Gabriela Troiano: “En la IFE las personas con discapacidad están invisibilizadas”

Por Melany Grunewald

Agencia Paco Urondo: ¿Cuál es la situación de las pensiones para personas con discapacidad en la actualidad?

Gabriela Troiano: En la actualidad las pensiones otorgadas a personas con discapacidad son las denominadas “pensiones no contributivas”, aunque algunos tienen también pensiones “vitalicias” (no hay mucha diferencia en el monto). En provincia de Buenos Aires, el valor de estas pensiones es de 850 pesos para mayores de 21 años y 1200 pesos para menores. En total hay 12.584 beneficiarios de la misma. En otras provincias, por ejemplo, Chubut tiene una pensión de 350 pesos, en Neuquén 307 pesos, en Chaco 2500 pesos, en Córdoba 3500. La provincia con pensión contributiva más alta es Santa Fe, de 5 mil pesos.
Después existe una pensión no contributiva Nacional, otorgada por el ANSES, con fondo de la Agencia Nacional de Discapacidad con aproximadamente 1 millón de persona beneficiarias. En total en Argentina, según el censo 2010, hay 5 millones de personas con discapacidad (en 2021 sabremos la cifra actual, estimamos que son 6 o 7 mil personas más), entonces el resultado es que no llega a ser el 20% de personas con discapacidad las que reciben esta pensión. El resto, en el contexto de la pandemia, no accedieron ni al IFE ni a la Tarjeta Alimentar. Por eso pedimos un proyecto de resolución, junto con el diputado Contigiani, que se dé alguno de estos dos últimos (ya que provienen de distintos fondos) y que se actualice el fondo de la pensión no contributiva, tanto en Nación como en Provincia.

APU: La IFE es para monotributistas y personas con trabajo informal, compatible con la AUH, Asignación por Embarazo y el programa Progresar. ¿Por qué cree que no contempla la compatibilidad para con personas con discapacidad?

G.T.: Desde el principio la IFE no contempló a las personas con discapacidad, como tampoco las contempló la Tarjeta Alimentar.  Es un colectivo que quedó al margen de esta situación porque se percibió que cobraba una pensión no contributiva. Lo que obviaron es el monto que cobran estas personas. Pero también obviaron la condición de discapacidad, que conlleva mayor cantidad de estudios, tratamientos, rehabilitaciones, medicamentos, ayuda o apoyos que no son tenidos en cuenta. Y tampoco funciona la Obra Social de las pensiones no contributivas. En el caso de la nacional, la Obra Social (fundamental para una persona con discapacidad) es el programa Incluir Salud, y este no está otorgando ni los medicamentos a las personas con discapacidad. En el marco de la pandemia se agravó mucho más por la inaccesibilidad del transporte público (más allá de lo económico), que implica otros métodos de traslado que son muy costosos. Tengamos en cuenta que una persona con discapacidad que trabaja, sigue cobrando su pensión porque universalmente le corresponde. Pero la realidad es que no son muchos los que trabajan, la Ley de Cupo es algo que tampoco se cumple.
Evidentemente, las personas con discapacidad y la discapacidad en general, están invisibilizadas. No está contemplada en forma transversal en todas las políticas públicas, y no hay tampoco un carácter de integración de las distintas situaciones. Si bien la pandemia es algo imprevisible, esto sumado al encierro representa dificultades mayores para las personas con discapacidad. Por ejemplo, en internaciones hace 15 días que se hizo un catálogo de buenas prácticas para con estas personas; que los médicos y enfermeros sepan que necesitan un asistente personal, entonces les tienen que permitir ir acompañados, dejar entrar a dicho asistente

APU: ¿Cuáles son las partes básicas del proyecto de resolución y qué sigue en el proceso de su tratamiento?

G.T.:El proyecto de resolución tiene básicamente tres puntos: el primero es que le den a toda persona con discapacidad la Tarjeta Alimentar y/o el IFE (mientras dure la pandemia); segundo, que se adjudique a toda persona con discapacidad que reciba pensiones nacional o provincial; y tercero, que se actualicen los montos de pensiones contributivas debido a la inflación ya existente en nuestro país (las nacionales llevan cinco años sin actualizarse; las provinciales diez años, por lo menos).
El proyecto entró el 8 de julio en cámara de Diputados, fue a la Comisión de Discapacidad y de Salud, pero todavía no fue tratado. Lo que hicimos fue hacerlo circular por organizaciones vinculadas a la discapacidad para que adhieran y apoyen el mismo, logrando que el lunes 20 de julio se reunieran la Agencia Nacional de Discapacidad y Desarrollo Social y que se tomaran una semana para evaluar la situación. Como no es un proyecto de Ley sino de resolución (que implica una sugerencia al Ejecutivo determinada acción), las autoridades no esperaron a que sea tratado, sino que ya están tratando de que sea llevado a la práctica. Contigiani también habló con el Presidente de Cámara, con Sergio Massa, quien dijo que se iba a ocupar. Estamos en el proceso de que se revea esa política pública.