Cronología de un Golpe

Por Nahuel Placanica I El viernes 15 de junio el Ministerio de Interior a cargo de Carlos Filizzola ordena el desalojo de la hacienda Morumbí, propiedad del senador del Partido Colorado, Blas Riquelme, en la localidad de Curuguaty. Cuando los agentes de las fuerzas de seguridad ingresan al predio, se producen enfrentamientos que concluyen con la muerte de once campesinos y seis policías.

El presidente Lugo, que se encontraba en el Ministerio de Agricultura encabezando una actividad, suspende su agenda y se reúne con sus colaboradores en Mburuvicha Róga para analizar la situación.

Más tarde, en rueda de prensa expresa su respaldo a las fuerzas de seguridad, adelanta su solidaridad para con los familiares de las víctimas policiales y campesinas e informa el envío de las fuerzas armadas a la zona, para que colaboren con los agentes policiales. Ese mismo día, Lugo acepta la renuncia del Ministro Filizzola y del Comandante de la Fuerza Policial, Paulino Rojas.

Hacia el final del día, Senadores y Diputados se reúnen en sesiones extraordinarias distintas para sentar posición acerca de los hechos. La Cámara de Diputados resuelve la creación de una Comisión Bicameral para investigar lo sucedido y la Cámara de Senadores dicta tres días de duelo en todo el país.

El sábado 16 de junio, se informan los nombramientos de Arnaldo Sanabria, como Comandante interino de la Policía Nacional, y del nuevo Ministro de Interior, Rubén Cándida Amarilla. Además, se acerca una comitiva fiscal al lugar de los hechos para inspeccionar el terreno.

Para el día 18 de junio se acumulan las críticas desde distintos sectores contra el gobierno de Fernando Lugo y se acrecienta la versión de un posible juicio político:  Los empresarios expresan su “preocupación” por cómo los hechos violentos ocurridos en Curugaty afectan el clima de negocios y las inversiones; La Unión de Gremios de la Producción responsabiliza directamente a Lugo y pide por su destitución, el Partido Colorado hace pública su intención de impulsar el Juicio Político contra al presidente; el Partido Liberal pide la renuncia del Ministro de Interior y el Comandante de Policía; y el vicepresidente Federico Franco, critica al comandante de la policía nacional Arnaldo Sanabria Morán, argumentando que no tiene condiciones para seguir en el cargo.

El 21 de Junio, la Junta de Gobierno del Partido Colorado inicia formalmente el proceso para pedir el juicio político en la Cámara de Diputados. En tan solo cinco horas, los legisladores aprueban la vía judicial contra el presidente Fernando Lugo, determinando que el Senado será el encargado de juzgar al presidente. En la misma sesión, designan a los fiscales y le dan al Jefe de Estado un día para preparar su defensa.  

Conocida la resolución de la Cámara, el presidente emite un mensaje a la Nación en el que asegura que no presentará la renuncia y que se someterá a juicio político en el Parlamento Nacional. Ante esta situación, la Liga de Nacional de Carperos llama a manifestarse en todo el país, mientras el Frente Guazú convoca a una manifestación pacífica. Por su parte, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesina considera que la decisión del Congreso busca la “interrupción del proceso democrático”.

En el plano regional, Evo Morales califica de Golpe de Estado al proceso iniciado contra Lugo; los cancilleres de la UNASUR se reúnen de urgencia en Río de Janeiro y viajan a Paraguay; y el Secretario General de la OEA expresa su preocupación de "que se resguarde, en todo momento, el diálogo, el entendimiento y la paz interna en este país".

El día 22 de junio, los cancilleres de UNASUR se acercan al Congreso y tratan de frenar el juicio político. Mientras tanto, miles de manifestantes acompañados por funcionarios del gobierno nacional, se congregan a las afueras del Congreso en rechazo a la maniobra que busca remover al Jefe de Estado.

Finalmente, en un proceso judicial “express”, es destituido el presidente constitucional Fernando Lugo. Más tarde, en conferencia de prensa, el primer mandatario se dirige a la Nación para comunicar que acepta la decisión del Senado. "Esta noche salgo por la puerta más grande de la Patria, por la puerta del corazón, del corazón de mis compatriotas" subrayaba.

Destituido Lugo, el repudio generalizado se hace escuchar. El presidente ecuatoriano Rafael Correa, en sintonía con el ALBA, niega el reconocimiento al recientemente asumido Federico Franco. Varios países, entre ellos Argentina, Colombia, Chile, Perú y México, retiran a sus embajadores. Incluso el dirigente opositor venezolano, Henrique Capriles, se expresa en contra del juicio político a Lugo.

Por su parte, la OEA critica el proceso judicial por “no respetar el debido proceso” pero evita sancionar a Paraguay. En su lugar, decide el envío de una misión con el fin de controlar los comicios del año próximo. Una posición más contundente adoptaron los bloque Mercosur y Unasur que decidieron la suspensión de Paraguay de los respectivos organismos.

Ante la ONU Franco criticó las posiciones adoptadas por los organismos regionales asegurando que "Paraguay se encuentra en una difícil situación internacional creada por sus vecinos integrantes del Mercosur y de la Unasur". En las reuniones entre representantes de la CELAC y la ONU, la organización regional rechazó la presencia de los funcionarios paraguayos.     

Reconocido por la Justicia Electoral paraguaya, Franco cierra un acuerdo con la transnacional estadounidense Dahava Petróleos para la monopólica exploración y explotación petrolífera en el Chaco paraguayo. Además, hizo declaraciones en las que deslizó la posibilidad de que su gobierno cese sus compromisos energéticos con Argentina y Brasil.

Por otro lado, los diputados José López Chávez (UNACE-Central) y Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa) respaldaron en el Congreso la posibilidad de instalar una base militar estadounidense en el Chaco paraguayo. López Chávez fue uno de los impulsores del golpe institucional contra Lugo y según trascendió en los medios, el legislador reconoció que horas después del golpe institucional contra Lugo,  habló en Asunción con generales estadounidenses del Comando Sur. Si bien esa posibilidad fue negada por Federico Franco, varios especialistas consideran posible la instalación de una base.