Lo que dejó la intentona golpista en Brasil: ¿el final de Bolsonaro?

Continúa la saga de hechos violentos en Brasil. Una semana después de haber asumido su tercera presidencia, Lula tuvo que soportar un primer intento de golpe de Estado, pero no clásico, a la vieja usanza, utilizando a militares o policías, sino teniendo que soportar la invasión de un contingente de desaforados que invadieron las sedes del Congreso, el palacio presidencial de Planalto y del Supremo Tribunal Federal.

Al igual que el 6 de enero del 2021, día en que las hordas trumpistas intentaron tomar el Capitolio, miles de seguidores del ex presidente Bolsonaro intentaron emular a los seguidores del ex presidente norteamericano. Corrieron la misma suerte también, luego de hacer destrozos fueron detenidos por la policía militar brasilera.

Fue clara la complicidad del gobierno del Brasilia, específicamente de su Ministro de Seguridad, Anderson Torres, quien fuera Ministro de Justicia de Bolsonaro, y de la policía local, a la cual se la pudo ver escoltando a los manifestantes hacia los edificios públicos. El presidente Lula da Silva decretó la Intervención Federal por 90 días y le ordenó a la Policía Militar la represión de la asonada civil. El ministro de seguridad fue destituido de su cargo y el Tribunal Supremo Federal suspendió de su cargo al gobernador de Brasilia, Ibanei Rocha Barros, por 90 días al menos. Los seguidores de Bolsonaro se encontraban hace mas de 70 días agolpados a la puerta de varios cuarteles militares tratando de convencer a las fuerzas armadas de impedir la asunción de Lula o directamente de dar un golpe de Estado.

Al momento de la invasión bolsonarista a los edificios públicos, Lula no se encontraba en la capital brasilera. El presidente brasilero había realizado un viaje a una pequeña ciudad de San Pablo. Esto, según se dice, se sabía con anticipación, se esperaba una acción como ésta, pero actuar antes contra los manifestantes derechistas podía ser un caldo de cultivo para una victimización y radicalización aún mayor. Ahora, luego de esta asonada desesperada de los seguidores de Bolsonaro, se le hace mas fácil la individualización y neutralización de quienes están desde el dia después de las elecciones, apostados frente a los cuarteles. Se habla de más de 1500 detenciones, y las investigaciones están apuntando a los organizadores y financistas de toda la movida. Y si bien esto puedo haber estado planeado para que sucediera, los protocolos de seguridad para desactivar el violento asalto no fueron puestos en marcha como se esperaba, ya que se sabia de la movilización con anterioridad debido a la vigilancia hecha en las redes.

Esto fue confirmado por un comunicado de la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal, la cual le atribuye la negligencia del caso a la Policía Militar del Distrito Federal, o sea, que como mínimo hubo zona liberada para el accionar de los violentos. Según la Secretaria, se confeccionó un Protocolo de Acciones Integradas que serviría como se daría la actuación de la fuerza ante el acto convocado por los seguidores de Bolsonaro. En este documento, expuesto por el sitio digital brasilero Metropoles, se ordenaba que la Policía Militar debía “no permitir el acceso de personas y vehículos a la Plaza de los Tres Poderes como se discutió en la reunión y Protocolo de Acciones”, “…estar en condiciones de emplear tropas especializadas en represión de disturbios en caso de alteración del orden”, “mantener refuerzo de personal en las adyacencias/perímetro interno de los edificios públicos en todo el largo de la Explanada dos Ministerios, Congreso Nacional y Plaza de los Tres Poderes, así mismo como en la Terminal de Autobuses de Brasilia. Nada de lo planificado sucedió y los manifestantes tuvieron vía libre para destruir todo a su paso, demostrando la complicidad de las autoridades locales.

Lo que dejó la intentona golpista

Al momento de los violentos actos del domingo, el Secretario de Seguridad se encontraba en los EEUU, en una sospechosa visita a Jair Bolsonaro, por lo tanto se encontraba un interino a cargo del ministerio. Este, Fernando de Souza Oliveira, tuvo una comunicación una hora antes de los disturbios, revelado por el mismo portal digital, con Ibaneis Rocha, quien quería interiorizarse sobre la marcha del evento. El interino lo tranquilizó manifestándole que no había ningún peligro que la marcha se saliera de control, esta llamada ocurrió a las 13:23 hora local y los disturbios ocurrieron poco tiempo después, a las 14:40. Esto tambien confirmaría la complicidad de las autoridades a cargo del operativo policial. El interino le asegura a Ibaneis que la manifestación esta “bajo control” y que es “…totalmente pacifica”. Agrega que “nuestra inteligencia esta monitoreando y no hay reporte de agresividad ligada a este tipo de comportamiento”, tambien le informa que se encuentran “alrededor de 150 colectivos en el DF mas todo el mundo de forma ordenada y pacifica”. Este audio daría la impresión que el gobernador de Brasilia no estaba al tanto de lo que sucedería pocos minutos después en la sede de las instituciones brasileras.

A nivel nacional, el Ministro de Defensa, José Mucio, fue duramente cuestionado por su inacción ante los campamentos apostados tanto frente al cuartel general del ejército como en otros cuarteles de seis estados más. El camino seguido por el Ministro fue el de no hacer nada frente a los manifestantes que le exigían a las fuerzas armadas una intervención para impedir la asunción o derrocar al nuevo gobierno de Lula. Las llamó “manifestaciones democráticas” y que la salida de estas debería ser “consensuada”, como forma de justificarse ante los medios y ante el propio presidente. En una reunión de gabinete realizada el 6 de enero, el presidente le reclamó a Mucio, a quien le dijo que el campamento había “cruzado la línea”. Pero fue Jorge Messias, el Abogado General de la Unión, quien le solicito al juez del TSF, Alexandre de Moraes, que tomara una medida contra los campamentos bolsonaristas, a lo que el magistrado accedió, en conjunto con la suspensión del gobernador Rocha.

Según el medio Metropoles, altos dirigentes del PT y algunos ministros, estarían presionando fuerte para que Mucio dimita o sea directamente echado por Lula, pero al parecer el presidente brasilero, a pesar de las críticas que mantiene por lo bajo contra el ministro, piensa mantenerlo en su cargo por ser un buen interlocutor del gobierno con las fuerzas armadas. También se escuchan voces criticas hacia Flavio Dino, Ministro de Justicia, ya que su cartera también es responsable de la ABIN, el servicio de inteligencia de Brasil. El mismo Dino twitteo desde su cuenta un día antes de los hechos: “Además de todas las fuerzas federales disponibles en Brasilia, y la acción constitucional del Gobierno del Distrito Federal, en los próximos días contaremos con la ayuda de la Fuerza Nacional. Ahora he firmado una Ordenanza que autoriza la acción ante las amenazas contra la democracia”.

Según Dino, la actual agencia de inteligencia está virtualmente parada, el gobierno todavía no pudo nombrar a los cargos directivos que quedaron vacantes tras la salida del anterior gobierno. Aún así, la Agencia dice que emitió un alerta el mismo domingo de los hechos, y que uno de los alertados fue el mismo Anderson Torres. Según la CNN Brasil, la ABIN emitió alertas diarias sobre la posibilidad de que las manifestaciones fuesen con “volumen y violencia”. Estas alertas tomaron como base un alerta emitida por la ANTT (Agencia Nacional de Transportes Terrestres) debido a que había un “volumen poco común de ómnibus siendo fletados para Brasilla”. Las alertas, fueron transmitidas tanto al gobierno federal como al gobierno de Brasilia. Por último, el mismo domingo, a las 13 horas, la ABIN emitió un comunicado a la Secretaria de Seguridad Publica, informando que los manifestantes que se encontraban a las puertas del Cuartel General del Ejercito habían partido hacia la explanada de los Tres Poderes con intenciones de cometer actos violentos en contra de los edificios públicos.

La red O Globo también da cuenta de qué la Policía Federal sabía con bastantes horas de anticipación sobre un posible ataque a la sede de los tres poderes en Brasilia. El Director General del organismo, Andrei Passos le envió un documento al Ministro de Justicia, en donde le advierte de los hechos que se iban a suscitar poco tiempo después: “Por las informaciones recolectadas hasta el momento, el grupo pretende promover acciones hostiles y daños contra los predios de los Ministerios, del Congreso Nacional, del Palacio del Planalto, del Supremo Tribunal Federal y ,posiblemente, de otros órganos como el Tribunal Superior Electoral”. Luego de recibir esta alerta, el Ministro de Justicia le envió una carta al gobernador Rocha, informando y alertándolo sobre la información recabada por la sección de inteligencia de la PF.

El apoyo de todo el arco político brasilero y del poder judicial, específicamente del Supremo Tribunal Federal no es algo que pase desapercibido, y es clave para cortar de raíz cualquier intento de derrumbar al gobierno de Lula y a la democracia brasilera. Lula convoco a los 27 gobernadores estaduales (aún los bolsonaristas), los cuales asistieron en su totalidad a una reunión con el presidente en su oficina, tambien asistieron los presidentes de la Cámara de Diputados y la de Senadores, mas la totalidad de los jueces del Supremo. A estos, se le sumaron los apoyos externos, los gobiernos de América Latina, como el de EEUU y la Unión Europea, que respaldaron al mandatario brasilero. Los apoyos locales fueron ratificados en un documento emitido por el presidente Lula, el presidente del Senado, Veneziano Vital do Régo, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y la Presidenta del STF, Rosa María Weber.

Para confirmar aun mas el apoyo de la cabeza del poder judicial brasilero el juez de Moraes tomó varias medidas mas, ordenó la detención tanto del ex Secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien se encontraba todavía en los EEUU, pero fue finalmente arrestado al llegar a Brasil, como del interino al momento de los hechos, Favio Vieira. Tambien dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias de Bolsonaro y emitió una orden de no permitir el corte de rutas o bloqueos en las carreteras del país. Bolsonaro, manifestó su intención de volver a Brasil y enfrentar las acusaciones en contra por las que las que la Fiscalía General le solicitó al Supremo que se lo investigue. En esta investigación la Fiscalía le solicita a STF si Bolsonaro incitó, como autor intelectual, a los ataque a los edificios públicos.

¿Bolsonaro preso?

El STF dispuso el allanamiento del domicilio del ex Secretario de Seguridad de Brasilia, el que permitió un importantísimo hallazgo que podría complicar aún mas la situación procesal de Torres. La Policía Federal hallo un documento en el cual se planteaba decretar un Estado de Defensa e intervenir el Tribunal Supremo Electoral para reemplazarlo por un Comisión de Regularidad Electoral controlada por militares, específicamente por el Ministerio de Defensa. El objetivo era anular las elecciones e intervenir el organismo encargado de la organización de las elecciones en Brasil. En el borrador de este decreto se preveía la suspensión “… del secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telemáticas y telefónicas” de todos los integrantes del Tribunal.

Otra de las medidas prevista era la intervención de todas las dependencias del TSE en el territorio brasilero con el fin de tener acceso a los “…documentos, peticiones y decisiones sobre el proceso electoral de 2022, así como el tratamiento de datos telemáticos específicos de registro, contabilización y recuento de votos recogidos por urnas electrónicas en todas las zonas y secciones disponibles en el territorio nacional y en el extranjero”.

Y en el caso de que este decreto fuese judicializado para evitar su aplicación tambien tenia prevista la prohibición de recurrir a los tribunales: “Cualquier decisión judicial dirigida a impedir o retrasar el trabajo de la Comisión de Regularidad Electoral tendrá sus efectos suspendidos hasta el final del plazo estipulado”. Con estas medidas se intentaba asegurar la anulación de las elecciones y la manipulación del sistema electoral. Lo que se desconoce es si esto estaba previsto en el caso de que Bolsonaro desconociese el resultado electoral previamente a la investidura de Lula o si era para un eventual éxito de esta intentona golpista del 8 de enero.

También realizaron una denuncia contra el ex presidente por un video subido, dos días después de los hechos, a sus redes en donde seguía cuestionando la validez de las elecciones presidenciales. Este video fue eliminado a las pocas horas de haber sido subido, pero según la Fiscalía, esto es otra “incitación pública a la practica del crimen”. El subprocurador general de la Republica, Carlos Federico Santos, alegó en su requerimiento al STF que, “No se niega la existencia de conexión probatoria entre los hechos contenidos en esta petición y el objetivo de la investigación, mas amplia en extensión. Por este motivo, se justifica la investigación global de los hechos practicados antes y después del 8 de enero de 2023 por el acusado”.

No solo Bolsonaro fue denunciado, están en la mira varios diputados pertenecientes a las filas del bolsonarismo, el subprocurador general, Carlos Federico dos Santos, le solicitó al STF que abriese otra investigación contra tres parlamentarios recientemente electos, Andre Fernández del Partido Liberal, Clarissa Tércio, Partido Progresistas y Silvia Waiapi, tambien del Partido Liberal. El Ministerio Público Fiscal los acusa de publicar en sus redes sociales que podrían ser calificadas como “incitación publica a la practica del delito y un intento de abolir el Estado Democrático de Derecho”. La diputada Tercio publico: “Acabamos de tomar el poder. Estamos dentro del Congreso. (…) Esto pasara a la historia”. En el caso de Waiapi, publicó en su cuenta de Instagram: “¡La gente toma la explanada de los este domingo! Toma del poder por el pueblo descontento con el gobierno rojo”. Mientras que Andre Fernández publico una foto de la puerta del despacho del juez de Moraes totalmente destruida.

Por ahora, las investigaciones siguen su curso, solo resta saber si el ex presidente regresará al país para someterse a las investigaciones sobre su participación en los hechos. En un sentido relativo, Lula ha salido fortalecido tras los apoyos recibidos de los sectores políticos y judicial, mientras que Bolsonaro es el claro perdedor. Si bien tiene una importante base de apoyo popular, que los sectores de la política partidaria de derecha, incluidos los gobernadores de su mismo partido, hayan repudiado los actos vandálicos y hayan apoyado a Lula y el sistema democrático, es un síntoma que puede marcar el comienzo de la desaparición de Bolsonaro como un actor político de peso en el sistema.