El Gobierno intensifica la presión para evitar el paro general de la CGT

Por Nicólas Adet Larcher

La movilización del 7 de marzo pasado puso en el ojo de la tormenta al triunvirato de la CGT. Las bases, presentes durante toda esa jornada, manifestaron su disgusto ante oradores que desde un atril se negaban a fijar una fecha para un paro general. El día terminó con corridas a dirigentes, un atril tachado, junto a reclamos arriba y abajo del escenario.

Dos días después, se conoció el dato de que el gobierno nacional había establecido un contacto con la CGT antes de la movilización. En Casa Rosada, circulaban versiones de que se iba a utilizar la movilización para un llamado de fuerza mayor y un posible anunció de fecha para un paro general, lo que encendió alarmas en la mesa chica presidencial y en Mauricio Macri en particular. Macri se comunicó para pedir que se baje el tono y no se anuncie ninguna fecha de paro. Para Clarín, el presidente ejerció “cierta presión entre los jefes de la CGT”.

Luego del repudio generalizado por parte de las bases, los dirigentes dieron vueltas por algunos medios para intentar poner paños fríos. El paro iba a llegar en algún momento. Según comentan algunos delegados, el anunció de la fecha sería este jueves 16 de marzo, otros ponen como fecha del paro el 6 de abril. Ante este escenario, desde el gobierno ya preparan otras formas de presión menos diplomáticas.

Ámbito Financiero publicó algunos de los puntos de la ofensiva judicial que el gobierno tiene pensado implementar contra la CGT. Iniciar esta acción implicaría enfriar o romper las relaciones entre el triunvirato y el gobierno. En principio, la idea no es evitar el paro general, sino tratar de ejercer una presión mayor sobre la CGT a través de distintas medidas.
Una de ellas reactivará una denuncia judicial que había presentado Gerónimo Venegas en septiembre pasado, luego de que se conformara el triunvirato integrado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña en agosto. Venegas impugnó la conducción de la CGT porqué afirmaba que el trío violaba el artículo 56 del estatuto que tiene previsto sólo un secretario general. En 2004, sin embargo, había dejado pasar ese detalle.

Otra medida, buscara una observación detallada de la ley 23.661 para poder implementar una carta restrictiva sobre el derecho a huelga. Según Ámbito, “como epicentro de la avanzada estará la Dirección de Asociaciones Sindicales, que encabeza el abogado Horacio Pitrau”. La última ficha estará echada sobre la ley de cupo femenino que no se respeta en gran medida dentro de las centrales sindicales. Un buen detalle, aunque con intenciones que no van hacia la importancia del cupo, sino que apuntan sus cañones hacia el desmantelamiento sindical en un contexto de crisis y alta conflictividad social.