Caso Blas Correas: “En el asesinato hubo responsabilidad política y no voy a parar hasta que se sepa”

El 6 de agosto de 2020 Valentino Blas Correas, junto a cuatro amigos, volvía de cenar en auto. Al acercarse a un control vehicular de la Policía de Córdoba, el conductor divisó que uno de los agentes tenía el arma en mano, por lo que aceleró. Los oficiales dispararon, una bala impactó en la espalda de Blas, otra hirió a un acompañante y otras cuatro se alojaron en el coche. Ese fue el punto de partida para una serie de delitos que conforman un caso de violencia institucional. El año pasado condenaron a los autores materiales pero Soledad Laciar, madre del joven, en diálogo con AGENCIA PACO URONDO, asegura: “Era el comienzo y lo más importante viene ahora”, en referencia a la responsabilidad política. 

La investigación del fiscal José Mana y el aporte de los testigos determinaron que los suboficiales Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón fueron quienes dispararon, por lo que llegaron al juicio como coautores de homicidio calificado por uso de armas de fuego y por haber sido cometido en abuso de su función, y los mismos cargos en grado de tentativa reiterado. Las pericias arrojaron que el primero fue el de la bala mortal, pero se presume que el segundo, tácitamente, se involucró con la misma intención. En tanto, otros doce enfrentaban imputaciones de encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional, falso testimonio y omisión de deberes de funcionario público. 

En marzo de 2023 la Cámara Octava del Crimen de Córdoba condenó a doce policías, con distintas calificaciones y penas, aunque casi todas menores a las solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. Gómez y Alarcón a perpetua e inhabilitación para cargo público; los comisarios Walter Eduardo Soria, Jorge Ariel Galleguillo y Juan Antonio Gatica, los subcomisarios Sergio Alejandro González y Enzo Gustavo Quiroga, el cabo Ezequiel Agustín Vélez, la oficial ayudante Yamila Florencia Martínez, y los agentes Leandro Alexis Quevedo y Juan Orlando Ramírez, y Wanda Micaela Esquivel, a penas menores. El cabo Leonardo Alejandro Martínez y el efectivo Rodrigo Emanuel Toloza fueron absueltos. La sentencia fue histórica por cantidad de condenas y por reconocer que hubo violencia institucional, señalando sus componentes y ordenando futuras medidas. 

Por un lado, cabe recordar que, esa madrugada, Blas fue llevado por sus amigos al Sanatorio Aconcagua, donde le negaron la atención. Llegó sin vida al Hospital de Urgencias, tras una nueva demora por otro control de la misma fuerza. En paralelo, los policías plantaron un arma en la escena para simular un enfrentamiento. Los empleados responsables de dicho rechazo, acusados de abandono de persona y omisión de auxilio, fueron Fernando Gabriel Cassalino, quien acordó en juicio abreviado una pena de dos años y seis meses en suspenso, y Paola Andrea Mezzacapo y María Laura Moya, que fueron sobreseídas por abonar una multa e indemnización. En el primer caso, la defensa familiar destacó al menos el acto humanitario; en el segundo, ni siquiera ofrecieron disculpas.

Por otro, a raíz de las medidas solicitadas por Marcelo Jaime, presidente del tribunal que dictó la sentencia, en una nueva investigación a cargo del fiscal Franco Mondino, del Fuero Anticorrupción, quedaron imputadas 18 personas -entre ellas, nueve policías previamente condenados, por no preservar la escena-. Además, se señala la responsabilidad de Alfonso Mosquera, ex ministro de Seguridad, Lucas Mezzano, ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica, y Gonzalo Cumplido, ex comisario, implicados en dádivas. A lo largo del proceso, representantes de Amnistía Internacional Argentina habían protestado por la negativa del entonces gobernador Juan Schiaretti a visibilizar el caso.

A tres años del crimen, Soledad Laciar decidió impulsar un proyecto de ley para introducir penas más severas en casos con responsabilidad de fuerzas de seguridad y militares. Los tres puntos principales del mismo versan sobre agravamiento por portación ilegal de armas, sanción específica para quienes planten elementos para alterar una investigación, y la posibilidad de aplicación de la figura del “arrepentido”. Ante un nuevo aniversario, la madre de Valentino Blas Correas dialogó con APU para profundizar este y otros aspectos.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué reflexión puede hacer a cuatro años?

Soledad Laciar: El dolor sigue intacto. Dicen que el tiempo sana, ayuda a aceptar que no está Blas, pero sigue intacto y cada vez que se acercan determinadas fechas florecen recuerdos, lamentablemente, malos. De esa noche no hay nada bueno por recordar. Hace una semana vengo soñando con lo que pasó y viendo las últimas fotos que nos sacamos. Fue tan injusto. En primer lugar, para él, que tenía toda una vida por delante y no hizo nada más que intentar vivir y disfrutar. Todavía intento encontrar dentro de todo este dolor un para qué. A raíz de eso, surgió este intento de buscar algún cambio para que no pase otra vez.

Día a día trato de ser la mejor mamá para los hijos que tengo acá y para Blas, que, esté donde esté, sepa que no voy a permitir que su partida haya sido en vano. Voy a luchar hasta el último minuto. Agradecer a la familia, conocidos y desconocidos, a periodistas, políticos también, que han ayudado a visibilizar y se han comprometido a intentar que esto no vuelva a suceder. La gente me cruza y da un abrazo sanador, sobre todo quienes no me conocían se han acercado con tanto cariño que digo que es el camino que tengo que seguir.

APU: ¿Cómo es ese camino?

SL: Difícil, complicado, pero no imposible. Cuando me muera quiero decir que lo intenté e hice todo lo que estaba a mi alcance para que las cosas sean un poquito más justas. Eso me enseñó Blas cuando se fue. No tengo enojo con nadie, sí mucha tristeza. Ojalá quienes tienen el poder para que esto cambie, de los tres poderes pero sobre todo el judicial, se comprometan a que no haya más mamás con este dolor. No fui la primera ni la última, pero no quiero que haya más. No se puede explicar lo que se siente que te arrebaten una persona de esta manera. No estás preparado para que te saquen un hijo y así es aún más triste. Acostarte a la noche y decir que quien lo tenía que cuidar me lo arrebató es macabro.

APU: ¿Cómo analiza los distintos procesos judiciales que se dieron?

SL: En mi caso, a pesar de que demoró dos años la primera etapa, fue rápido con la justicia que tenemos. Salí conforme en cuanto a que se destaparon un montón de ollas, quienes dispararon y mataron a Blas hoy tienen perpetua. Con esa etapa salí conforme, pero sé, y supe en ese mismo momento, que era el comienzo y lo más importante es lo que tiene que venir ahora. Creo que va a ser mucho más difícil, está involucrada la política y cuando uno se mete ahí es más complicado. En este país los poderes no son independientes, es difícil que la justicia entienda que para que sea efectiva tiene que ser completa. 

En el asesinato de Blas hubo responsabilidad política y no voy a parar hasta que se sepa. Cuando en el juicio se habló de violencia institucional fue por responsabilidad estatal provincial. Hoy surgieron nuevas imputaciones pero sé que va a ser un proceso difícil. En esta parte, igual, voy a seguir sin encontrar algunas respuestas. Creo que quedó gente sin imputar que estoy convencida tuvo responsabilidades, pero decidí que iba a luchar toda mi vida para que la justicia por Blas sea completa y algo cambie. Si no empieza de arriba, nunca se va a lograr. Quedarnos con dos policías con perpetua no cambia absolutamente nada porque a quienes debería no les importa.

APU: ¿Qué espera del proyecto conocido como “Ley Blas”?

SL: Surgió cuando se dictó la sentencia. Cuando fue asesinado dije que lo peor que me había pasado era no tener a mi hijo, pero la realidad es que si uno quería un cambio, y veía todo lo que había pasado ese 6 de agosto, lo peor fue después de los disparos. Hubo un entramado perverso para tratar de cubrir a las personas que dispararon. Hubiera sido tan simple si los compañeros de las duplas los hubiesen entregado. Eso no ocurrió sino que se hizo un entramado para ocultar. En ese sentido, con la sentencia, todas esas personas tenían penas de dos o tres años, por lo tanto hoy casi todos están en su casa.

¿Cómo puede ser que un policía que planta un arma y elabora un entramado de esta naturaleza tenga esa pena tan pequeña? Es un policía que deja mal parada a una institución que queremos que sea bien vista. Es realmente una vergüenza. A raíz de eso surgió el proyecto para endurecer las penas de aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que planten armas para alterar pruebas. A partir de ahí, y de hablar con quienes saben, decidimos intentar algo serio que se pueda tomar en cuenta y siempre pensando en pos de favorecer a la institución policial.

Algún día los buenos policías tienen que ser más que los malos. No estamos pidiendo una locura. No puede ser que una persona que se pone el uniforme y tiene que ser el ejemplo haga estas cosas y tenga una pena tan diminuta porque no aprende nada. No sé si lograremos alguna vez que salga, esto excede cualquier línea política. No pertenezco a ningún partido ni me interesa, esto excede lo partidario y todos debieran estar de acuerdo con un tema como este. A veces es tan feo ver cómo hay pujas entre los distintos partidos y no piensan en el bien común, lo que desalienta y hace pensar que no va a salir nunca.