Fuertes críticas en Diputados a la reforma contra Gils Carbó

Por Redacción APU

El proyecto del macrismo enviado al Congreso para reformar el Ministerio Público e intentar dar un golpe a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, volvió a sufrir otro traspié en Diputados tras sufrir críticas por más de 20 especialistas. Entre los expositores se encontraban: magistrados, académicos y juristas que participaron en el plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda en Diputados.

El proyecto recibió cuestionamientos de variados espacios y organizaciones disimiles. Lo curioso es que entre los que criticaron la reforma también se encontraba uno de los “enemigos políticos” de Gils Carbó, el Fiscal General de la Cámara del Crimen y Vicepresidente la Asociación de Magistrados, Ricardo Sáenz. El fiscal cuestionó fuertemente la figura de los subprocuradores que el proyecto intenta crear y afirmó que la incorporación de esta nueva figura "atenta contra los principios jerárquicos y contra la unidad de criterio de actuación” en la política penal de la institución.

Por otro lado, la diputada nacional Myriam Bregman tuvo un momento de cruce con el fiscal, cuando le cuestionó que el proyecto “era un paquete de medidas para aumentar el control social y la criminalización de la protesta”. A lo que Sáenz respondió que la diputada no había comprendido que él había cuestionado fuertemente la figura de los subprocuradores propuesta por el oficialismo.

También se sumó a las críticas al proyecto de ley, la directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS (Centros de Estudios Legales y Sociales), Paula Litvachky, que afirmó que el proyecto de ley tiene “graves problemas institucionales” y que plantea un “debilitamiento de la figura de la Procuración”. La representante de la ONG coincidió con Sáenz en que el proyecto ponía en riesgo “la unidad de criterio” del Ministerio Público Fiscal.  Según la especialista, la ley sitúa a los sub procuradores por arriba de la Procuradora General al ponerlos directamente “en funciones de gobierno”. Litvachky concluyó que los subprocuradores son “cuerpos extraños” para la institución, que cumplirían dos funciones incompatibles “la de cogobernar y autocontorlarse.”

El procurador general de Salta, Pablo López Viñals, se manifestó de acuerdo a que la duración del mandato del Procurador “tenga un límite en el tiempo.” Pero afirmó que era un “error gravísimo” la derogación prevista en el proyecto de las unidades fiscales especializadas y las direcciones generales.

Por su parte el Prosecretario de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina), Marcelo Suntheim, dijo estar de acuerdo con la postura del CELS, a pesar de que los colectivos no había discutido previamente el proyecto con el organismo presidido por Horacio Verbitsky. Desde la CHA pidieron la protección legal de oficinas especializas en género y otras formas de violencia a sectores vulnerables; como la UFISEX (Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil), la DOVIC  (La Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas) y la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres). Al mismo tiempo cuestionaron la derogación y la eliminación de estas oficinas planteada en el paquete.

Por su parte, el reconocido jurista Julio Maier cuestionó los fundamentos del proyecto y se refirió al mismo como un paquete de naturaleza política, que tiene como objetivo coaccionar a Gils Carbó.  Aunque aclaró que su opinión no tenía ningún interés personal respecto a la Procuradora, ya que no la conoce personalmente.

Cuando le llegó al turno al Fiscal General Ricardo Álvarez, el magistrado señaló que la única posibilidad de establecer un proyecto de esta naturaleza era con una reforma constitucional.

La amistad de Piumato y Macri

Una de las pocas voces que se conoció a favor del proyecto vino por parte del Secretario de Cultura y Capacitación de la UEJN (Unión Empleados de la Judiciales de la Nación), Pablo Ignacio Serdan, quien reconoció abiertamente el conflicto del sindicato con Gils Carbó y lo vinculó indirectamente a la necesidad de la reforma en Ministerio Público.

Desde Sitraju (Sindicato de Trabajadores Judiciales) emitieron un comunicado denunciando que a pese ser el sindicato con “mayor cantidad de afiliados dentro del Ministerio Público Fiscal, el PRO no dejó a nuestros representantes participar como expositores, aún sabiendo que nos encontrábamos en la sala. En cambio el PRO invitó a que un representante de la UEJN manifieste su postura, alineada con el oficialismo y en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras.”