La Pampa y la violencia policial

Por Juan Carlos Martínez (*)

Por segunda vez la periodista Cintia Alcaraz, valiente militante feminista, fue víctima de uno de los tantos abusos que la policía pampeana viene cometiendo en el marco de una escalada que ha puesto en riesgo elementales derechos ciudadanos.

Hace dos años Cintia fue privada de su libertad en la vía pública mientras registraba la detención de dos mujeres jóvenes –una de ellas con una criatura en sus brazos- a quienes se acusaba de haber cometido un hurto en un comercio céntrico.

Sin orden judicial y sin respetar el acceso a la información que le asistía, Cintia fue obligada a subir a un vehículo policial, se le secuestró su celular y se la trasladó a una seccional donde permaneció dos horas detenida ilegalmente.

Cintia recuperó la libertad merced a una rápida movilización de la que participó un centenar de militantes sociales.

La denuncia de lo ocurrido llegó a la Comisión de Libertad de Prensa de la Cámara de Diputados de la Nación llevada personalmente por Cintia y su colega Flavio Frangolini, secretario general del Sindicato de Prensa.

Dos años después, Cintia ha sido blanco de otro ataque no menos grave que el anterior. Otra vez la policía como protagonista de un nuevo atropello. En este caso la periodista recibió una amenaza de parte de la jefa de la Unidad Funcional de Género -nada menos- de General Acha, Verónica Tripailao, posteriormente separada de sus funciones.

La autora de la amenaza expresó en las redes sociales (foto 2) su deseo de “matar a todas las mujeres que rompen las bolas y a sus familias para limpiar el país”. Y por si fuera poco, agregó una foto del genocida Videla con un texto estremecedor: “¿Pibes tomando colegios? Tres gases lacrimógenos y te lo saco recitando las tablas de multiplicar al son de la marcha de San Lorenzo”.

Las escuelas de policía

Cuando la formación policial se basa en el uso exclusivo de la fuerza como método para garantizar la seguridad pública, la pérdida de derechos de la sociedad civil es irreversible.

Esa situación la hemos vivido en tiempo de dictaduras militares y se ha repetido –salvando las distancias- en democracia, particularmente en la provincia de Buenos Aires donde la escuela de Camps ha dejado profundas huellas.

Con el acceso de Cambiemos al gobierno, el regreso a las peores prácticas de los organismos de seguridad ha sido más que evidente. El avance hacia un estado policial tomó formas concretas con el llamado Protocolo de Seguridad, la herramienta a la que apeló  el Estado para reprimir cualquier manifestación popular violando la Constitución y las leyes.

La Pampa no ha sido ajena al uso de ese instrumento represivo, particularmente a partir de la presencia de Juan Carlos Tierno, el ahora desplazado ministro que el gobernador Carlos Verna eligió para dirigir el flamante Ministerio de Seguridad.

Fue el propio Tierno quien se atribuyó públicamente la autoría del protocolo de seguridad conjuntamente con Patricia Bullrich, la mano dura elegida por Macri en su proyecto de avanzar hacia un Estado policial.

Es casi una obviedad recordar que la policía siempre responde a las directivas que emanan del poder político, que es el responsable directo en la formación de sus cuadros.

Es más que evidente que formar a la policía en la cultura del garrote y las balas no encaja en un sistema democrático.

Hay que entender de una vez por todas que en una sociedad democrática y civilizada la policía no está para perseguir a los ciudadanos sino para protegerlos.

(*) Periodista y escritor. Habitual colaborador de esta AGENCIA, dirige el periódico Lumbre y mantiene una columna en Radio Kermés de Santa Rosa. Ha publicado, entre otros libros, dos vinculados a la temática: La Pampa nostra, donde describe la conformación de los circuitos de poder pampeano, y El golpeador, una investigación sobre Juan Carlos Tierno y los episodios de violencia de género, abuso de poder y mal desempeño público que el exministro protagonizó.