Massa y una "guerra al narco" que ya fracasó en toda América

Por Norberto Emmerich

A falta de mejores ideas para resolver los problemas de delincuencia e inseguridad en el país, el candidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, prometió tomar medidas contra “la inseguridad y la droga”, entre ellas “una baja en la edad de imputabilidad a 14 años, el uso de las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico, una agencia especial de investigaciones contra las drogas y un nuevo sistema penitenciario con trabajo, educación obligatoria y rehabilitación para los adictos”.

Declaró que “he tomado la decisión de declarar la guerra al narcotráfico, usaré todos los recursos del Estado a mi alcance, incluso las fuerzas armadas”. Amparado en el uso europeo del concepto de Seguridad Ampliada pretende borrar la frontera entre seguridad interior y defensa exterior.

Menores

Respecto a la baja en la edad de imputabilidad, es importante saber que en la Argentina no hay precisión sobre qué porcentaje de delitos son cometidos por menores. En la provincia de Buenos Aires los homicidios cometidos por menores alcanzan al 15% y su participación en el universo general de delitos (incluidos homicidios) baja al 4.3%.

Sin importar cuántos sean los delitos cometidos por menores lo trascendente es saber si la baja de la edad de imputabilidad resuelve la problemática o la incrementa.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en enero de 2014 el informe ‘Seguridad ciudadana con rostro humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina’, donde afirma que los países que ensayaron políticas de seguridad de mano dura hacia jóvenes y adultos no han hecho más que aumentar la violencia.

Massa argumentó que Argentina tiene una alta edad de imputabilidad (16 años) en comparación con varios países de América Latina y Europa. Entre esos países figuran México, Venezuela o El Salvador, con las tasas de criminalidad más altas del mundo y una inútil edad de imputabilidad de 12 años.Y por supuesto el candidato no mencionó a Brasil ni a Estados Unidos, que siguen el camino contrario.

El 18 de marzo de 2014 la Comisión Ciudadana del Crimen de Nueva York propuso que se suba de 16 a 18 años la edad de imputabilidad penal con el objetivo de "mejorar los futuros de nuestra juventud" y por entender que la reglamentación actual "tiene consecuencias perjudiciales para los jóvenes involucrados y su comunidad". Nueva York y Carolina del Norte son los únicos Estados de la Unión que tratan a los jóvenes de 16 años como adultos.

En Brasil se supo el 1° de julio de 2015 que la Cámara baja rechazó por cinco votos la propuesta de enmienda a la Constitución que reduce de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal para cierto tipo de delitos considerados como graves. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y otras fuerzas de izquierda votaron en contra entendiendo que modificar la edad de responsabilidad penal no reduce las tasas de inseguridad y violencia.

Fuerzas armadas

Hacer participar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en un país donde no hay carteles parece algo ridículo. Por otro lado las Fuerzas Armadas ya están participando en la lucha contra el narcotráfico, sin modificar el marco legal vigente y sin provocar una escalada.

Pero Massa no solo planea involucrar a las Fuerzas Armadas, promete declarar una “guerra al narcotráfico” utilizando a las Fuerzas Armadas, como hacen Colombia, México y Centroamérica, lo que implica contabilizar miles de muertos en una guerra que nunca se gana y fortalece el crecimiento de los carteles. En el caso argentino implicará la conversión de caóticas bandas criminales en prominentes carteles.

La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior implica modificar el ordenamiento legal de seguridad del país.Para Massa las fuerzas dependientes de los Ministerios de Seguridad y de Defensa deberían poder actuar en conjunto contra el narcotráfico, algo que está prohibido por la ley 23.554 de Defensa Nacional.Sólo quien desconozca o desprecie la experiencia argentina en la dictadura militar puede sostener semejante disparate. Y sólo quien ignore cómo se mueve el narcotráfico puede creer que atrapará a alguien desplegando tropas en un país geopolíticamente urbano como la Argentina.

La ley de Seguridad Interior sí establece un permiso especial para que las tropas den apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y esa habilitación legislativa fue empleada por el gobierno nacional para dar nuevas funciones a los militares. Si bien ya se realizaban controles del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea y del Ejército, la utilización de radares militares para el control de pasos fronterizos fue avalada por la propia Presidenta en un discurso de julio de 2011 donde estableció que los militares debían colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Pero ni a ella ni a nadie sensato se le ocurrió declararle la guerra al narcotráfico.

Agencia especial

La propuesta de creación de una agencia especial de investigaciones contra las drogas es directamente peligrosa. “El director general de esta Agencia reportará directamente al Presidente de la Nación sin intervención de ningún ministerio. ​Intervendrá por orden de autoridad judicial o del Presidente de la Nación, pudiendo reemplazar, afectar personal o medios de cualquier fuerza de seguridad de la nación o de las provincias para el cumplimiento de sus fines. ​Con orden judicial o fiscal en casos de urgencia (la que luego  deberá ser ratificada judicialmente) podrán tomar posesión e incautar bienes o aprehender personas, mantener interrogatorio de identificación e indicativo y gozarán de todas las facultades legales conforme la legislación procesal penal”.Estos jueces y fiscales altamente capacitados gozaran de una ley desburocratizada que les permitirá allanar, incautar, secuestrar y detener en tiempo real.

El grado de discrecionalidad del que gozaría dicha Agencia es envidiable, pudiéndose comportar como una verdadera fuerza de ocupación en los “territorios dominados por los narco criminales“, como si dichos territorios pudieran estar controlados por los narcos sin una estrecha cooperación policial y judicial.

Pretende secar la plaza mediante el control de fronteras en un país que asombrosamente exporta cocaína pero no produce coca. Su Agencia apresará pasadores en Salvador Mazza, pero no encontrará a los narcos productores de la Ciudad de Buenos Aires. Y transformará a cada consumidor en un informante obligado.

Esta Agencia con capacidad “desburocratizada” de intervención podrá afectar personal de cualquier fuerza de seguridad (incluidas las Fuerzas Armadas) para el cumplimiento de sus fines, como si a un general le gustara recibir órdenes de un abogado sin autoridad constitucional. La DEA americana soñaría con tener una independencia de despliegue similar. El sigilo y la prudencia, elementos esenciales en las investigaciones de narcotráfico, quedan totalmente olvidados al igual que el entendimiento del narcotráfico como una problemática y no como una simple actividad comercial ilegal.

Cárceles privatizadas

Con el trabajo en las cárceles Massa planea privatizar el sistema penitenciario y copiar el modelo americano de maquilas penitenciarias. En un país donde la gestión privada no logra hacer andar los trenes, parece difícil que pueda “rehabilitar” presos.

“Trabajar será un deber para todo aquel preso que esté en condiciones de hacerlo.Todos los presos deberán estudiar para completar su formación básica obligatoria.​Aquellos presos que tengan problemas de adicciones deberán someterse a un tratamiento de rehabilitación o desintoxicación.Aquellos que estudien, trabajen o hagan el tratamiento de rehabilitación recomendado, recibirán una calificación positiva en concepto y pronóstico al igual que un sistema de scoring. Para ello y en un plan de construcción progresiva, la propuesta contempla la creación de 30.000 nuevas plazas en unidades penales que no superen los 500 internos.La reforma prevé además un nuevo régimen laboral especial donde el producido del trabajo del interno se destinará a reparar los perjuicios ocasionados a la víctima, al mantenimiento del establecimiento que los aloja y la formación de un fondo económico que se le entregará al condenado luego de su egreso, para facilitar su integración social”. Cómo evitar que las empresas deslocalicen producción y reduzcan personal no es algo que preocupa al candidato. Tampoco que el 50% de los 60 mil presos argentinos no tiene condena o que la cantidad de detenidos aumentó un 44% en los últimos diez años o que hay 7 mil presos en comisarías.

Sus vecinos de Nordelta, la capital nacional del narco, deben estar seriamente preocupados.