Brasil: juristas advierten a América Latina sobre el peligro de "lawfare"

Por Santiago Gómez
Desde Florianópolis

Un grupo de abogados, fiscales, jueces y académicos del derecho de Brasil, escribió una carta a los juristas del mundo con el objetivo de alertar sobre las consecuencias que tendrá en la región la acción conjunta del capital financiero, los medios de comunicación, el Ministerio Público y el Poder Judicial, contra el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acción que la defensa del ex mandatario denomina como “lawfare”. "Lo que sucede actualmente en Brasil, se reflejará en la fragilización política e institucional de todas las jóvenes democracias latinoamericanas”, afirman en la carta.

Fue el Mayor General Charles Dunlap Jr., miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el primero en describir el término “lawfare” como la utilización de leyes y procedimientos jurídicos como armas de guerra. Para Valeska Teixeira y Cristiano Martins, abogados del ex Presidente Lula, el “lawfare” es el término utilizado en referencia al uso abusivo y frívolo del derecho, nacional o internacional, como forma de atacar objetivos militares, económicos y políticos, eliminando, deslegitimando o incapacitando un enemigo.

John Gledhill, profesor de la Universidad  de Manchester, a quien la defensa de Lula hizo referencia en su presentación ante el juez Sérgio Moro, afirmó que lo que se vivió en Brasil “es la forma como la aplicación selectiva de lo que podría ser llamado “lawfare” promueve un clima de desilusión popular en que un gobierno democráticamente electo puede ser removido del poder”.

Para la defensa del ex Presidente, la Operación Lava Jato es un claro ejemplo de lawfare, y para afirmar ello señalaron, en una nota difundida a los medios de comunicación, las tácticas de lawfare utilizadas en la misma:

- Manipulación del sistema legal, con apariencia de legalidad, con fines políticos;
- Utilización de procesos judiciales sin cualquier mérito;
- Abuso del derecho para damnificar y deslegitimar un adversario;
- Promoción de acciones judiciales para acabar con la credibilidad del oponente;
- Intento de influenciar a la opinión pública: utilización de la ley para obtener publicidad negativa;
- Judicialización de la polítca: la ley como instrumento para conectar medios y fines políticos;
- Promoción de la desilusión popular;
- Criticar a aquellos que usan el derecho internacional y los procesos judiciales para hacer reivindicaciones contra el Estado;
- Utilización del derecho como forma de constringir y punir al adversario;
- Bloqueo y represalias a los intentos de los actores políticos de hacer uso de procedimientos disponibles y normas legales para defender sus derechos;
- Acusación de las acciones de los enemigos como inmorales e ilegales, con el fin de frustrar objetivos contrarios.

Ante esta situación, distintos referentes nacionales e internacionales del derecho en Brasil, redactaron la “Carta a los Juristas del Mundo”, en la que alertan sobre la utilización de estas técnicas en el proceso que se está llevando a cabo contra el ex Presidente, y que tendrá el próximo 24 de enero una fecha clave. Ese día el Tribunal Regional Federal número 4, deberá decidir sobre la condena a 9 años de prisión que el juez Sérgio Moro dictó a Lula. Caso la Cámara confirme la sentencia, cuando el 15 de agosto de 2018 Lula inscriba su candidatura, la oposición buscará impugnarla, por tener una condena en segunda instancia, por lo que deberá decir el Supremo Tribunal Electoral si acepta la impugnación o no.

Los juristas brasileros piden la atención de los juristas del mundo porque “lo que sucede actualmente en Brasil, se reflejará en la fragilización política e institucional de todas las jóvenes democracias latinoamericanas” y solicitan adhesiones a la carta. Los mismos denuncian la utilización de las delaciones premiadas en alianza con los medios de comunicación, para seleccionar y filtrar a los medios las mismas, con el único objetivo de atacar a Lula. En la carta también se denuncia el hecho de que jueces, camaristas y miembros del Supremo Tribunal brindaran opiniones sobre un proceso que está bajo su propia jurisdicción, así como el prejuzgamiento de acusados y detenidos.

Entre los firmantes de la carta se encuentra  Leonardo Isaac Yarochewsky, destacado abogado penalista;  Rômulo de Andrade Moreira, Procurador de Justicia del Ministerio Público de Bahia y profesor de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Salvador; Gisele Cittadino, coordinadora del Programa de Maestría y Doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, quien participó en la elaboración del libro “Comentarios a una sentencia anunciada: el prcoceso Lula", en que se explica y analiza el procesamiento contra el ex presidente.

A continuación la carta completa y el mail para enviar las adhesiones:

Carta a los Juristas del Mundo

Nos dirigimos a la comunidad jurídica internacional – juristas, académicos, estudiosos y operadores del Derecho, jueces- para solicitar su atención a lo que sucede actualmente en Brasil, que se reflejará en la fragilización política e institucional de todas las jóvenes democracias latinoamericanas. El Estado de Derecho en nuestro país está siendo corroído después del golpe contra la Presidenta Dilma, iniciado a través de un Congreso mayoritariamente corrupto, comprometido con fuerzas económicas espurias. Sofocaron la fuerza normativa de la Constitución y en alianza con los medios oligopólicos naturalizaron la “excepción” con recurrentes violaciones a principios y normas constitucionales que caracterizan y sustentan una saludable vida democrática.

El desencadenamiento de un conjunto de procesos contra la corrupción sistémica en el país – justa acción del Ministerio Público que despertó la simpatía de toda la población y las personas de bien de todas las clases y partidos democráticos de la nación- es la consecuencia de “aparatear” las medidas anticorrupción para la instrumentalización política de sectores de la derecha y extrema derecha del Ministerio Público, que hoy se erigen purificadores de la moral pública nacional. Lo hacen especialmente para atacar la figura del Presidente Lula, buscando anular su participación en la próxima disputa presidencial. Ninguna persona está por encima de la ley y no nos oponemos a cualquier investigación o procesamiento de quien quiera que sea; sin embargo, con la complicidad de parte del Poder Judicial, el Sistema de Justicia, no solo en relación a Lula, pero especialmente a razón de él, han sofocado el derecho a la amplia defensa, tratándolo de forma diferente y discriminatoria y creando normas procesales de “excepción” contra él y varios investigados y procesados, típico “lawfare”, subordinado al proceso electoral.

Son los siguientes, los elementos de hecho y de derecho, que caracterizan este proceso de perversión y dilución de las funciones institucionales del garantismo democrático:

1. Instrumentalización política de las “delaciones premiadas”, con la complicidad mayoritaria de los medios, para direccionar y seleccionar la filtración de las informaciones;
2. Medidas coercitivas de carácter nítidamente político, innecesarias, que estremecen los dispositivos procesales del Estado de Derecho formal, con el visible objetivo de desmoralizar a los líderes políticos que ni siquiera fueron convocados a declarar, medida que ahora se encuentra provisoriamente suspendida por decisión monocrática de un ministro del Supremo Tribunal Federal;
3. Prisión preventiva de largo curso, coactivas, destinadas a buscar específicamente declaraciones contra el Presidente Lula, blanco preferido de los Procuradores de Curitiba;
4. Manifestación pública de jueces, camaristas y ministros del Supremo Tribunal Federal, participando del contencioso político y muchas veces adelantando opiniones y votos sobre procesos que están bajo su jurisdicción;
5. Humillación a través de los medios de reos, investigados y presos, “juzgando” a los mismos de forma anticipada, fuera del proceso, cortejando y promoviendo como héroes a los integrantes del MP y del Poder Judicial que sustentan sus prejuzgamientos.

Es necesario que esas informaciones sean claramente comprendidas por la comunidad jurídica internacional, a quien solicitamos apoyo para la lucha de los brasileros comprometidos con la ética pública, la seguridad jurídica, la preservación de la soberanía nacional y la reconstrucción de la democracia.

Las adhesiones deben ser enviadas, informando nombre, profesión e institución en la que se desempeña, a: gisele@puc-rio.br

Traducción: Santiago Gómez