Gustavo Zbuczynski sobre el caso de Chano Charpentier: "Es una escena en la que no se cumple ninguno de los protocolos"

Por Martín Massad y Juan Cruz Guido

Gustavo Zbuczynski, psicólogo y presiudente presidente de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA) dialogó con AGENCIA PACO URONDO RADIO sobre salud mental y el caso del músico Santiago "Chano" Charpentier, que aún se encuentra internado por un disparo de bala que recibió el domingo pasado en medio de un operativo familiar para internarlo. "La fuerza policial siempre tiene que actuar en función de lo que indica el personal de salud", destacó. Y en referencia a la utilidad de la Ley de Salud Mental, señaló: "Atiendo pacientes con problemas por consumo de drogas hace casi 20 años y nunca presencié un episodio como el de Chano".

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cuál es la situación sanitaria de la salud mental en Argentina?

Gustavo Zbuczynski: Los medios hablan de “la nueva Ley de Salud Mental”, sin embargo, es una ley que tiene 12 años, por lo que de nueva no tiene nada. Aclarado esto, la primera cuestión a pensar es que existe un gran debate en torno a la salud mental, en tanto siempre se aprovechan determinadas circunstancias en las que estos temas se exponen de manera trágica en la opinión pública a través de algún suceso violento y amarillista. A mi entender, entonces, el problema es que siempre estamos discutiendo los temas de fondo como lo es la Ley de salud mental en la urgencia del caso amarillo, con lo cual mal podemos discutir con la tranquilidad necesaria cuando estamos en plena crisis.

La segunda cuestión, que expresamos en un comunicado desde nuestra organización, ARDA, que se dedica hace más de 20 años al tema del consumo de drogas, es que también se está poniendo en juego una lucha corporativa y de intereses. Es decir, hay un bastardeo generalizado por parte de algunas corporaciones médicas, no me refiero aquí a la mala intención de los médicos, sino a la mala intención de los que manejan estas corporaciones, que tienen intereses creados para que la situación continúe en Argentina como hasta antes de la Ley de Salud Mental. Por ejemplo, un médico psiquiatra tenía el poder, con una sola firma y sin pedir explicaciones a nadie, de internar involuntariamente a cualquier persona. Evidentemente, se cercenaba la libertad de las personas, cometiendo hechos aberrantes y de excesos en este sentido. La Ley Nacional de Salud Mental pone orden en este tipo de cuestiones, ya que recorta el poder que tenían algunos integrantes de las corporaciones médicas y judiciales para “encarcelar” a cualquier persona por cualquier causa. El consumo de drogas era una de las primeras causas, que, en los años 90, tuvo un esplendor en internaciones de chicos que los detenían con un porro en la calle y se comían dos años en una comunidad terapéutica por la vía judicial.

APU: En el caso puntual de Chano Charpentier, ¿la Ley Nacional de Salud Mental contempla la internación sin su consentimiento?

G. Z.: La Ley Nacional de Salud Mental, al contrario de lo que se dice, prevé la internación involuntaria de un paciente en determinados casos. Son casos específicos en los cuales por lo menos por dos profesionales del equipo tratante (médico psiquiatra, psicólogo, trabajador social u otros) consideran que el paciente está en riesgo y deben verificar que sea un riesgo cierto e inminente. Esto significa que los profesionales deben evaluar que esta persona puede producir un daño en lo inmediato hacia sí misma o a un tercero. Ante esta evaluación y con la firma de dos profesionales del equipo de salud tratante, se efectúa la internación involuntaria e inmediatamente se le da aviso al juez dando fin al poder del equipo profesional; esto debido a que interviene la justicia para controlar que esa internación esté justificada dado el estado de salud mental del paciente. Allí comienzan los controles externos tanto al equipo tratante como también a la clínica donde se realiza la internación. A los pocos días, la opción es que se convierta en una internación voluntaria porque el paciente reconoce la necesidad de seguir sosteniendo un tratamiento en internación, o bien, tras de 10 días, tratamiento y medicación mediante, cambia la realidad del paciente y recupera la libertad para continuar con un tratamiento ambulatorio en un hospital de día.

APU: Se sabe que, tras un intento fallido de internación voluntaria, finalmente se decide proceder a una internación compulsiva de Charpentier por parte de su familia, lo que desencadena los hechos posteriores. Desde su lugar como profesional de la salud mental, ¿quién decide la internación involuntaria de un paciente?

G. Z.: No conozco los detalles del caso, sino que solamente lo seguí en términos judiciales. De todos modos, entiendo que se da lugar a la intervención policial por alguna razón, ya sea porque llegaron antes, porque el personal de salud no quiso intervenir o se corrió de la escena o porque no dio las indicaciones necesarias, etc. Entonces, termina por tomar el primer lugar el último de los recursos posibles que es la detención por la fuerza. A mi entender, como profesional, es una escena en la cual no se cumple ninguno de los protocolos, ya que la fuerza policial siempre tiene que actuar en función de lo que indica el personal de salud. Por otro lado, está expresamente indicado en los protocolos, al menos en los que conozco, que no se permite utilizar armas de fuego ante un problema de salud mental.

APU: ¿Cómo debe actuar un profesional de la salud mental para contener a una persona que se encuentra atravesando una crisis extrema?

G. Z.: En principio, el profesional de la salud mental tiene varios años de estudio en su haber, junto a varios años de experiencia en tratar a personas que atraviesan por situaciones extremas. Es la expertiz que uno va teniendo por el mismo trabajo y por el desarrollo de la carrera. Personalmente, atiendo pacientes con problemas por consumo de drogas hace casi 20 años y nunca presencié un episodio como el de Chano. Claramente, se trata de excepciones y de situaciones límites donde evidentemente hubo algo que falló en la contención de este paciente. Insisto, en el trabajo cotidiano en general no ocurren agresiones por parte de los pacientes hacia el equipo tratante. A mi parecer, Chano presentaba un cuadro de excitación psicomotriz y al poner un policía en la escena, lejos de calmarlo, se incrementa la cuestión persecutoria.

APU: ¿Considera que la familia actuó correctamente al decidir la internación compulsiva en coordinación con la obra social, evitando la intervención de la justicia?

G. Z.: Considero que está muy bien que se intente resolver dentro del ámbito sanitario, sin embargo, algo falló en este marco. Insisto, desconozco el caso en detalle, pero creo que nadie se hizo preguntas como, por ejemplo: ¿qué hace un hombre de más de 40 años conviviendo con la madre? o ¿por qué la madre tiene la llave de su casa? En el audio de Chano en comunicación con el 911 se escucha que pedía a gritos que le saquen a la madre de encima y esto no fue escuchado tampoco.  

Otros testimonios expresaban que lo que producía episodios violentos en Chano era la presencia de la madre. ¿Por qué debemos pensar que una madre va a colaborar positivamente en la solución de un conflicto? Solo por una cuestión de ideal de maternidad que tenemos en esta sociedad, pero evidentemente podríamos pensar que no sucedía esto en este caso. Entonces, alguien no escuchó un montón de situaciones que estaban sucediendo en la vida de Chano.

APU: ¿Cómo analiza el tratamiento de este tema en los medios de comunicación?

G. Z.: Creo que se habla mucho sin saber y, además, están muy atravesados por intereses corporativos. Cuando ocurren este tipo de situaciones que explotan en la opinión pública, las corporaciones se infiltran en el discurso para lograr intereses ajenos para esclarecer los casos. A ningún medio de comunicación que sale a bastardear la Ley de Nacional de Salud Mental le importa lo que le ocurre al sujeto que está con la crisis, sino que lo que le importa es retrotraer las políticas públicas de drogas y de salud mental a un Estado tutelar que funcione por conveniencia a sus intereses. Entonces tenemos algunos medios atravesados por la corporación, otros por buena voluntad y los demás con determinadas intenciones.

Recuerdo un caso en la zona de Recoleta, hace dos años aproximadamente, que terminó con un policía muerto. Ante este caso, muchos de los mismos periodistas que hoy bastardean a la Ley Nacional de Salud Mental sacaron notas en el mismo sentido del discurso corporativo. Claramente tienen determinados objetivos que no tienen que ver con la salud mental sino con intereses económicos.