Desapariciones en la Argentina contemporánea: “En nuestro país no hay un sistema de búsqueda de personas”

Los primeros días de enero se dio a conocer otra noticia que evidencia las falencias estatales -y, por tanto, también las responsabilidades- alrededor de las diversas formas de violencia institucional: después de quince años de búsqueda se determinó que Adolfo Anatolio Esperiguín estaba enterrado a poco más de quince minutos de su casa, luego de haber sufrido un accidente de tren. Distintas fiscalías y dependencias intervinieron pero, tras más de una década sin novedades, la causa se reactivó por un marplatense creador de contenido en redes sociales.

Entre el 30 de octubre de 2009 y el 26 de noviembre de 2024 se sucedieron errores comunes y repetidos que terminan por conformar un laberinto judicial, tal como ocurrió en casos como el de Luciano Arruga, entre otros. La “sugerencia” de la Policía Bonaerense de esperar 24 hs para denunciar -lo ideal es hacerlo cuanto antes-, expedientes que nunca se conectaron -averiguación de paradero en Pilar y accidente ferroviario en San Martín-, y un sistema fallido e ineficaz de búsqueda que estira dolorosamente investigaciones a base de desidia. Hay informes que no se leen, averiguaciones inexactas y bases de datos desactualizadas y descentralizadas por doquier. Casi una lotería.

El año pasado las hijas de Adolfo se cruzaron con Hernán Danolfo, quien publica historias de vida en Tik Tok, y la suya se viralizó hasta llegar a la Dirección provincial de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad. Tras ajustar el rango de fechas y las zonas, y cotejar hipótesis concretas, fue encontrado. A su vez, la tumba donde estaba enterrado como NN debió haber sido liberada varias veces durante este tiempo pero nunca se hizo, y la familia llegó apenas unos días antes de una nueva exhumación.

Desaparecidos y desaparecidas en la Argentina contemporánea 

Entre tanto protocolo fallido o nunca implementado, el diputado Rubén Eslaiman, de Unión por la Patria, propuso un registro provincial de datos genéticos sobre cuerpos NN para que sea administrado bajo la esfera del Ministerio de Justicia, pero el proyecto nunca se trató. En simultáneo, decenas de averiguaciones de paradero se abren por día. La mayoría queda sin efecto, otras tienen responsabilidades y explicaciones, y muchas otras no. Las desapariciones contemporáneas son resultado de la combinación de diversas violencias y negligencias. 

A fines de 2021 Ximena Tordini publicó “Desaparecidos y desaparecidas en la Argentina contemporánea: quiénes son, qué pasó con ellos y por qué la justicia y el Estado deberían despabilarse”. El libro, editado por Siglo XXI, recorre una serie de historias y las saca de su lugar noticioso habitual para evidenciar un problema que todavía no se ve como tal y que siempre está fuera de agenda. Si el sistema acumula investigaciones con fojas eternas, la apuesta de Tordini es volver visible la necesidad de soluciones sistémicas.

La autora postula a la desaparición de una persona como un hecho social, por el daño que genera, más allá del núcleo familiar, en diversas y distintas comunidades. Señala que el problema principal es de enfoque, dado que no siempre el Estado se ocupa, por lo que la desigualdad en el acceso a la justicia aumenta. A su vez, existen responsabilidades individuales. Con todo, quizás encuentran culpables pero no cuerpos, pero mientras el sistema sólo funcione en casos aislados la cuestión seguirá irresoluble. AGENCIA PACO URONDO dialogó con Ximena Tordini para profundizar en la temática.

Agencia Paco Urondo: ¿Cómo considera que ha ido evolucionando el sistema de búsqueda en estos años?

Ximena Tordini: En la Argentina no hay un sistema de búsqueda de personas. Hay algunas dependencias estatales que realizan algunos esfuerzos de búsqueda de personas de manera sectorizada. En algunos casos funcionan, en otros no, pero no existe algo así como un sistema de búsqueda de personas. Es decir, una articulación institucional que tenga como objetivo buscar a las personas que se denuncian como desaparecidas; buscar hasta encontrarlas, como debería ser, o en el caso de no con la responsabilidad de dar una explicación sobre por qué esas personas no están siendo encontradas.

APU: ¿Hay quienes se ocupan de mejorar la cuestión?

XT: En nuestro país hay organizaciones de la sociedad civil que construyeron un gran saber en la búsqueda de personas desaparecidas. Una es Abuelas de Plaza de Mayo, que se centró en la búsqueda de personas desaparecidas por la dictadura militar, que están vivas y hoy tienen alrededor de entre 45 y 50 años, producto de una apropiación ilegal. Existe el Equipo Argentino de Antropología Forense, que se ha centrado en la búsqueda de las personas desaparecidas durante la dictadura pero que actualmente también investiga desapariciones contemporáneas. Existen algunas dependencias, dentro de algunas policías y del Ministerio Público Fiscal, que desarrollan experiencias de búsqueda de personas. 

Hay actores que intentan llevar adelante búsquedas con compromiso y responsabilidad, pero es insuficiente porque todas las dependencias que deberían estar conectadas entre sí, con una gestión eficiente de la información y capacidades profesionales para enfrentar una búsqueda, no existen o funcionan de manera muy ineficiente. Aun cuando hay voluntad, en muchos casos, como la estructura institucional en la que esas voluntades se tienen que desenvolver es así como vemos, es de extrema ineficacia para encontrar personas, por ejemplo la que da lugar a esta nota, que son buscadas durante años, incluso décadas, y finalmente son encontradas fallecidas sepultadas como persona sin identidad.

APU: ¿Coincide en que hay un aspecto discursivo fundamental, que va, por ejemplo, del mito de las 24 horas de espera a las distintas responsabilidades señaladas?

XT: No es un mito, lo que expresa es la dificultad muy grande que tienen las personas, sobre todo de los sectores populares o que no tienen vínculos con el sistema de justicia, a las que una desaparición los sorprende trágicamente en su vida cotidiana. Cuando recurren a las dependencias del Estado donde hay que denunciar una desaparición, que hoy en día son las comisarías o una fiscalía, en general, salvo algunas excepciones, que las hay pero son eso, se encuentran con un funcionario estatal que no está predispuesto a recibir denuncias de desaparición, muchas veces porque esas dependencias no saben qué hacer cuando llega un caso, cómo investigarlo, qué información pedir ni cómo procesarla.

Hasta ahora, ese déficit se resuelve, o se suele presentar como resuelto, con la elaboración de protocolos. Hay uno del sistema federal de búsqueda de personas, varios del Ministerio Público Fiscal, que en sí mismos son documentos que los lees y son correctos. Son razonables, están bien construidos, pero tienen muy poca capacidad de transformar la respuesta real concreta que recibe una persona. El protocolo dice que no hay que esperar 24 horas para hacer una denuncia si se cree que a la persona le puede haber sucedido algo y le indica a los funcionarios estatales que la tomen, aunque haya transcurrido una hora. 

Sin embargo, sigue operando la idea o la situación concreta de personas que van a denunciar una desaparición y les dicen que tienen que esperar 24 horas. Hay otro montón de cuestiones que están indicadas que no se realizan. ¿Cuál sería la solución? No sé si es una cuestión discursiva, creo que es cuestión de que el Estado reconozca que hay un déficit en la respuesta a las desapariciones contemporáneas y que necesita una solución sistémica. Mientras eso no aparezca como diagnóstico y prioridad, las soluciones son parches, que en algunos casos funcionan y en una gran cantidad de casos no.

APU: ¿Considera que el Ministerio Público Fiscal es de los que menos cuentas rinde?

XT: En materia de búsqueda de personas, donde la responsabilidad en nuestro país es del sistema judicial, efectivamente es muy poco demandado por su fracaso. En estos casos que seguimos viendo, donde una fiscalía tenía bajo su responsabilidad un expediente en el que se busca una persona y luego resulta que estaba enterrada sin su identidad en un cementerio, que muchas veces es de la misma jurisdicción en donde fue hecha la denuncia, o incluso tramitaba también otro expediente donde se había autorizado una inhumación de una persona sin identidad, las y los fiscales son responsables.

Son responsables de ese desastre, porque así hay que llamarlo. Es una desidia de la burocracia judicial que produce la persistencia de una desaparición, nada más ni nada menos. La fiscalía es responsable de eso y ninguna nunca ha pagado ningún costo, como en el caso de Mariela Tasat, Salomé Valenzuela, Luciano Arruga y podría seguir dando nombres. Las fiscalías, que durante años sostuvieron investigaciones, y en el transcurso las familias tuvieron que soportar innumerables violencias, nunca dieron explicaciones. Es más, probablemente, ni siquiera sus nombres son conocidos. 

Siempre se dice que el sistema judicial es incapaz de investigarse a sí mismo. Algo de eso opera cuando se devela que es el mismo que es responsable de la persistencia de la desaparición. No es responsable de que se haya producido, porque detrás ha habido homicidios u otras situaciones de violencia, tal vez suicidio o desamparo, que la explican. Su construcción como desaparición es responsabilidad de la incapacidad del Poder Judicial de investigarlas y sobre eso simplemente cierra los casos, pasa al siguiente, se hace un protocolo y las condiciones que hicieron posible que eso sucediera no se transforman.