México: masacre institucional
La desaparición y el asesinato: dos factores de la nuda mortis
El gobierno federal –el principal responsable- estima en 27.659 los desaparecidos entre 2007 y diciembre de 2015 [1]. El Sistema Nacional de Seguridad Pública dio esta semana un número superior: 29.903 personas[2]. El número, por supuesto, es un dato suministrado por el gobierno federal, con lo cual se puede suponer que son más aún. El 5 de diciembre, el gobierno mexicano se presentó ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en Panamá, por estos hechos. Al igual que durante la dictadura que oprimió a la Argentina entre 1976 y 1983, el ejecutivo de este país se excusa diciendo que gran cantidad de los desaparecidos eran migrantes y que ya han aparecido, “pero los familiares no lo hacen del conocimiento de la autoridad” [3]; una similitud análoga al dicho de la Junta Militar argentina (1976-1983) afirmando que los desaparecidos estaban paseando por Europa. En este caso, estarían disfrutando del sueño americano, desentendiéndose de sus familias: algo típico de los brutos que no tienen en consideración a los suyos.
Los inmigrantes desaparecidos suman unas 10.000 personas; y si bien es tan desaparecido un inmigrante como un mexicano o un luchador social -independientemente de cual sea su origen- nada dice el gobierno federal sobre aquellos desaparecidos que parecen ser de una categoría diferente al mexicano: el desaparecido inmigrante. No tiene en cuenta la “administración” de Peña Nieto que un desaparecido es un desaparecido sin más, y que ello es lo suficientemente grave como para que el Estado intervenga. El quitado, el esfumado, el de destino incierto -sin duda guarda al interior del hecho de estar inhallable una cantidad de situaciones horrorosas y angustiantes que nada bueno auguran- es confinado al silencio sobre su situación, al intento de olvido por parte de una sociedad que cada vez se ve más al borde de la falta de institucionalidad.
Si bien el problema de la desaparición suele ser tratado como un tema de tipo policial, es la intención de este artículo enmarcarlo dentro de un problema político, ya que el quid de la cuestión, como se duele decir, o la verdad de la milanesa, como decimos en Argentina, remite a un problema institucional, a un problema en el cual el principal responsable, más allá del autor material de una desaparición, siempre y en todos los casos, es el Estado.
Los casos de desaparición forzada de los Estados Unidos Mexicanos, han tomado estado público mundial luego de que se conociese la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero esta calamidad viene ocurriendo desde mucho antes de que se llevasen a estos muchachos, y la cantidad de fosas comunes que se abren, la cantidad de restos que se vienen inhumando son siniestramente numerosos.
Si bien la desaparición de un/a ciudadana/o no es considerado un deceso, la experiencia dice que difícilmente aparezcan y que lo más probable es que su trágico destino sea, finalmente, la muerte. Pero cabe la distinción entre “desaparición” y “muerte”, distinción que solamente hacemos para dejarla establecida y no para explicar los alcances simbólicos y semánticos de cada caso.
Desde que México declaró la Guerra contra las drogas, se ha transformado en uno de los países con mayores muertes violentas del mundo, incluso al nivel de países en guerra formal[4]. Las horrorosas cifras las consignaremos más adelante, pero lo que cabe decir por ahora, es que entre los múltiples factores que han llevado a este estado de las cosas, se halla no solo la participación del Estado a través de algunas de sus instituciones -la policía y el ejército, más precisamente-, sino su ausencia. Es ese vacío el que brinda las condiciones necesarias para la aparición de sustitutores que en principio cimentan una relación con la comunidad que parece ir en favor de la perpetuación de la existencia, pero que finalmente oblitera cualquier posibilidad de trascendencia vital y social.
Acerca de las instituciones y su rol
Se entiende que en las democracias modernas, la democracia en sí misma es un sistema no solamente procedimental –es decir que no se encarga solamente de alcanzar el consenso entre las diversas facciones que conforman la sociedad-, sino que también contiene un carácter normativo[5]; lo que viene a significar que deberá establecer una manera de comportarse en sociedad. Esa sociedad establece reglas que bien puede contar con medidas punitivas si el caso lo requiriese. En ese sentido, quebrantar las normas explícitas deviene en una aplicación del poder de policía del Estado.
Al menos desde Hobbes hasta la fecha, se ha entendido como contractualismo a aquellos sistemas en los que determinado sector heterodoxo, plural e incluso ambiguo de la sociedad, decide, para mejor funcionamiento del conjunto, dejar determinados derechos en manos de unos pocos para que rijan sus destinos con cierta “seguridad”. Esta mirada Hobessiana, en la que el principal enemigo de la sociedad es el propio hombre en su contra (el hombre es el lobo del hombre), solo ha sido aspaventada como verdad absoluta cuando se quería oprimir a los pueblos.
Hoy podemos entender, desde un paradigma contractualista contrahegemónico, que lo que delega la masa social no es el poder real sino su posibilidad de ejecución; que siempre y en todos los casos el poder continúa en manos de aquellos que envisten con el aura de ese poder (que llamaremos poder en potencia –potentia-, según Dussel) a aquellos delegados elegidos en sociedades numerosas para ejercer lo que el mismo filósofo denomina potestas, que viene a ser el poder “prestado” para ser ejercido en un formato que debería mandar obedeciendo.
“Cuando el poder indiferenciado (potentia) decide organizarse institucionalmente, el ejercicio delegado del poder se determina en primer lugar como poder instituido que, con respecto a una posible Constitución, se pone a sí mismo como poder constituyente (que se concreta como Asamblea constituyente). La Constitución (que debe positivizar los derechos humanos) establece por su parte necesariamente un órgano que debe dictar las leyes. Así nace el Poder Legislativo que promulga y actualiza permanentemente el sistema del derecho constitucionalmente” (Dussel: 64).
De esta manera, se entiende que para que el poder del pueblo pueda funcionar en una sociedad numerosa y con roles determinados, debe contar con mediadores de la voluntad del propio pueblo, y esas mediaciones vienen a ser las instituciones. Las instituciones son las encargadas de llevar a cabo aquellas acciones que permitan el desarrollo de la vida, su reproducción y su proliferación (Dussel, siempre Dussel).
Contradicciones a la mexicana
Dicho lo anterior, veo en la sociedad mexicana una doble contradicción: la primera radica en que las instituciones ya no se presentan ante la sociedad como mediadores para la reproducción de la vida, sino que por el contrario, se encuentran conculcando las posibilidades de perpetuación de la especie en general, y de los mexicanos para pensar en el pago chico. La segunda, es que ante la carencia de representatividad y rol predeterminado de las instituciones, nace otra institución –ya que en lo inmediato sí cumple ese rol- que contradice en términos absolutos y a largo plazo el rol último de las instituciones.
Pero pasemos a explicar mejor y en detalle esa contradicción. Cuando un pueblo ve conculcado sus derechos más elementales: salud, trabajo, educación, la vida misma, termina, por pulsión de vida, generando escenarios por fuera del sistema para poder continuar existiendo. Y allí es donde aparece el poder del narco como institución.
Una vez que las necesidades básicas quedan insatisfechas, cualquier organización -legal o ilegal- que permita en primera instancia satisfacer la necesidad primigenia para prolongar la vida, para seguir existiendo, va a ser tomada como un propulsor de la propia vida. Cuando no hay para comer, y viene alguien que ofrece el dinero suficiente para parar la olla cuando la misma ha visto su fondo rascado hasta encontrar el rescoldo del fuego, difícilmente un padre o una madre que tiene que alimentar a su hijo se detenga a observar el grado de legalidad que tiene llevar un paquetito a tal o cual lugar.
Una vez transformado ese actor paralelo en quien provee de lo necesario para perpetuar la vida, la mujer o el hombre que ha sido abandonado por la sociedad de la cual creía formar parte, encuentra una nueva institución que lo contiene. Pero hete aquí, que allí comienza otra contradicción.
Ahora, partamos de la base d que entendemos al Mercado como una institución más, y convengamos que en un paradigma neoliberal, acaso el mercado sea una de las principales instituciones; incluso por sobre el resto de las instituciones que integran una Nación. Ese mismo sustitutor del Estado formal –Estado al fin, aunque ineficiente y desentendido- es quien en última instancia, en lugar de cuidar la vida, brindar las condiciones necesarias para reproducirse y crecer como sociedad, es quien, al ser parte de un Estado paralelo, se ve inmerso en una lucha de poderes por mantener y hegemonizar ese rol de supremacía, teniendo como contendientes no solo al estado “oficial” sino también a otro “Instituciones paralelas”, con lo cual esos hijos que fueron alimentados habiendo mediado un grupo que reemplazó a las instituciones perimidas, negligentes, que dan la espalda al pueblo, terminan engrosando los ejércitos de necesitados que han generado entre 2007 y 2012 (período de gobierno de Felipe Calderón, quien inició la política de “guerra contra las drogas”) 121 mil 163 personas asesinadas[6]. Si bien la cifra es horrorosa, ese triste record está en vías de ser demolido por los asesinatos ocurridos durante la actual presidencia: durante 2013 y 2014 fueron asesinadas 43 mil 073 personas. Y si bien el Inegi aún no brindó los datos del inconcluso 2016, solo en 2015 se contabilizaron 20.525 homicidios[7].
Con estos números, queda de manifiesto la contradicción que mora en esta sustitución de instituciones. Aquella creación de los humanos que debe ser mediadora para promover la pervivencia, la reproducción de la vida, es reemplazada por instituciones paraestatales que se convierten -por ausencia del Estado- en la única salida para millones de mexicanos y, a su vez, en su condena a muerte, en entidades necrófagas que hacen del culto a la violencia su vademecum de justicia y de la muerte un rito de subsistencia.
No está a nuestro alcance ofrecer soluciones urgentes, pero sí podemos ensayar algunas propuestas heterodoxas que redunden, finalmente, en un cambio ya no de régimen, lo cual no cambiaría nada demasiado, sino en un cambio de paradigma de la res política. Pero claro, eso lo dejaremos para una próxima entrada, ya que alargaría la presente en demasía. Solo podemos ir adelantando una pregunta –para que pensemos juntos-, y que tiene que ver con definir cuáles debería ser los objetivos de la acción política. Tal vez allí encontremos las respuestas para ir construyendo una nueva arquitectura de la delegación del poder y la constitución de nuevas instituciones.
1 - http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/11/1074404
2 - http://www.jornada.unam.mx/2016/12/04/politica/005n1pol
3 - http://www.jornada.unam.mx/2016/12/04/politica/005n1pol
4 - Según un estudio de 2014, México seguía se ubicaba en cantidad de asesinatos solo detrás de Irak y Siria. http://aristeguinoticias.com/2605/mexico/mexico-tercer-pais-con-mas-muertos-por-conflictos-armados-en-el-mundo-en-2014-estudio-britanico/
5 - Dussel, Enrique: 20 Tesis de política. Siglo XXI editores. 2006. Bs. As. Pág. 63.
7 - http://www.animalpolitico.com/2016/07/el-inegi-da-cifras-de-los-homicidios-en-mexico/
RELAMPAGOS. Ensayos crónicos en un instante de peligro. Selección y producción de textos: Negra Mala Testa Fotografías: M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs)
