Pobreza: el fin de la legitimidad de Macri y su gobierno

Por Sebastián Enricci

Las consecuencias inmediatas de los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 11 de agosto además de consagrar al binomio del Frente de Todos (Fernández-Fernández) como los candidatos más votados con el 47,78% de los votos, fue también la inesperada colocación de Alberto Fernández como el virtual Primer Mandatario Electo.

El Fondo Monetario Internacional, los mercados, al menos 20 gobernadores, los industriales, las Pymes, los científicos y los gremios, al igual que más del 60% del electorado nacional, ya no sólo rechazan las políticas del presidente, Mauricio Macri, sino que hasta su mera presencia es cuestionada y así se evidenció el domingo pasado, en la provincia de Salta, por parte de la comunidad de la Iglesia Católica.

Tras las elecciones mucho se habló de "vacío de poder" pero es erróneo ese planteo porque lo que realmente arrojaron las PASO fue una pérdida total de legitimidad para afrontar una más de las recurrentes crisis económicas argentinas. Estas siempre se manifiestan por una combinación de inflación conjugada con ausencia de crecimiento e incremento de la desocupación que da lugar a la crisis social que produce un grave aumento de la marginalidad y que sumado al fuerte endeudamiento externo tiene problemas de financiamiento.

En este sentido vale la pena recordar los índices finales de pobreza, según el Instituto Nacional De Estadística y Censo (INDEC), de los siete gobiernos constitucionales que se sucedieron desde 1983: Raúl Alfonsín 38,3%; Carlos Menem 26,7%; Fernando De La Rúa 35,4%; Eduardo Duhalde 51,7%; Néstor Kirchner 26,9%; Cristina F. de Kirchner 30% y Mauricio Macri 40% (por ahora) y se estima que superará el 45%.

Pero ¿qué determina que el gobierno de Macri haya perdido toda su legitimidad?. La respuesta está a la vista y es la constante inacción gubernamental durante toda su gestión en resolver los serios problemas que acrecentó en los sistemas de salud y educación pública, en el sistema previsional, la licuación del poder adquisitivo frente a la inflación, la parálisis industrial y la pérdida de 300 mil puestos de trabajo, sólo por citar algunos.  

La incapacidad se hace aun más notoria con la negativa presidencial en decretar el estado de Emergencia Alimentaria y de este modo reasignar recursos hacia las provincias para contener a 15 millones de argentinos que hoy sufren la miseria. Pero frente a la cerrazón del poder ejecutivo y la gran presión social se debió tratar con urgencia en el congreso nacional y aprobar en las cámaras de diputados y senadores, sin debate parlamentario previo, una ley que prorrogó la emergencia hasta el año 2022.  

Pero esta norma no es más que una herramienta para instrumentar un paliativo y que el Estado logre mitigar en algo el descalabro macro y micro económico de un gobierno que afectó tremendamente a la sociedad en su conjunto hasta en los aspectos más cotidianos.

Denota también la falta de legitimidad en el ejercicio del poder las medidas económicas tardías que resultan ser ineficientes para controlar la imparable fuga de capitales, la suba paulatina e incesante en el valor del dólar que impacta fuerte en los precios y la constante sangría de las reservas del Banco Central. Razón por la que el actual gobierno pierde todo tipo de sustento político, económico y financiero imprescindibles a 38 días de las Elecciones Generales del 27 de octubre.

Restan 82 días hasta el 10 de diciembre y sostener a Macri en el sillón de Rivadavia es una tarea demasiado titánica para un pueblo hambreado, sin trabajo y sumergido en una total incertidumbre.