El enemigo del gobierno: los abogados laboralistas

Por Federico Arabia*

Así como cada gobierno crea su enemigo, la "oligarquía" para el peronismo, la "inflación" para el menemismo o los "medios concentrados" para el kirchnerismo, el gobierno de Mauricio Macri creó su propio enemigo público: los "abogados laboralistas". 

Desde su asunción, y en cada acto, el presidente insiste con que "la falta de crecimiento se debe a los juicios laborales", que "hay que acabar con la industria del juicio" y sobre todo con "la mafia de los abogados laboralistas". 

Si hacemos un listado de los temas a los que el presidente suele referirse con más frecuencia, encontraremos al narcotrafico, la inseguridad, el combate contra la corrupción y los laboralistas, emparentando así a la efedrina con una demanda laboral.

Los abogados laboralistas pasaron de ser profesionales comunes y corrientes, sin demasiada trascendencia en la opinión pública, a ser citados por cualquier taxista porteño como materia obligatoria en el coloquio de los viajes.

Ahora bien ¿por qué le importa tanto al gobierno un grupo de abogados? ¿Por qué insiste una y otra vez con la industria del juicio laboral? ¿Qué hay detrás de éste ensañamieno?

Flexible, sinónimo de diálogo y tolerancia

La flexibilización no es un invento nuevo. La idea de hacer más flexible las relaciones laborales, si bien se presenta como una novedad que los países deben adoptar para acceder a mejorar el crecimiento, es un invento de larga data. Desde el toyotismo en los años 70, cuando los japoneses trataron de eliminar prácticamente toda posibilidad de recurso humano al estilo Aldous Huxley, pasando por las olas flexibilizadoras que desembarcaron en nuestro país con la dictadura militar y el menemismo. En el primero de los casos se suprimieron los derechos de huelga por ejemplo y luego en los años 90 se expandieron los contratos basura para evadir cargas sociales, los períodos de prueba y topes indemnizatorios. La flexibilización laboral nunca pudo pasar el antidoping de su fórmula. Los países que adoptaron sistemas de flexibilización no han mejorado sus economías y está comprobado que tampoco han incrementaron la tan mentada competitividad. 

La flexibilización laboral es un experimento fallido, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Con la misma habilidad que un vendedor presenta un viejo pela papas pero con el mango siliconado, desde su asunción el gobierno lanzó una antigua campaña flexibilizadora como la esperanza del cambio. 

Poco después de asumir, el secretario de Empleo y ex CEO del grupo Techint, Miguel Ángel Ponte, dijo que contratar y despedir en la Argentina debía ser "tan natural como comer y descomer". La frase no tiene desperdicio. No sólo es la luz verde para habilitar los despidos en masa (cuando en verdad, el despido es un hecho ilícito que el Estado debe evitar, no incentivar) sino que la frase "comer y descomer" vincula a la contratación laboral con un proceso digestivo. Saque usted la conclusión de cuál sería la ubicación del trabajador en éste proceso digestivo, según el Secretario de Empleo.  

Posteriormente, continuando con la saga presidencial, tenemos el convenio de pasantías realizado con Mc Donalds para que miles de jóvenes acepten trabajar por debajo del salario mínimo. Y aquí de nuevo, el pelapapas con mango de silicona. Las pasantías que fueran establecidas en los 90 por la ley 24013 fueron declaradas inconstitucionales no sólo porque no generaron puestos de trabajo, sino que sirvieron como herramienta para que las empresas aprovechen mano de obra barata. Lo que en el fuero se denomina lisa y llanamente: fraude laboral. Sin embargo, el gobierno, otra vez con astucia argumentativa, lo llamó "ayuda para los jóvenes".

Entre las reformas que hasta ahora se han implementado encontramos la ley de accidentes de trabajo. Otro Frankenstein presentado como novedad que revive viejas inconstitucionalidades. Las excesivas facultades a las comisiones médicas o la imposibilidad del trabajador de acceder directamente a la justicia del trabajo para buscar una reparación integral son un remake de viejos fracasos. En lenguaje discepoleano: la nueva ley de accidentes de trabajo convirtió a médicos en jueces. La ley junto al calefón. 

Todas estas reformas legislativas no podrían realizarse sin el disciplinamiento al movimiento obrero organizado. Como primera fotografía tenemos el caso docente. Un tema emblemático que funcionó para marcarle la cancha al mundo sindical. Ahí, el macrismo creyó que debía ser duro, para dar una imagen de gobernabilidad y uso del poder. No cumplió con la paritaria nacional y mandó a regatear a los docentes en una larga pelea que desgasto a todos. Lejos de ser un Estado ausente, el gobierno interviene presentando su fórmula: el regreso de las negociaciones por empresa. 

Otro episodio fue el de los bancarios. Que ya tenían su paritaria y el gobierno la desconoció, lo que derivó en una cautelar que terminó por dar la razón a los bancarios. Este episodio desató la furia del oficialismo que impulsó un jury a los camaristas Enrique Gibert y Marino. 
Las leyes, como los hechos, son interpretaciones. El gobierno no comparte claramente esta metáfora y bajo la excusa de la "falta de idoneidad" enjuició a jueces por pensar diferente. En clara contradicción con la propuesta republicana y la defensa de la división de poderes que tanto promocionó, Cambiemos lanzó una persecución a distintos jueces del fuero laboral que hasta llegaron a ser cuestionados por sus opiniones personales en facebook.

Las formas indirectas de gobernar son la especialidad del macrismo. La presentación de viejas fórmulas jurídicas como nuevas invenciones, prehistóricos funcionarios como nuevos emprendedores y antiguas recetas económicas disfrazadas de avance tecnológico, forman parte de una estrategia que deja sin respuesta directa a sus interlocutores y desconcierta a la población. 

Juicio laboral: Industria Argentina

Decir que los juicios laborales afectan la economía de un país, es por lo menos desmesurado. Los juicios son consecuencias de incumplimientos o fraudes a la ley y los que transitamos el fuero sabemos que no existen "juicios inventados", que no hay grupos organizados de trabajadores dispuestos a destruir pymes. 

Las sentencias laborales no funden empresas y mucho menos repercuten en el PBI, la competitividad, o la producción. Puede haber sentencias injustas en casos particulares pero eso no es exclusivo del fuero laboral. Sin embargo, curioso asociación, la industria del juicio siempre es referida al tema laboral. ¿O alguien escuchó hablar de la mafia de los abogados civilistas o penalistas o empresariales? 

La sospecha es que por detrás de esa crítica a los juicios laborales y sus abogados, lo que hay es un ataque al sistema de trabajo, a los trabajadores, a la protección del empleo, a los sindicatos y al sistema jurídico de protección que nuestra constitución adopta en su art 14 bis cuando expresa que "el trabajo gozará de la protección de  las leyes".

El gobierno intenta sentar las bases de una reforma laboral que propone quitar responsabilidad empresaria, aumentar la carga horaria laboral, reducir los montos indemnizatorios. Una de las claves para la implementación de estos sistemas flexibilizadores es la creación de desocupación, ya que el trabajador desocupado acepta con mayor facilidad empleos precarios. La otra es la estigmatización del movimiento obrero y en particular de los trabajadores. Pero como la máxima del gurú ecuatoriano dice que "no hay que decir lo que realmente vas a hacer" es preferible atacar a un grupo de abogados y de sindicalistas, el resto viene solo.

*Abogado laboralista