A 13 años de su asesinato: festival en memoria de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco

Por Diego Moneta

El 8 de julio se cumplen trece años desde que Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, de 17 y 25 años, fueron asesinados por Daniel Santiago Veyga, oficial de la Policía Federal. Aquel hecho, en 2009, abrió una cadena de acciones estatales que demuestran todas las caras de la violencia institucional. Este sábado 9, desde las 13 hs. en Fonruge y Chilavert en Lugano, se llevará a cabo un festival en memoria de los jóvenes, bajo la consigna “el dolor se transforma en lucha”, y que incluirá diversas actividades.  

Kiki había sufrido hostigamiento policial en reiteradas ocasiones, incluido el día anterior. Su familia presentó una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 52ª y, tras estar desaparecidos durante dos meses, recién el 14 de septiembre se les informó que estaban enterrados como NN en el Cementerio de Chacarita -donde también apareció Luciano Arruga-, a pesar de que el juez Facundo Cubas ya tenía la identificación. A ello hay que sumar la responsabilidad del personal del Hospital Piñero, el Registro Nacional de las Personas y de la morgue judicial que nunca registraron ni dieron aviso.

El caso demuestra que la matanza de pibes de barrios populares en manos de fuerzas de seguridad sigue siendo sistemática en nuestro país y que el entramado también involucra el accionar del poder judicial. Cubas, del Juzgado Nacional de Instrucción Nº 49, en una investigación a espaldas de la familia y a cargo de la misma fuerza federal, acordó el sobreseimiento de Veyga por entender que era un caso de legítima defensa., siguiendo al pie de la letra la justificación del uniformado.

El camino de injusticia para las familias está plagado de irregularidades, entre las que se encuentran la desaparición de pruebas, el lavado del auto del acusado y la falta de declaraciones de testigos, pero por sobre todo de desidia. A fines de 2011, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la decisión y Cubas fue apartado, por lo que Juan María Ramos Padilla se hizo cargo. Sin embargo, dado el paso del tiempo y el principio de duda, volvió a confirmar la disposición inicial.

Tras ocho años de mucho esfuerzo, la causa fue reabierta y se llegó a juicio oral y público, aunque las provocaciones siguieron: se buscó impedir concentraciones en la puerta del recinto, no se permitió el ingreso de la prensa a la sala, se valló el edificio, el acusado se negó a declarar y hubo testimonios contradictorios. A pesar de que el perito encargado de la autopsia ratificó que los disparos fueron una ejecución. A pesar de ello, el Tribunal Oral Criminal N° 16, conformado por Inés Cantisani, María Cristina Bertola y Gustavo González Ferrari, dictaminó la absolución de Veyga. Luego de varias apelaciones, y en plena pandemia, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario. 

Al Poder Judicial “siempre le molestó que echemos luz sobre lo que hicieron con la investigación”, aseguró Matías Busso, abogado de la familia Lezcano. El caso todavía aguarda el tratamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras los familiares pueden cruzarse a Veyga uniformado y armado por la calle, dado que sigue siendo parte de la Policía Federal. “El Estado en general es responsable, pero esto tiene nombres y apellidos”, remarcó Angélica Urquiza, madre de Kiki.

En 2010 nació la Casita de Kiki en Villa 20, Lugano, desde la cual se desarrollan distintas actividades, tales como educación popular, talleres recreativos, salud comunitaria, orientación universitaria y acompañamiento a familias víctimas de violencia institucional. Además, con motivo de cada aniversario, impulsan festivales culturales, como el que se llevará a cabo este sábado 9. Habrá una radio abierta, música urbana y bandas en vivo, peloteros y una jugoteca.  

Para colaborar con La casita de Kiki se puede contactar a la familia por Facebook.