Caso Blas Correas: “Es fundamental la investigación política”

El pasado 31 de marzo la Cámara Octava del Crimen de Córdoba condenó a un total de doce policías, con distintas calificaciones y penas, por el asesinato -y el posterior encubrimiento- de Valentino Blas Correas el 6 de agosto de 2020. Al ser considerado un caso de violencia institucional, la sentencia se vuelve un punto de partida para futuras investigaciones y para la solicitud de diversas medidas en relación a las fuerzas.

Esa madrugada Blas, junto a cuatro amigos, volvía de cenar en un auto. Tras un altercado con una moto, y al acercarse a un control vehicular de la Policía de Córdoba, el conductor divisó que uno de los agentes tenía el arma en mano, por lo que aceleró. Los oficiales efectuaron disparos, uno impactó en la espalda de Blas, otro hirió a un acompañante y otros cuatro se alojaron en el coche. El joven fue llevado por sus amigos al Sanatorio Aconcagua, donde le negaron la atención por haber sido “en la calle”. Llegó sin vida al Hospital de Urgencias, tras ser demorados por un nuevo control de la misma fuerza. En paralelo, los policías plantaron un arma en la escena para simular un enfrentamiento. 

La investigación, a cargo del fiscal José Mana, y el testimonio de testigos permitieron determinar que los suboficiales Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón fueron quienes dispararon, por lo que llegaron al juicio como coautores de homicidio calificado por empleo de armas de fuego y por haber sido cometido en abuso de su función, al igual que los mismos cargos en grado de tentativa reiterado. Las pericias también arrojaron que el primero de ellos fue el autor del impacto de bala mortal, pero se presume que tácitamente Alarcón se involucró con la misma intención de matar. En tanto, los otros doce acusados enfrentaban cargos por encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional, falso testimonio y omisión de deberes de funcionario público. 

En septiembre del año pasado comenzaron las audiencias bajo la modalidad de juicio por jurados, compuesto por ocho ciudadanos más dos jueces técnicos de la Cámara. El 31 de marzo, tras largas horas de deliberación, se dio a conocer el veredicto. Doce condenas y dos absoluciones: los cabo primero Gómez y Alarcón a perpetua e inhabilitación para empleo y cargo público; la agente Wanda Micaela Esquivel a tres años de prisión -fue quien confesó el encubrimiento-; los comisarios Walter Eduardo Soria, Jorge Ariel Galleguillo y Juan Antonio Gatica, los subcomisarios Sergio Alejandro González y Enzo Gustavo Quiroga, el cabo Ezequiel Agustín Vélez, la oficial ayudante Yamila Florencia Martínez, y los agentes Leandro Alexis Quevedo y Juan Orlando Ramírez -agregado posteriormente a la causa- recibieron distintas penas menores. El cabo Leonardo Alejandro Martínez y el efectivo Rodrigo Emanuel Toloza fueron absueltos. A excepción de Gómez y Alarcón, los montos fueron más bajos a los solicitados por el Ministerio Público Fiscal.

La sentencia es histórica por la cantidad de personas condenadas y por reconocer que hubo violencia institucional, señalando sus diversos componentes y ordenando futuras medidas. A los procesos paralelos -uno, ya elevado a juicio, con Sergio Casalino, Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo imputados por abandono de persona y omisión de auxilio tras negarse a atender a Blas cuando llegó al Sanatorio Aconcagua; otro, contra Ana María Becerra, directora de la Oficina de Investigaciones y Aplicación de Sanciones del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de Córdoba, imputada por abuso de autoridad por levantar la situación pasiva al cabo Gómez-, se le agregarán las solicitudes de la Cámara.

Por un lado, ordenó investigar al ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actual legislador Alfonso Mosquera, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios - que justificó como una “gauchada personal”-, al ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio, Lucas Mezzano, a la ex titular de Recursos Humanos de la Policía provincial y actual jefa de la misma, Liliana Zárate de Belletti, por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes, dado que los responsables seguían en ejercicio a pesar de imputaciones previas y, en el caso de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro, y al ex comisario Gonzalo Cumplido.

Por otro, identificar a los uniformados que detuvieron el auto impidiendo que Blas sea llevado al hospital. Además, solicitó que se mejore la formación de la totalidad de la fuerza e indicó que se retenga el armamento a todo aquel que repruebe las evaluaciones de tiro. A lo largo del debate también participaron la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como “amicus curiae”, y representantes de Amnistía Internacional Argentina, en calidad de veedora. La directora adjunta del organismo, Paola García Rey había denunciado al gobernador Juan Schiaretti por impedir la colocación de carteles para visibilizar el caso.

En este contexto, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Soledad Laciar, madre de Valentino Blas Correas, que desde el principio sostuvo que la responsabilidad llegaba al menos hasta Mosquera. Durante sus últimas palabras en la audiencia, Laciar enumeró las distintas muertes que sufrió su hijo: la primera fue el asesinato en sí mismo, que pudo haber sido masacre; la segunda fue moral, al intentar encubrir y, por lo tanto, demostrar la intencionalidad; la tercera fue que no haya recibido ningún tipo de asistencia; y finalmente que haya sido víctima de una larga cadena de apañamiento institucionalizado.

Agencia Paco Urondo: Después de casi tres años, ¿qué significa la sentencia?

Soledad Laciar: Es un punto fundamental de inicio. Haber logrado que se plasme en un papel que hubo violencia institucional, en cuanto a las luchas que son invisibles. Más allá de haber demostrado tanta gente implicada y que se haya corrido la vista a otras nuevas investigaciones, hablar de violencia institucional y que haya tantos puntos que le piden revisar al Gobierno, a la Policía y al Tribunal de Conducta es lo fundamental.

APU: ¿En qué estado se encuentran las otras causas?

SL: La causa del Sanatorio está en espera de que se eleve a juicio. Con el resto es muy reciente la sentencia. El primer paso está dado, que es que se hayan pedido las investigaciones. No hay que quedarse con los responsables de la policía sin darnos cuenta que depende de un Poder Ejecutivo que tiene sus responsabilidades por acción u omisión, es decir, sólo por callar y permitir que la fuerza siga actuando de esta manera a cuarenta años de democracia. Creo que es fundamental la investigación política.   

APU: Dijo que va a seguir acompañando a familias de víctimas, y en particular destaca Soledad, la madre de Joaquín Paredes. ¿Cómo ve ese caso?

SL: La causa ya tiene fecha de inicio, en junio o julio a más tardar. Voy a acompañar en todo lo que pueda. No va a ser en Ciudad de Córdoba sino en Cruz del Eje, pero intentaré estar en la mayor cantidad de audiencias, cuando el trabajo me lo permita. Con Soledad siempre estamos en contacto. Nos apoyamos en todo. Hay días en que una está mal, manda un mensaje para contarlo y del otro lado la entienden. Eso es fundamental.

Pido encarecidamente que los medios acompañen la causa de Joaquín. Si logramos que también se hable de violencia institucional, que nosotros no tenemos dudas que existió, creo que sería un gran paso en miras de que este dolor no lo sufra nadie más.