Represión y ajuste: "Estamos a las puertas de un estallido social"

El 10 de abril como consecuencia de una represión llevada a cabo por el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires un joven manifestante sufrió un balazo de goma en uno de sus ojos que le provocó la pérdida de uno de los mismos.

Asimismo, ACVI también denunció en las útlimas horas que en el marco de la movilización estudiantil de ayer detuvieron y golpearon salvajemente a Matías Darabos abogado de AMMAR. .

Matías Busso, abogado de ACVI, habló con AGENCIA PACO URONDO sobre la represión en el gobierno de Milei. 

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo están analizando la situación represiva planteada por este gobierno?

Matías Busso: La situación represiva en general, lo que está sucediendo es que con el protocolo antipiquetes de Bullrich derogo el protocolo de 2011, que era el protocolo de criterios del uso de la fuerza en manifestaciones públicas, que lo había promulgado Nilda Garré y que tomaba normativas internacionales y nacionales referida a defensa de Derechos Humanos.

Lo que cambio es la portación de armas letales por parte de los funcionarios de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas.

Otra de las cosas que planteaba el proyecto de Garré era la utilización de la fuerza como última posibilidad y ahora es la primera según la derogación planteada por Patricia Bullrich. Sin ningún tipo de negociación ni dialogo político. Por ende, esto nos recuerda a los hechos del 2001, teniendo en cuenta la crisis social y económica que nos está llevando este gobierno y se pone inflexible con cualquier tipo de manifestación pacífica y democrática. No que remos que en las movilizaciones terminemos con muertos ni heridos.

APU: ¿Podría comentarnos la causa puntual del 10 de abril que ustedes están interviniendo?

MB: La causa está presentada en PROCUVIN, estamos esperando que sorteen juzgado y fiscalía. Por el caso puntual que sucedió con el compañero que fue disparado en sus ojos estamos viendo un patrón repetitivo en las fuerzas de seguridad que utilizan armas letales intencionalmente disparando a la cara cuando las reglamentaciones contemplan que esto no debe hacerse. Esto sucedió en una movilización a principio de año cuando un abogado de CEPRODH recibió un balazo de goma en uno de sus ojos perdiéndolo. También nos llegaron dos denuncias de personas que en el 2017 cuando Bullrich también estaba al frente del Ministerio de Seguridad recibieron balazos de goma en sus ojos y los perdieron. Sucedió lo mismo en la represión de Jujuy el año pasado.

También nos llegó desde Chile información de un colectivo que se formó luego de muchos heridos con esta modalidad. Lo que estamos advirtiendo es que este proceder trasciende lo local. Explícitamente, queremos que las fuerzas de seguridad frenen su proceder. Queremos saber si esto es un proceder azaroso de un efectivo o si realmente hay una directiva por parte del poder político. Nosotros entendemos que las represiones siempre son programadas y hay una autoridad política que las impulsa. Por eso la responsabilidad no es solamente de los efectivos de seguridad sino también política. Estamos exigiendo el autor material pero también de los Ministerios nacionales y de ciudad en el orden de Seguridad.

APU: ¿Qué perspectiva ven en relación al crecimiento de las demandas sociales?

MB: La conflictividad va en crecimiento debido a las políticas que se están implementando, pero al mismo ritmo la represión también están en un grave ascenso. En el anterior gobierno había movilizaciones al Ministerio de Desarrollo de esta magnitud, pero no se reprimía de esta manera. Hoy lo que vemos es que la única respuesta al reclamo de políticas públicas es la represión. Teniendo en cuenta el ascenso de la conflictividad social estamos a las puertas de un estallido social que esperemos que no deje víctimas fatales. El diagnóstico no es para nada alentador teniendo en cuenta que estamos frente a un gobierno que se ufana de tener una política de mano dura. Nosotros con las presentaciones que hacemos y con las denuncias tratamos de torcer el brazo y plantear otro tipo de consenso y legitimidad en relación a ver a la protesta social como un derecho y no como el gobierno que cataloga al reclamo social como un delito. La libertad de expresión y de reclamo es vital para una democracia.