Hospitales y hospitalizados: una deuda más de Larreta

Por Liliana Urruti 

Proyecto Etnográfico pretende vehiculizar tu sentir como persona con discapacidad o recordar al familiar fallecido por la pandemia. Queremos que otros sepan de vos. Quiénes somos, qué queremos, qué sentimos, hacia a dónde vamos. Tu historia cuenta. Contanos la tuya y enviala a: proyectoetnográfico@gmail.com.

Necesitamos una definición cultural de la discapacidad porque entendemos que es la única manera de que nuestros reclamos sobre derechos incumplidos sean escuchados. Estamos ensayando algunas definiciones culturales, todavía incipientes, de lo que significa perder a un ser amado en soledad, sin asistir a su entierro, sin la despedida final.

Entendemos que ambos senderos nos ayudarán a tomar conciencia que muchos sobrevivientes del Covid-19 quedarán con algún tipo de discapacidad.

En esta instancia, dos líneas, aparentemente paralelas, se cruzan. Yo te presto mi hombro. ¿Me prestás el tuyo?

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La historia de Patricia Bernárdez

En el día 11/1/22, Patricia Mónica Bernárdez, después de sufrir todo tipo de maltratos en el sector de dermatología del Hospital Ramos Mejía de la C.A.B.A. - Internada ahí desde Junio del 2021-, fue trasladada compulsivamente a una habitación sin ventanas. Literalmente fue encerrada, sin su medicación, tirada sobre en un colchón común, en mal estado, sin considerar las escaras que presentaba. Fue abandonada y expuesta a todo tipo de contagio, incluído el de covid-19. Dada su precaria situación de salud, su situación es desesperante.

El fisioterapeuta confirmó la deformación de su pie y la falta de musculatura, provocada por la falta de atención, a pesar de tener los medios y los profesionales. En 6 meses se tramitaban absurdos pedidos a la obra social y se hablaba de servicios en otras dependencias del estado, cuando en el hospital se contaba con todo lo que la paciente necesitaba para su recuperación. Patricia ya padecía una paresia, la tenía y había que atenderla, pero no solo no se hizo nada sino que además se demoró todo lo posible.

La escara fue el resultado de su internación, la perdida de musculación y los dos pies dañados, uno, por no adecuar la postura durante la innecesaria postración y el otro por chocarla contra un fierro, al subirla al ascensor, no solo no resolvieron lo evidente y urgente de su discapacidad, lo que seguramente le imposibilitara caminar, sino que fue sometida a todo tipo de mal trato.

Ahora, en Traumatología, no hay personal, no hay higiene, no tiene la atención médica adecuada, repito: no tiene colchón antiescaras, ni los enfermeros saben que medicación suministrarle, ni indicación sobre qué cuidados debe recibir.

La están tomando como paciente psiquiátrico, la están cosificando gravemente y dañando su ánimo y moral, debido al destrato y mal trato. Se hace evidente que lo denunciado anteriormente por violencia capacitista llegó a su mayor punto de maltrato médico y nula acción sobre su discapacidad y de no ser esto resuelto en lo inmediato, su posibilidad de quedar postrada es casi segura, dada la tremenda vulnerabilidad de Patricia.

Solicité la urgente intervención de varios organismos y “personalidades”, que en su discurso llevan la bandera de la defensa de estas personas en situación de vulnerabilidad. Las respuestas han sido nulas o peor, engañosas más de una vez.

La necesidad de una internación domiciliaria con todos los recursos médicos y de apoyo que requiera su rehabilitación motora, son urgentes.

Patricia tiene casa, lo que necesita son medicinas, curaciones y apoyos fisioterapéuticos adecuados y continuos, de acuerdo con lo que dicta la ley, pero que todos ignoran.

Al 13/1/2022, la situación sigue y se agrava. A la ya dicha falta de atención médica y mal trato, se le suma el acoso de los enfermeros del turno diurno.

La medicación está mal prescripta, esto fue advertido ya personal médico 19/01/22, dicen que ya vino mal de dermatología. Una vergüenza para la medicina y la humanidad, la de estos profesionales que dicen defender los derechos de las personas con discapacidad. Pura letra para que coman varios vivillos y la gente la siga pasando cada vez peor.

Al día de hoy, 24/01/22, todos los caminos recorridos en busca de protección legal frente a este daño irreparable en el ámbito de la C.A.B.A (Defensoría, Programa Proteger, Acudir, Copidis , Secretaria de la Mujer, Dirección de orientación al habitante, ANDIS - Agencia Nacional de discapacidad, y varios etcéteras) han sido en vano porque nadie hace nada.

Los hijos tampoco, que han incurrido en una clara situación de abandono de persona.

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Las razones de la urgencia están expresadas, con toda crudeza, popr el hermano de Patricia. El juzgado dirá que la alteración de la feria judicial comprende a aquellas causas “que entrañan para los litigantes un riesgo cierto e inminente de ver frustrados los derechos para cuya tutela se requiere protección jurisdiccional”.

De no habilitarse, no se estaría cumpliendo la garantía del debido proceso a partir del derecho constitucional y convencional (art 18 de la Constitución Nacional, art XVIII de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, art 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporados en el art 75 inc 22 de la Carta Magna).

A la fecha no hay respuesta por parte del Hospital Ramos Mejía, pese a las intimaciones cursadas el 23/12/2021 y 29/12/2021, por parte de la Defensora Pública de Menores e Incapaces.

Lo requerido por la damnificada es considerado por la justicia como un caso “urgente” que debe ser resuelto en un plazo de 24hs., pero sin novedades hasta el momento.

“Líbrese DEOX por secretaria al Gobierno de la Ciudad para que por su intermedio notifiquen al Hospital Ramos Mejía, Incluir Salud, CABA”, dice la sentencia. Solicita además la “intervención al Programa Proteger”.

El hospital, no solo está obligado a brindar los recursos médicos sanitarios necesarios, destinados a paliar sus diversas patologías; sino rendir detalladas cuentas de su acatamiento en un plazo de 72hs., bajo apercibimiento de aplicar una multa de $ 300.000.