policías. 

En esas maniobras donde tratan de modificar y construir una versión policial de los hechos, lo que ocurre es una participación corporativa por parte de la policía, lo cual, ocurre en repetidos casos de violencia institucional y claramente en este caso, donde también, vemos en estas maniobras como intervino personal civil y funcionarios que dependían del municipio de San Miguel Del Monte, no solo personal policial. 

APU: ¿Por qué tienen que pasar cuatro años? 

VD: La justicia tiene su tiempo, no son los tiempos que necesitan las víctimas y tampoco son los tiempos que reclamamos desde la sociedad civil o desde la comunidad. Los tiempos de la justicia son lentos y burocráticos, son procesos largos. 

En este caso desde el Cels participamos y nos involucramos como querella institucional desde un principio de los hechos. Trabajamos en conjunto con la fiscalía colaborando y aportando para acelerar los procesos lo máximo posible y hoy finalmente nos encontramos atravesando un proceso de juicio por jurado.

En el mismo momento en que estaba ocurriendo este hecho en mayo de 2019, ocurrió otra persecución vehicular con la responsabilidad de la policía de Buenos Aires en el partido de San Martín donde la intervención policial terminó asesinando a Diego Cagliero. 

APU: Nuevamente un modus operandi conocido de la Policía, de manual. 

VD: Siempre la versión policial trata de montar una escena de peligrosidad. Presenta a sus objetivos de la persecución como sujetos que estaban en una conducta ilegal, peligrosa, que presentaban un riesgo para la policía y para el resto de la comunidad. Esto que plantean vienen a ser los parámetros que posibilitarían a una intervención policial que amerite el uso de la fuerza, porque, la policía está legitimada a usar el uso de la fuerza con una serie de criterios y parámetros que justifiquen ese tipo de intervención. 

Entonces, como muchas veces el uso de la fuerza fue absolutamente desmedido o no tuvo en cuenta las consecuencias que podía provocar, luego la policía tiene que armar una narrativa que justifique esa intervención que fue abusiva, desproporcionada, o irracional y que justamente por estas características se encuentra por fuera de los parámetros de la legalidad de sus comportamientos. 

La policía construye un relato que pueda ser entendido y repetido por los medios de comunicación de esta manera. No es casualidad que tanto en el caso de Cagliero como en el de González los medios de comunicación hayan repetido esa versión policial. Por otra parte, lo que además suele suceder, es que el sistema de justicia avala esa primera versión policial y por esto es que tiene tanto éxito esta construcción corporativa que desarrolla la policía. De esta manera se construye un relato que presenta dificultades para ver esas fisuras que permitan ver lo que efectivamente sucedió. 

Por todo esto es que en este caso fue crucial la participación de los vecinos, levantando casquillos, identificando donde fueron encontrados esos casquillos, los cuales fueron llevados a la justicia y dieron la evidencia de que lo que pasó en este hecho no se trató de un simple choque. 

APU: ¿Por qué Gendarmería custodia desde hace cuatro años la casa de las familias de las víctimas? 

VD: Es un tema sensible el cual involucra a una ciudad pequeña en donde todos se conocen, entonces, los testigos pueden sentirse un poco más expuestos que en otros casos donde las personas viven en grandes ciudades y suelen ser en ese contexto más anónimas. 

En estos casos en donde todas y todos se conocen hay mayor temor y por esto estos resguardos especiales. 

APU: ¿Cómo se puede continuar trabajando fuertemente con los vecinos y vecinas para con estos tipo de casos? Justamente por el rol que tuvieron en la Masacre de Monte

VD: Sin lugar a dudas es muy valorable y valorado.Claramente consideramos que la organización social es positiva para todas las transformaciones que impliquen el goce o la adquisición real de derechos y también para terminar con prácticas que son justamente obstáculos para el ejercicio de los derechos, como lo representa la violencia o abusos de los derechos como lo es la violencia institucional. 

La intervención de la sociedad es una buena alarma, es necesaria y es la que demuestra que la policía no puede hacer cualquier cosa, que la sociedad no lo va a permitir. 

Además, es muy importante el rol de las organizaciones, de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos para empujar y dar más visibilidad a estas situaciones, permitiendo transformaciones estatales. 

Es necesario también que las oficinas estatales a nivel federal y provincial generen áreas de control de la intervención policial, que se desarrollen auditorías serias y que el poder judicial haga y desarrolle investigaciones exhaustivas, transparentes, que puedan dar a conocer los hechos, que involucren a los responsables y en el caso que así sea descubierto haya penas para los responsables y lleve reparación para las víctimas.

Esa es la manera que entendemos que es necesaria para responder desde los distintos lugares y de los distintos roles que podemos tomar los distintos actores, para de una vez desterrar estas prácticas abusivas de derechos que venimos arrastrando en esta democracia. 

APU: ¿Cómo se puede trabajar con las Policías?

VD: Es importante trabajar con las policías en guías de actuación, que tengan guías claras de cómo intervenir ante distintos tipos de situaciones y de hechos, que haya entrenamientos y capacitaciones. Protocolos de intervención y entrenamientos, simulando situaciones reales, para poder practicar cómo intervenir ante distintos hechos. Eso se tiene que construir, hay que generar estos nuevos parámetros e indicaciones de intervención.