El pretexto del golpe: un simulacro de juicio político

Por Enrique de la Calle

Un presidente latinoamericano lleva adelante una serie de reformas que significan avances para los sectores populares. El hombre llegó al poder como un outsider de la política: para ello debió aliarse con un partido tradicional. Construyó fuerza propia, aunque muy insuficiente. Cuatro años después de haber obtenido el 41% de los votos, el Congreso resuelve con una mayoría abrumadora su destitución en… ¡17 horas! En una parodia de juicio, en el que entre otras cosas no se garantizó el derecho a la defensa, los acusadores afirmaron: “Todas las causales mencionadas son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas”. Los legisladores de las dos cámaras levantaron la mano y el mandatario debió abandonar su puesto.

Así sucedieron los hechos en Paraguay, hace sólo 5 meses. Fue el primer golpe exitoso contra un gobierno popular en Suramérica: en 2002 falló el intento en Venezuela; luego, Evo Morales en Bolivia (2007) y Rafael Correa (2010) en Ecuador resistieron embestidas de los sectores reaccionarios. En 2009, en Centroamérica, destituyeron en Honduras a Manuel Zelaya, que debió partir al exilio. En todos los casos (en el venezolano, en menor medida) los presidentes de la región actuaron rápido para intentar detener la intentona destituyente, con resultados variados. La consolidación de proyectos populares y democráticos es el gran desafío de la región.

Paraguay es un país atravesado por profundas desigualdades. Según el censo agropecuario de 2008, el 85% de la tierra está en manos del 2% de los propietarios. Se estima que 400 mil familias no tienen tierra. La soja es una actividad muy rentable pero aporta sólo el 1% a un sistema tributario muy regresivo (el 40% lo representa el IVA). En ese contexto, mandan los grandes terratenientes y las multinacionales ligadas a los agronegocios, como la norteamericana Monsanto. A ese cuadro, hay que agregar el protagonismo de la embajada de los Estados Unidos con relevancia en toda la historia del país. Desde comienzos del siglo XXI, los yankies tienen una base militar ubicada en el corazón de la región. Lugo intentó limitar el accionar de las tropas extranjeras, que seguramente volverán a operar ahora con mayor tranquilidad.     

Como ocurre en todos los países del Sur, los sectores más conservadores están aliados con poderosos medios de comunicación. En el caso paraguayo, ABC Color, por ejemplo, fue uno de los promotores del juicio político desde prácticamente la asunción de Lugo. En toda Suramérica la discusión sobre la democratización de los medios se vuelve una materia impostergable.

El juicio político

El 22 de junio, finalmente, los sectores opositores lograron su objetivo de forma exprés. El Congreso tardó sólo 17 horas para decidir primero en la Cámara de Diputados la legalidad del juicio político, y luego para resolver la acusación por mal desempeño contra Lugo. El partido Liberal abandonó la alianza con el luguismo y se alió con el tradicional Colorado. Así las cosas, de 80 diputados, 79 aprobaron el trámite y de 45 senadores, 39 condenaron al presidente. El vice, el liberal Federico Franco, asumió rápidamente el Ejecutivo. La celeridad del proceso también da cuenta de los problemas de Lugo para convertir en organización política propia la movilización social que lo acompañó desde que pegó el salto a la política.

Los cargos esgrimidos por los legisladores se basan en cinco hechos. El último y resonante, fue la “matanza de 17 policías y campesinos” ocurrida 17 de junio en Curuguaty, luego de un intento de toma de un predio que concluyó en un tiroteo con la policía. Según la causa, “el incidente (…) fue una emboscada contra las fuerzas de seguridad”, que contó con “la complicidad e inacción del Gobierno de Fernando Lugo”. Los campesinos tomaron terrenos que ahora pertenecen al latifundista Blas Riquelme, dueño de esas tierras gracias al desalojo de sus legítimos dueños. Los campesinos denunciaron que francotiradores vinculados al empresario sojero comenzaron el intercambio de disparos con los agentes armados. En la causa se le reprochó a Lugo “haber sometido las fuerzas de seguridad a los carperos, quienes han realizado todo tipo de abusos, agresiones y atracos”.  

En el expediente figura también un acto político desarrollado en 2009 y que tuvo como protagonistas a militantes simpatizantes de Lugo. ¿Cuál es el problema? Que el evento se llevó a cargo en un predio de las fuerzas armadas lo que iría – argumentan los acusadores - a contramano de la Constitución del 92.

El alegato final contra el ahora expresidente revista en el lenguaje propio de la derecha en todo el continente: “incapacidad (…) para disminuir la creciente inseguridad ciudadana”; “asalto (…) a las instituciones de la República”; “consolidar un anhelo de un régimen autoritario, sin libertades, con la aniquilación de la libertad de prensa y la imposición de un partido único que profesan los enemigos de la democracia”. Son palabras que no son ajenas para cualquier ciudadano latinoamericano, sea de Paraguay, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela… A diario, las utilizan políticos opositores, periodistas de los principales medios y los CEO de las grandes empresas. En el país vecino fueron eficaces para dar sustento a fuerzas destituyentes. El resto de la región tiene que estar más atento que nunca.