Fuerte medida de la interventora de la AFI

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tomó su primera decisión fuerte y firmó una resolución que limita la capacidad de los servicios de inteligencia para intervenir en causas judiciales criminales, salvo delitos complejos. De esta manera, achica la interaccion de los espías con los jueces federales. 

En los considerandos, Caamaño cuestionó la flexibilización del criterio que usaron los jueces y la propia AFI durante el macrismo para justificar la participación de espías en una pesquisa criminal.   

Semanas atrás, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, había anticipado que iría en esa dirección. En el Gobierno entienden que los magistrados federales muchas veces utilizan a los espías de manera "promiscua" para armar causas. 

La resolución también hace referencia a la derogación del decreto de 2016 que ocultaba gastos administrativos de la AFI y a la intervención del organismo de inteligencia en las escuchas.

El argumento es que la AFI tiene como función principal prevenir actividades de terrorismo y de delitos que alteren el orden constitucional mediante la recopilación de inteligencia nacional. 

La resolución de Caamaño será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial. En la letra fría dice: "establecer que los medios técnicos y humanos de esta Agencia Federal de Inteligencia se aboquen al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional e inteligencia criminal referida a delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y contra el orden constitucional. Disponer la reducción al mínimo de los casos posibles de su participación como auxiliar de la Justicia".

Así formulado, parece elemental que la AFI se dedique a lo que debe dedicarse y no a otras cosas. Pero la resolución da a entender que detrás de esa participación como auxiliar de la Justicia hubo muchísimas otras cosas.

Un ejemplo que demuestra las cosas que se hacían utilizando el papel de auxiliar de la Justicia fue la visita de dos directores de la AFI, el de Finanzas y el de Legales, al juez Luis Carzoglio, instándolo a que meta preso a Pablo Moyano, en una causa sobre las supuestas acciones de la barra brava de Independiente. Se utilizó el argumento de un expediente judicial para perseguir opositores.

En la misma línea, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, investigaba a desprendimientos de una banda de narcos. Con ese argumento ordenó escuchas telefónicas a los presos de Ezeiza y luego le dijo a la AFI que debía transcribir esas escuchas.