De bastón y bastonazos, ¿el pasado que vuelve?

Por Sebastián Enricci

Ríos de tinta y toneladas de papel se usaron desde el 10 de diciembre de 2015 para demostrar una supuesta falta de respeto hacia la república y la democracia en la que habría incurrido la expresidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, al no entregarle el bastón de mando y la banda presidencial a su sucesor, Mauricio Macri, el día de la asunción como nuevo mandatario.

Los principales multimedios de la argentina y el mundo con grandes titulares daban cuenta de esta situación: “Traspaso de mando: Argentina se encamina a un papelón histórico”, “Macri recibió el bastón y la banda presidencial de manos de Pinedo”.

Según la Constitución Nacional en su artículo número 93º establece: “Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina". Todavía los argentinos recuerdan que al momento de jurar Macri no lo hizo por la patria.

Por lo tanto el acto de entrega de la vara de mando y la banda en la argentina carece de efectos jurídicos y se realiza únicamente por fines protocolares y de tradición desde 1868.

Pero el simbolismo del artefacto nos remonta a la antigüedad y sobre todo la época de la República Romana, puesto que éste le era entregado a los generales victoriosos para representar su dignidad por haber acrecentado el poder y la riqueza de Roma.

Entonces si hablamos de bastones de mando y generales es importante tener muy presente que Mauricio Macri seis meses después de asumir modificó los decretos 436/1984 y 1229/1994 por los cuales los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem limitaban el poder y la autonomía a las Fuerzas Armadas.

El gobierno de Cambiemos mediante los decretos 721/2016 y 954/2017 consideró “Que la delegación de la facultad de designar al personal militar que ejercerá los cargos de la conducción superior de las Fuerzas Armadas con independencia del grado de dicho personal, así como la determinación de cuáles cargos sean los comprendidos en la mencionada categoría de “conducción superior”, constituye un mecanismo de centralización y dirección civil del desempeño de aquellas funciones que se consideran de especial relevancia”.

Es decir que las FF.AA recuperaron atribuciones para determinar ascensos, traslados, designaciones de los agentes civiles y militares en su jurisdicción y autorización de sus cambios de destino, incorporación de retirados como docentes en los espacios de formación, otorgamiento de las licencias y disposición de los cambios de las situaciones de revista de los oficiales y los suboficiales.

Por lo tanto el Ministerio de Defensa ya no tiene facultades sobre los movimientos de altos mandos de las tres fuerzas militares. En otras palabras el Estado Nacional perdió el control y la intervención política sobre las instituciones castrenses. que ahora poseen y cuentan con las mismas condiciones anteriores al advenimiento de la democracia en 1983.

Hace unos días, un renombrado periodista del establishment, reveló una reunión que tuvo lugar en Olivos y de la que participaron un asesor del jefe de ministros Marcos Peña, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco y el ministro de Defensa Oscar Aguad y donde se habló de modificar el decreto 727/2006 que establece que las Fuerzas Armadas Argentinas no pueden intervenir en temas de seguridad interior. La idea sería entonces que las Fuerzas Armadas puedan prestar servicios que le habían sido vedados para evitar intenciones golpistas. ¿O será una vía para reprimir con más eficacia?

Como si no fuera suficiente retrotraer a la sociedad argentina a los aciagos años del defaul con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la consecuente crisis de 2001, ahora el gobierno los arrastra a los peores años de la última dictadura cívico-militar.

No se puede quitar del contexto -y tampoco olvidar- la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La represión a los maestros y a los despedidos de PepSico y menos la llevada acabo en la Plaza de los Dos Congresos -mientras se votaba la modificación del coeficiente de los haberes jubilatorios-, ni la de los metrodelegados. Todo lo expuesto sumado a la doctrina Chocobar y a la llamada doctrina Irurzun verdaderamente ponen en serio peligro a la patria.

Pareciera que Mauricio Macri ya les pasó el bastón de mando a las FF.AA y la banda presidencial al FMI.

Como dijo el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel: “Un pueblo sin memoria está condenado a ser dominado”.