"En el gobierno de los gerentes, Piumato quiere ser CEO de la Justicia"
Comunicado completo:
Con su insólita convocatoria a un paro en reclamo de la renuncia de Alejandra Gils Carbó, Piumato da un paso más allá. Ya no estamos en presencia de un simple vocero entre los trabajadores de los intereses de la corporación judicial. Su medida de fuerza constituye un grave salto cualitativo, hacia atrás. El objetivo de “desgastar desde dónde se pueda", como dijo Eduardo Buzzi en noviembre de 2008 respecto del gobierno de entonces, se traslada ahora al caso Gils Carbó.
Pero los trabajadores no somos tontos. El “éxito” de su medida será puramente mediático, y sólo sacarán provecho los jueces y fiscales más corporativos, y no los trabajadores.
Hace más de 25 años que Piumato es secretario general. Durante esos largos años, jamás les pidió la renuncia a Rodolfo Barra, ni a julio nazareno, ni a ninguno de los integrantes de la mayoría automática en la Corte. Por el contrario, negoció con ellos. ¿Por qué entonces agarrársela tan fuerte con la primera procuradora mujer, que obtuvo su cargo a través del Acuerdo dado por el Senado de la Nación, con 63 votos a favor y sólo 3 en contra? ¿Por qué apuntarle a la cabeza a la primera titular del MPF en abrir oficinas de acceso a la justicia en villas e incorporar a muchos de sus vecinos entre el personal? Se te nota, Piumato.
Por todo esto, nos resulta absolutamente inadmisible el llamado a este paro. No puede haber discrepancia que justifique este gesto corporativo y prepotente de reclamar que la sociedad democrática se quede sin Procuradora por el solo hecho de tener diferencias gremiales con ella. Piumato quiere usar a los trabajadores en función de sus motivaciones políticas, que no son otras que hacerle el trabajo sucio al presidente electo, quien aún antes de ganar las elecciones no disimuló sus intenciones de correr del medio a la Procuradora para que “facilite las cosas al nuevo gobierno”.
No hace falta ser abogado para saber la legalidad que protege a Gils Carbó en su cargo. Piumato conoce muy bien los límites que la Ley Orgánica del MPF le impone a la Procuradora, al tiempo que le fija cómo ha de ser la política criminal. Sabe sobradamente que el MPF es un poder autónomo, independiente, que no depende del Poder Judicial, ni los vaivenes del Legislativo, y mucho menos del Poder Ejecutivo. El cargo de Gils Carbó no le pertenece al presidente electo, ni a un gremialista, sino a la Constitución, y por su intermedio al pueblo.
Desde nuestra Agrupación Judicial La Nelly Ortiz queremos expresar bien alto y bien fuerte nuestro repudio a la medida jamás consultada con los trabajadores, y resuelta por los personeros de intereses ajenos a los judiciales. Este paro constituye un punto de inflexión que no podemos pasar por alto. Si un gremio de trabajadores judiciales mira para el costado ante semejante forzamiento institucional, qué puede depararle al resto de los argentinos, que deposita en los trabajadores del sistema de administración de Justicia la última garantía de legalidad en cada uno de los fallos que los magistrados hacen respecto de la vida, la libertad y los bienes de las personas.