La derecha también colapsa en Ecuador

El 5 de febrero pasado se realizaron las elecciones provinciales y municipales en Ecuador. En general, todos los países tienen su particular forma de subdividir administrativamente sus territorios. Ecuador no es la excepción, veamos. El país se divide en 24 provincias: las provincias son uniones de cantones, y según la constitución del 2008, éstas se pueden agrupar para constituir Regiones Administrativas del Ecuador. Las provincias están gobernadas por Prefectos, que es lo que se eligió el domingo pasado.

El segundo nivel administrativo esta conformado por 221 cantones: los cantones son las subdivisiones provinciales, y su gobierno esta compuesto por los alcaldes. Por último, el tercer nivel de Estado está conformado por 1499 parroquias: son las divisiones administrativas de tercer nivel y esta conformada por el gobierno parroquial y su presidente, el poder legislativo es la Asamblea Parroquial. Las Parroquias pueden ser urbanas o rurales, en este caso son 1140 rurales y 359 urbanas

¿Qué se puso en juego en esta elección?

Se disputaron 23 prefecturas, 221 alcaldías, 868 concejales urbanos, 437 concejales rurales, 4084 vocales de juntas parroquiales para el período 2023/27. El triunfo fue para el Movimiento Revolución Ciudadana, del ex Presidente Rafael Correa con 9 Prefecturas y 61 alcaldías. El Movimiento Indigenista Pachakutik obtuvo 6 prefecturas y 5 alcaldías. El Partido Social Cristiano, de Jaime Nebot, logró 2 prefecturas y 35 alcaldías. La izquierda Democrática obtuvo 1 prefectura. El Movimiento Unidad Popular 1 prefectura, el Movimiento Democracia Si, el Partido SUMA, el Partido Sociedad Patriótica, el Partido Socialista Ecuatoriano y el Movimiento RETO, todos sumaron una prefectura cada uno.

Por su parte, al partido del presidente, CREO (Creando Oportunidades) no le podría haber ido peor. Perdió la única prefectura que ostentaba, no ganó ninguna nueva y perdió 2 de las 3 alcaldías capitales de provincia que ganó en las últimas regionales. En el 2019 obtuvo 32 alcaldías, para estas elecciones solo pudo retener 10, lo cual demuestra a la claras la profundidad de la derrota.

Consulta popular, otro fracaso

También se realizó una consulta popular sobre ciertos temas que involucraron 8 preguntas, esta consulta estuvo impulsada por el gobierno de Guillermo Lasso; en todas el gobierno recibió un NO como respuesta, lo cual profundiza la crisis de representación de un gobierno que todavía no ha llegado a los 2 años de mandato. Los temas de este referéndum iban desde la posibilidad de extraditar a los ecuatorianos que estuviesen relacionados con el “crimen transnacional, como el trafico de armas, trata de personas y trafico de migrantes”, hasta la reducción de los asambleístas nacionales. También se preguntó por la posibilidad de poner un piso de porcentaje mínimo a los afiliados de los movimientos políticos y que el Concejo de la Judicatura no pudiera elegir, evaluar, capacitar o sancionar a los fiscales, reemplazándolo por un Concejo Judicial.

Los triunfos más importantes los tuvo el correismo al ganar en las alcaldías de Quito y Guayaquil, capital de Guayas. En la Capital ecuatoriana el triunfo fue para Pabel Muñoz y en Guayaquil la victoria quedó en manos de Aquiles Álvarez. Estos triunfos en las dos ciudades más importantes del Ecuador son de una importancia significativa. Pueden servir de plataforma electoral a alguno de los alcaldes ganadores como posibles candidatos para las elecciones presidenciales, y en el caso de Guayaquil, es una victoria en un reducto siempre adverso al correismo y gobernada por el Partido Social Cristiano (PSC), de Jaime Nebot, alcalde entre el 2000 y el 2019, durante los últimos 30 años, ya que la ciudad es en donde se encuentra asentada la burguesía ecuatoriana.

Importantes triunfos en 2 provincias para el correismo son las de Guayas y Pichincha. La primera por estar gobernada por el PSC. En esta ocasión la ganadora fue Marcela Aguiñaga con el 34,4% de los votos, y en la segunda se dio la reelección de Paola Pabón con 27,98%. La reelecta prefecta estuvo detenida durante tres meses, acusada del delito de rebelión por la supuesta instigación a las movilizaciones del 2019 en contra del gobierno de Lenin Moreno. Durante los últimos años fue vinculada a algunos hechos de corrupción que no pudieron ser probados, pero que parecerían formar parte de la persecución a los dirigentes de Revolución Ciudadana encabezadas por la derecha ecuatoriana.

Violencia política y crisis

La nota trágica la puso el asesinato de Omar Menéndez, candidato del correismo a la alcaldía de Puerto López. Menéndez, de 46 años, empresario de esa localidad, fue ultimado a tiros en un departamento, junto a él también fue asesinado un militante de Revolución Ciudadana de 16 años. Pero el fallecido candidato no fue ni el primero ni el único que sufrió algún atentado. Julio Cesar Salinas Farachio, candidato a la intendencia de Salinas, también fue asesinado hace dos semanas cuando realizaba actividades de campaña. Richart Fermat, candidato a la acadia de Simón Bolívar, pero por el partido Unidad Popular, sufrió un atentado a principios de enero.

Esta victoria deja en muy buena posición al Movimiento del ex presidente Correa, quien a pesar de estar exiliado de su país, y que sobre el pesa una proscripción para volver a la vida política, todavía tiene una fuerte influencia en la política de su partido y del Ecuador en general. La gran diferencia entre esta elección y una elección presidencial es que en esta ocasión no hace falta tener la mayoría absoluta para ganar, todos los triunfos se dan en primera vuelta y con mayoría simple. Mientras que en las presidenciales se necesita más del 50% para ganar en el primer turno. Por lo tanto, el correismo tendrá que trabajar pensando en ese objetivo, ya que el clivaje correismo - anticorreismo sigue marcando el pulso de la política ecuatoriana, y es difícil que las otras fuerzas se unan con Rev. Ciudadana para ganar las elecciones del 2025.

Mientras tanto, el gobierno del banquero Guillermo Lasso está en uno de sus momentos más bajos (podría estar peor más adelante) cuando todavía no llegamos ni a la mitad de su mandato. La economía no repunta y los escándalos de su supuesta corrupción se acumulan. A todo esto se le suma la creciente ola de inseguridad ciudadana y el aumento de los asesinatos relacionados al narcotráfico. Al principio de su gobierno tuvo un 70% de imagen positiva y aprobación ciudadana, la vacunación de 9 millones de personas durante la crisis del COVID, ni bien asumió, le dio una popularidad que jamás volvió a tener. El primer frente de discordia lo tuvo al querer pasar una mega ley por el congreso. Tres proyectos en uno que involucraban la reactivación económica, el empleo y medidas de ajuste fiscal que le demanda el FMI. En minoría en la Asamblea, no pudo aprobarlos y acepto realizarles algunos cambios. Luego, los aumentos de precios en productos de la canasta alimentaria producto de la quita de subsidios a los combustibles de su antecesor, Lenin Moreno. Los precios de los combustibles subieron hasta casi quedar igualados con los precios internacionales, y si bien el presidente ordenó un congelamiento de los precios de los alimentos y de los combustibles, los aumentos afectaron el bolsillo de la gente de a pie en Ecuador.

El estar en minoría en la Asamblea significó una especie de parálisis que hizo que Lasso llegara a amenazar a los parlamentarios con el mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, que consiste en disolver a la asamblea y llamar a elecciones nuevamente, si es que no se consideraban los proyectos del oficialismo. No obstante, también advirtió que podría gobernar a través de decretos presidenciales para salir de la parálisis política de la Asamblea. Lasso gobierna en minoría, ya que solo cuenta con 12 legisladores propios, sobre un total de 137 curules, mientras que el PSC tiene 18, Pachakutik 27, la Izquierda democrática cuenta con 17 asientos y el correismo de Revolución Ciudadana tiene la primera minoría con 49 escanios.

Como dijimos, la inseguridad ha aumentado notablemente en las calles ecuatorianas, el presidente dispuso un Decreto de Estado de Emergencia y sacó a los militares a las calles, luego del asesinato de un niño de 11 mientras estaba en una heladería. El hecho disparó una ola de indignación que legitimó la decisión de Lasso de militarizar la seguridad ciudadana. El año 2022 fue el peor año en esta materia. Los registros oficiales dan cuenta de que es el país con el mayor incremento de violencia criminal en Latinoamérica. En el año 2021 la tasa de muertes cada 100 mil habitantes fue del 13,7%, pero en el 2022 esta aumento a 25 casos cada 100 mil. Por lo tanto, el aumento fue del 82,5%. Durante los primeros 10 días de enero se registraron 16 asesinatos, con lo cual la tendencia sigue incrementándose.

Para no perder el tren de desgracias de Lasso, la Fiscalía General de la República le inició una investigación por haber sido nombrado en la investigación de los Pandora Papers, en donde se dice que el mandatario habría abierto 14 sociedades off shore en Panamá y los EEUU. La Asamblea Nacional también le inició una investigación por estos escándalos. Lasso se negó a comparecer ante el los parlamentarios que llevaban adelante la investigación, que terminaron produciendo un informe que aprobó la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales. Estos parlamentarios terminaron siendo investigados por la fiscalía general de Estado por supuestas irregularidades en la producción del informe.

No obstante, el presidente de la Comisión de fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, aliado de Lasso, produjo su propio informe sobre los Pandora Papers, en el que concluyo que Lasso “no figuraba como accionista directo o indirecto, beneficiario social, director o dignatario de ninguna empresa localizada en un paraíso fiscal”. Según el informe, el presidente disolvió esas empresas antes de presentar su candidatura en el año 2020. Este informe fue enviado por Lasso al parlamento junto con una carta para los parlamentarios, luego de la negativa a comparecer ante el parlamento.

Los motines en las cárceles también han sido otros frente de discordia para la administración del presidente banquero. Entre febrero del 2021 y octubre de 2022 se han registrado al menos 8 enfrentamientos en cárceles, las que han dejado un saldo de casi 400 fallecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo atribuye al mal estado de las cárceles por falta de una política integral hacia el sistema penitenciario. Según cifras oficiales, el sistema carcelario del país esta excedido en un 11,3% de su capacidad. El gobierno atribuye las mismas causas del aumento de la violencia en las cárceles al de la inseguridad, el crecimiento del narcotráfico en el país. Pero este crecimiento no parece solo la consecuencia de la coyuntura regional, con la pandemia y la guerra como factores del crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Si bien estos escenarios son propicios para el aumento de los problemas económicos y de la marginalidad, algunos factores externos y mas buscados, parecieran ser determinantes en lo que hoy vive el Ecuador.

Ecuador está entre Colombia y Perú, los dos mayores países productores de cocaína el mundo, por lo tanto es una ruta vital en el comercio de este estupefaciente. En los últimos años se ha registrado la entrada de dos de los carteles mas grandes y violentos de México. Los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. María Fernanda Noboa, analista de seguridad ecuatoriana, remarca, que el proceso de paz en Colombia también ha empujado a la entrada en el país de grupos narco criminales. A estas razones se le agrega la baja de la inversión en áreas como la seguridad, aunque a finales del 2022 Lasso aseguro que invertiría 5 mil millones de dólares en seguridad y declarar al “narcotráfico y al crimen organizado como el primer enemigo del Estado ecuatoriano”. La política de seguridad en Ecuador, o la falta de esta, parece ser la puerta de entrada de los EEUU en esta materia en el país.

En diciembre del 2022 Lasso mantuvo una reunión bilateral con Biden en la Casa Blanca, y en la declaración final conjunta se menciona la profundización en la “cooperación en seguridad enfocada en ayudar a Ecuador a combatir la violencia de pandillas, apoyando los esfuerzos del gobierno para fortalecer el sistema de justicia, el sistema penitenciario y la seguridad marítima”.

Un experto en seguridad , Fernando Cerrión, dice que la explicación de esta situación se remonta a cinco años atrás, durante el gobierno de Lenin Moreno. Según Cerrión “se eliminó el Ministerio de Justicia que manejaba las cárceles y el Ministerio coordinador de la Seguridad, el Ministerio del Interior que trabajaba seguridad, el Consejo Nacional de Control de Sustancias, Estupefacientes y Sicotrópicas. Todo esto se reunió en un solo ministerio que se llamó Ministerio de la Gobernación y se redujeron sustancialmente los recursos presupuestarios”. Otra de las razones que ve el experto tiene que ver con el cambio en la operatoria del narcotráfico en Ecuador. A partir del 2017, los carteles internacionales comenzaron a pagarle a los narcos locales, no ya con dólares, sino con cocaína, con lo cual esto generó un mercado local de esta droga. Ecuador ya no solo es un país de paso sino que es un creciente mercado en disputa.

Con respecto a la situación carcelaria que ya mencionáramos, Cerrión también le atribuye responsabilidades a la política penitenciaria del gobierno: “La cárcel más grande y compleja del Ecuador, la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, tiene más de 10 mil personas privadas de libertad repartidas en doce pabellones. Cada pabellón está manejada por uno de estos grupos criminales”, y agrega: “El gran problema del Ecuador es que a los presos no se los clasifica en los recintos carcelarios por los delitos que han cometido, si no por la adscripción a cada uno de estos grupos criminales”. Se estima que hay en todas las cárceles del país unos 40 mil detenidos pertenecientes a más de una veintena de bandas criminales.

Desde abril del 2022, el gobierno de Lasso decretó cuatro Estados de excepción durante todo el año. El primero fue el 29 de abril en tres provincias de la costa ecuatoriana, Guayas, Manabí y Esmeraldas, a las que le sumo un toque de queda, y desplegó 4 mil policías y 5 mil efectivos militares. La razón, “contrarrestar la violencia generada por el narcotráfico”. El segundo fue a raíz del paro nacional que realizaron las organizaciones indígenas con la CONAIE a la cabeza. Se extendió a seis provincias, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Finalmente lo tuvo que derogar como precondición exigida por los movimientos para acceder a una mesa de negociación. El 19 de octubre llegó el tercer Estado de excepción, esta vez, fueron las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbios. Esta vez la razón fue el control de armas, ir contra el trafico de drogas y aumentar el numero de inspecciones y patrullajes. Tambien creo una Unidad de Protección Legal de la Fuerza Publica, la cual debía dar cobertura a los policías y militares que pudieses ser acusados y denunciados por sus actividades durante el Estado de excepción. El cuarto Estado de excepción llegó el 1 de noviembre en las provincias de Guayas y Esmeraldas después de 10 atentados con explosivos contra unidades de policía, estaciones de servicio y un hospital, con un saldo de 5 policías asesinados.

El gobierno de Lasso, viendo la debilidad a la que se encuentra expuesto, llamó a un “gran acuerdo nacional”, que obviamente la oposición rechazo. El correismo fue el primero en rechazar la convocatoria, y el mismo Rafael Correa expresó en sus redes sociales que el único acuerdo sería “un gran acuerdo para adelantar las elecciones. El Partido Social Cristiano también rechazó el llamado, a pesar de que fueron un apoyo para que Lasso fuese elegido presidente. Los conducidos por Nebot se convirtieron a la oposición casi desde el primer día, y ante la derrota oficialista también salieron a expresar su postura: “Lasso ha dado muestras permanentes de que en su palabra y en la de su gobierno no se puede creer”, a lo que agregaron: “No seremos parte de un Acuerdo Nacional convocado por este gobierno, porque lo que el Presidente de la República propone y hace siempre termina afectando los intereses del pueblo ecuatoriano”.