Nisman y Arroyo Salgado: de muertos y de vivos

Por Juan Carlos Martínez (*)

“La doctora no ha venido hoy, viene poco al juzgado, está muy ocupada con el caso Nisman”.

Esa fue la respuesta que recibimos del juzgado de San Isidro cuando preguntamos por la jueza Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Desde que Nisman fue encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero, Arroyo Salgado actúa como querellante en la causa en representación de dos hijas menores de su matrimonio con el fallecido fiscal.

Su cotidiana aparición en los medios de comunicación, tanto gráficos, radiales como televisivos confirman que buena parte de su tiempo lo está dedicando al caso Nisman.

Nada que reprocharle, salvo las dudas que a estas alturas despiertan sus planteos y que, según las evidencias, apuntan a obstaculizar las investigaciones que lleva adelante la fiscal Viviana Fein cuya recusación fue rechazada por la jueza Fabiana Palmaghini con severas críticas a la ex esposa de Nisman.

“He de recomendar a la querellante Sandra Arroyo Salgado que, en lo sucesivo, dirija sus esfuerzos al esclarecimiento del hecho, teniendo por objeto y fin último la verdad objetiva, y no un embotamiento innecesario e injustificado que sólo se va traduciendo en un freno a la prosecución de la investigación”, sentenció la jueza Palmaghini.

Es más que evidente que la postura de Arroyo Salgado está salpicada por cuestiones políticas y económicas. Las primeras tienen su raíz en la campaña desatada por sectores opuestos al gobierno que aún con el cadáver caliente de Nisman y sin más pruebas que su imaginación dieron por cierto que se trató de un crimen.

Pareciera que las cuestiones económicas tienen su propio peso. En esa dirección se encaminan algunas conjeturas que han tomado estado público.

La explicación es sencilla: si se prueba que Nisman se suicidó, sus herederos no tendrán derecho a un resarcimiento económico por parte de ninguna empresa aseguradora ni por parte del Estado.

En cambio, si se tratara de un crimen o de un magnicidio como dice Arroyo Salgado, el resarcimiento económico estaría asegurado. Algunas versiones hablan de un seguro varias veces millonario.

En una reciente entrevista periodística, el presidente de la Asociación Americana de Juristas, Beinusz Szmukler, sostuvo que "es evidente que Arroyo Salgado no tiene interés en saber qué es lo que realmente pasó con Nisman. Arroyo Salgado ha estado embarrando todo el tiempo la cancha y que hay que dilucidar cuál es el verdadero interés que oculta la magistrada. Desde adentro del Poder Judicial que habla de tres millones de dólares de seguro de vida de Nisman, que no se pagan si se comprueba que fue un suicidio. No tengo pruebas, sólo comentarios”, dijo Szmukler.

Al margen de todo lo que puede ser opinable, hay algo más que sí le debe reprochar a Arroyo Salgado: la contradicción que se observa en su dedicación para investigar las causas de la muerte del fiscal Nisman con la falta de interés por ahondar en el origen biológico de Marcela y Felipe Noble Herrera.

Esa causa permanece inmóvil en su despacho a pesar de un pedido del fiscal Rodolfo Fernando Domínguez hecho sobre la base de una presentación que el abogado Pablo Llonto hizo en noviembre de 2013.

La vida de Nisman no podrá recuperarse, pero es un deber del Estado llegar al fondo para encontrar la verdad sobre las causas de la muerte del ex fiscal.

Como es un deber del mismo Estado, en este caso representado por la jueza Arroyo Salgado, conocer el origen biológico de los dos niños apropiados por la viuda de Noble durante el terrorismo de Estado.

Una sociedad civilizada no puede vivir ignorando cómo mueren sus ciudadanos ni cómo viven aquellos a los que les robaron su historia.

(*) Publicado en Radio Kermés, de Santa Rosa.