La democracia venezolana antes de Chávez

Tras la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, derrocado por un movimiento cívico-militar en 1958, tres de los partidos políticos mayoritarios acordaron las bases de lo que sería la democracia venezolana. Del pacto fue excluido el Partido Comunista Venezolano, que había participado activamente de la resistencia contra el régimen dictatorial.

Representantes de Acción Democrática (AD, socialdemócrata), el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI, demócrata-cristiano) y la Unión Republicana Democrática (URD, centroizquierda) se reunieron en la estancia “Punto Fijo”, propiedad de uno de los líderes de COPEI, Rafael Caldera.

Allí se comprometieron a presentar un programa mínimo común de gobierno, al tiempo que, aunque cada partido presentaría candidatos presidenciales propios, todos los gobiernos serían de coalición entre las tres fuerzas, con reparto equitativo del gabinete.

Luego de la victoria de Rómulo Betancourt (AD) en 1958, la Unión Republicana Democrática rechazó la política exterior del Ejecutivo y abandonó el Pacto de Punto Fijo. Esto llevó a un debilitamiento electoral de la URD, que dejaría el espacio político en mano de los otros dos partidos.

Venezuela experimentó así una estabilidad democrática inédita en Sudamérica, aunque la alternancia casi mecánica entre Adecos y Copeyanos llevó a que diferenciar entre las propuestas de ambos se volviera una tarea imposible. Luego de Betancourt se sucedieron en el poder Raúl Leoni (1964-1969), candidato por una coalición de los dos partidos, Rafael Caldera (1969-1974) de COPEI; Carlos Andrés Pérez (1974-1979) de AD; Luis Herrera Campins (1979-1984) de COPEI; Jaime Lusinchi (1984-1989) de AD; nuevamente Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y otra vez Rafael Caldera (1994-1999).

En el transcurso de estos gobiernos se pasó de un período de bonanza económica debido a la renta petrolera, que trajo consigo mejoras sociales y la construcción de un incipiente Estado de Bienestar, a las transformaciones neoliberales más salvajes a partir de la década del '80. En los casos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, ellos mismos serían parte del desmantelamiento de avances sociales logrados en sus gestiones anteriores.