Amnistía Internacional también pidió por la liberación de Milagro Sala

Por Amnistía Internacional

Desde el 13 de diciembre la organización Tupac Amaru y otros colectivos (concentrados en la Red de Organizaciones Sociales) están llevando a cabo una manifestación frente a la oficina del Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy para reclamarle al gobernador que les conceda una entrevista. El 14 de diciembre el Gobernador Gerardo Morales realizó una denuncia contra la dirigente social Milagro Sala por “instigación a cometer delitos y tumulto”. Luego, Milagro Sala fue detenida el 16 de enero.

Los delitos que se le imputan a la dirigente social están contemplados en los artículos 209 y 230 inciso dos del Código Penal. El 209 establece una pena de entre dos y seis años para quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”. El 230 determina un castigo de cuatro años de cárcel para aquellos que, de acuerdo con el inciso dos, “se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos”. Amnistía Internacional tuvo acceso al acta de arresto del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, donde surge que se la acusa a Milagro Sala de liderar la ocupación de lugares públicos, restringiendo la circulación de vehículos. De este modo, se la criminaliza a ella por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y a la protesta. Asimismo, se le imputa no haber respetado el plan de regularización de cooperativas, sin embargo Milagro Sala no es autoridad formal de ninguna cooperativa, ni de la organización Tupac Amaru, por lo que no se la puede responsabilizar por esta o cualquier otra supuesta violación cometidas por estas organizaciones.

El 17 de enero los abogados de la Tupac Amaru presentaron un recurso de hábeas corpus para que se libere a Milagro Sala de prisión preventiva, el cual fue rechazado. Desde su detención Milagro Sala está realizando una huelga de hambre seca. El Fiscal de Estado de la provincia, Mariano Miranda, afirmó públicamente que “[m]ientras se mantenga la comisión del delito, es decir el acampe, se mantendrá la detención”. Ante los medios, el Gobernador Morales consideró que la protesta es “desestabilizante”. El 17 de enero, el juez ordenó el desalojo del acampe de las organizaciones. En su decisión, el juez ordena “[q]ue se arbitren los medios necesarios para que cese el estado antijurídico existente a fin de garantizar el transporte público de pasajeros”.