La recolección más cara en 20 años y un servicio cada vez más deficiente: el negocio detrás del ajuste porteño

Mientras la Ciudad de Buenos Aires se jacta de haber alcanzado un nuevo superávit financiero, el costo real de este logro se mide en aulas sin recursos, hospitales desfinanciados y un Estado que retrocede en su rol de garante del bienestar de la población. Durante 2024 el gobierno de Jorge Macri implementó un recorte del gasto público del 8% en términos reales. Sin embargo, este ajuste no fue equitativo: áreas clave como vivienda, educación, seguridad y política social explicaron más del 45% de la caída del gasto total, mientras la partida destinada a la recolección de residuos no sólo se mantuvo intacta, sino que creció un 5% en términos reales.

Detrás de esta decisión presupuestaria se encuentra un negocio millonario que involucra a siete empresas privadas -Cliba de Grupo Roggio, Nittida de Grupo Emepa, Solbayres de Pescarmona, Urbasur, AESA, Ashira, y Martín y Martín- de las cuales cinco fueron aportantes de campaña del PRO, tres tuvieron a sus dueños involucrados en la causa de los cuadernos y todas acumulan denuncias por incumplimientos. Pese a este historial, en 2022 el entonces jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, prorrogó sus contratos por seis años con una reducción del 4% en el precio pactado. No obstante, ese mismo año, el costo de la recolección de residuos tercerizada no sólo no disminuyó sino que aumentó un 95%, superando en un 15% la inflación del período.

El gasto real en recolección de residuos durante la primera gestión de Jorge Macri se convirtió en el más elevado de los últimos veinte años, casi USD 650 millones. La ineficiencia del sistema es evidente: la recolección tercerizada es casi cinco veces más costosa que la realizada por el Estado en la zona testigo. A pesar del aumento del presupuesto, la Ciudad recibió incontables denuncias por deficiencias en la recolección de residuos y frente a eso el gobierno porteño no tuvo mejor idea que enviar a rociar con perfume de limón los contendedores de basura para disimular los malos olores. 

Pero el ajuste en otras áreas sí se hizo sentir. Mientras se blindaban los contratos con las empresas de recolección, la obra pública sufrió un recorte del 12%, lo que explicó la falta de grandes proyectos de infraestructura durante 2024. Otros programas también fueron duramente golpeados: el presupuesto para salud mental cayó un 12%, el de promoción y cuidado de la salud en la niñez -que incluye asistencia oftalmológica a niños- se redujo un 16%, las becas estudiantiles se ajustaron un 6% y la asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas sufrió una drástica reducción del 95%, en medio de una de las crisis económicas más severas desde la pandemia.

El despilfarro en la recolección de residuos no sólo representa un problema financiero, sino también una oportunidad perdida. Con una gestión más eficiente, la Ciudad podría reducir significativamente los costos y, al mismo tiempo, impulsar la cadena de valor del reciclado. Experiencias internacionales, como las de Seúl o San Francisco, han demostrado que con un sistema de separación en origen más riguroso, incentivos económicos y tecnología aplicada a la trazabilidad de los residuos, es posible reciclar más del 50% de la basura generada. Si Buenos Aires lograra optimizar su sistema y reinvertir los ahorros en infraestructura para el reciclaje y programas de economía circular, se podrían mejorar los empleos existentes y generar nuevos en plantas de tratamiento, promover la producción de materiales reciclados y reducir la contaminación ambiental. En lugar de sostener un negocio ineficiente, la Ciudad podría transformar la basura en una herramienta de desarrollo económico y social.

El superávit no es un logro si se obtiene a costa de una ciudad más desigual, donde el ajuste recae en los sectores más vulnerables mientras un puñado de empresas continúa recibiendo contratos multimillonarios sin garantizar un servicio acorde. La pregunta es ineludible: ¿para quién gobierna Jorge Macri?