Explosivos en COTO: "Toma otra dimensión cuando se tiene en cuenta que Argentina sufrió ya 2 atentados"

Carta abierta completa que difundió la Red Argentina para el Desarme: 

La Red Argentina para el Desarme (RAD) manifiesta su profunda preocupación y desazón por la falta de políticas activas del Gobierno Nacional en procura de poner en marcha el “Plan de Restricción de armas de fuego”, enunciado como el Objetivo Prioritario 75, mientras siguen muriendo en nuestro país, cada día, 9 personas por el uso de las armas de fuego. La ausencia de políticas en este sentido se vislumbra en la situación actual de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex RENAR). A un año y medio de la creación, este organismo sigue sin poner en marcha el Programa de Entrega Voluntaria de Armas, no lleva adelante ninguna acción tendiente a reducir la proliferación de armas, aún no dispone de un presupuesto, toma medidas que incluso afectan a las personas a las que se les otorgaron permisos para tener armas y, lo que es aún más grave, ha omitido cumplir con su deber elemental de control y de sanción en un caso que involucra a personas públicamente conocidas, con fines o motivos que deberá esclarecer la Justicia.

Según confiaron fuentes cercanas al organismo, en agosto de 2016 en una inspección rutinaria en un depósito del Supermercado COTO se encontró una gran cantidad de material PROHIBIDO (granadas de gas lacrimógeno, escudos antimotines, chalecos antibalas, una pistola transformada en ametralladora automática con silenciador y registrada a nombre del titular de esa compañía, entre otros). Ante la gravedad de este hallazgo los inspectores informaron a los directivos de la ANMaC, los que les ordenaron “dejar todo como está, ya que ellos se harían cargo”. Incumpliendo con su obligación de decomisar INMEDIATAMENTE todo el material e iniciar una investigación sobre el origen del mismo y las razones por las cuales estaba en el depósito de un supermercado, y proceder en el acto a suspender TODAS las licencias de tenencia y portación de armas de fuego y municiones a nombre de ALFREDO COTO y/o de su empresa. Este irregular proceder fue denunciado ante la Unidad Fiscal especializada en la Investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (UFIARM, ex UFI-Renar), que procedió a secuestrar todo el material e inició una investigación preliminar que culminó ésta semana con la presentación de una DENUNCIA PENAL en el Juzgado Federal Nº 2, Fiscalía Federal 10.

La situación es por demás grave en un contexto donde uno de los actuales directores de la ANMaC, mediante una nota hecha pública en algunos medios de comunicación, denunció la falta de controles e inspecciones a fábricas y depósitos de armas y explosivos debido a que los escasos recursos con que cuenta el organismo se malgastan en cuestiones totalmente superfluas (viajes, celulares).

Esta inacción y desidia, de por sí GRAVÍSIMA, toma otra dimensión cuando se tiene en cuenta que en nuestro país hemos sufrido ya 2 atentados con explosivos (Embajada de Israel y AMIA) y 2 explosiones de fábricas de armas y explosivos (Río Tercero y Fray Luis Beltrán).

Otro ejemplo del “desorden” de la ANMAC es la MUY IRREGULAR licitación por la que se otorgó a UNA SOLA empresa (Diest Consulting SA), según se publicó en el Boletín Oficial, la autorización para el expendio de los certificados psicofísicos, requisito indispensable para acceder a una licencia de tenencia y uso de armas de fuego.

Asimismo, como colectivo de organizaciones que trabajan desde hace años en pos de disminuir el circulante de armas en el país, VEMOS CON GRAN PREOCUPACION y NOS OPONEMOS ABIERTAMENTE a que se unifique nuevamente la emisión del certificado físico (avalado por un médico) con el psicológico (emitido por un psicólogo o psiquiatra), cuestión que se había logrado cambiar a partir del caso del “tirador de Belgrano”, quién había obtenido su permiso de tenencia de armas con un simple certificado psicofísico firmado por un traumatólogo. Entendemos que esto es un claro retroceso respecto de las garantías que debe generar el Estado cuando le otorga una licencia a un ciudadano para tener armas de fuego.  Merece también alertar a las autoridades nacionales y a la ciudadanía sobre el costo que bajo las nuevas disposiciones adquiere la emisión del certificado ($4.500), situación que generará que muchos de los usuarios de armas NO RENUEVEN sus licencias y pasen a la clandestinidad, aumentando la ya muy elevada cantidad de armas fuera del control del Estado.

Nos preguntamos cuáles son los motivos de este despropósito (¿Negocios o favores, quizás?), especialmente cuando, según trascendidos, algunos de los funcionarios del organismo pretenden ¿justificarse? expresando que fuimos las organizaciones e instituciones que trabajamos desde hace 15 años en la disminución del circulante de armas quienes lo hemos solicitado. Desmentimos terminantemente tal trascendido. Entre nuestros objetivos NO está hacer negocios ni, mucho menos, facilitar negociados para empresas y/o empresarios. SIEMPRE hemos afirmado que la mejor forma de garantizar transparencia para el otorgamiento de certificados era que se otorgaran desde el hospital público, de manera de universalizar el sistema y llevarlo a todos los rincones del país para, así, mejorar la posibilidad de obtener sus permisos a quienes quieren obtener sus licencias legales de tenencia de armas y garantizar la eficacia del control estatal.

Otra cuestión que genera alarma acerca del funcionamiento de la ANMAC es la injustificada demora en la implementación del Plan de Desarme sin ninguna explicación seria sobre los motivos de esta inacción (se llevan perdidos 16 meses de los 24 otorgados por la prórroga). A la demora se suma el extraño cambio que pretenden llevar adelante en el pago del incentivo económico, dejando de lado dicho pago mediante un cheque no endosable del Banco Nación, como se hizo hasta ahora, por el pago a través de una empresa privada. ¿Otro favor para amigos?

Ante estas graves irregularidades SOLICITAMOS EL INMEDIATO APARTAMIENTO DE TODOS LOS DIRECTORES DE LA ANMAC, el inicio de las investigaciones penales pertinentes y la elección de nuevas autoridades para el organismo en diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Organismo que tiene entre sus objetivos “el desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública”.