Bullrich eligió al gremio lácteo como ariete de su discurso represivo y anti-laboral

El pasado jueves 22 de junio se conocieron dos noticias que pueden parecer desconectadas pero que no lo están. 

La primera es el lanzamiento del primer spot de la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich, por la coalición Juntos por el Cambio. Allí anunció a su compañero de fórmula Luis Petri. El anuncio se produjo en las inmediaciones de la fábrica láctea Mayol en Cañuelas. La fórmula se justificó como tal en tanto comparten “una misma idea del orden que la Argentina necesita”. La elección del lugar no era casual, sino que en palabras de la pre-candidata es “el lugar de una resistencia estoica […] contra las trabas, los bloqueos y una cultura retrógrada que queremos dejar atrás”. Por si no se entiende, la “resistencia estoica” se refiere a la negativa empresarial de negociar con los y las trabajadoras y sus organizaciones representativas por la mejora de sus condiciones salariales y laborales. La promesa electoral entonces se organiza en torno a un ideal de orden público para lo cual se requiere una fuerza inusitada.

Luis Petri me acompañará como precandidato a vicepresidente de la Nación. Con Luis, compartimos valores y la misma mirada de lo que la Argentina necesita: orden para progresar. Juntos vamos a liderar con coraje y convicción el cambio definitivo de nuestro país. #LaFuerzaDelCambio pic.twitter.com/Pp8HANVgKl

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 22, 2023

La segunda noticia se relaciona con el Movimiento Empresarial Anti-Bloqueos (MEAB). El miércoles 21 de junio, la Inspección General de Justicia (IGJ) desestimó el pedido del MEAB de su inscripción para funcionar y actuar al considerar que su objetivo “se contrapone con el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores”. Haciendo una rápida síntesis, el MEAB se constituyó como un espacio para nuclear a empresarios y abogados penalistas que denuncian las huelgas como bloqueos y organizan estrategias para dilatar, cuando no obstaculizar, conflictos sindicales. Una de sus principales referentas es Florencia Arietto, aliada a su vez de Patricia Bullrrich. Desde su conformación, el MEAB ha apuntalado la redefinición de la huelga como bloqueo, catalogando a las organizaciones sindicales de mafias e intentando por todos los medios convertir causas laborales en penales. Estas cuestiones apuntan a criminalizar la protesta social -incluyendo la huelga pese a su estatuto constitucional-, a la persecución de los dirigentes sindicales y al debilitamiento o eliminación de los sindicatos. Gremios como Camioneros, la UOCRA o ATILRA han estado en la mira del MEAB desde su constitución. 

En su cuenta de twitter, Arietto rechazó la decisión de la IGJ y sostuvo que “estos son los que engordan a la mafia sindical, que dicen defender a los trabajadores y lo único que hacen es fundir pymes y dejarlos sin trabajo. Se van.” Más allá de todas las apreciaciones que podamos hacer, me interesa ahondar en una falsa disyuntiva que se viene instalando desde hace varios años: la idea que hay que cerrar “convenios a la baja” para que las PyMES no se fundan. En el sector lácteo, algunas asociaciones entre ellas la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), vienen reclamando la flexibilidad de los convenios con las excusas de la presión impositiva o los altos costos laborales. Pero hasta ahora no hay pruebas fehacientes que la actividad láctea -pero tampoco otras- tengan problemas de rentabilidad. De hecho, según estimaciones de ATILRA el costo de mano de obra alcanza sólo el 6% del precio final promedio de cada producto lácteo. Con lo cual no necesariamente se trata de una estrategia de supervivencia económica, sino de una cuestión ideológica respecto de como debe organizarse la relación capital-trabajo y cuál es el rol del Estado al respecto.

Si para la campaña electoral de 2015, la derecha suavizaba su discurso proponiendo un cambio modernizador, hoy ya no disimulan sus objetivos: criminalizar y reprimir la protesta, prohibir el derecho a huelga, impulsar convenios a la baja y procesos de reforma laboral (por ley o de hecho) e impulsar una idea de orden en torno a profundizar privilegios, cercenar derechos y finalmente retroceder los 70 años de peronismo, que identifican como el principal mal de todos. Según vimos en estos dos casos, el sindicalismo lechero se encuentra en la primera línea de defensa de los derechos de los y las trabajadoras.