"No hay universidad pública de calidad sin salarios dignos y sin presupuesto adecuado"

Por Nuria Yabkowski

El conflicto universitario comparte varias características comunes con otros conflictos del sector educativo y del sector estatal. En todos los casos reclamamos por la enorme pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, al mismo tiempo que reclamos por un mayor presupuesto, nos pronunciamos contra el ajuste y por mejores condiciones de trabajo (esto se repite en la educación, en la salud y en distintas áreas estatales). En cada caso lo que defendemos es un derecho que está siendo vulnerado por las políticas de Cambiemos (ahora en consonancia con el FMI, lo que sólo permite avizorar un empeoramiento).

Pero así como hay elementos comunes con otras luchas, también es cierto que el conflicto universitario tiene algunas particularidades. Una de ellas es muy evidente y se refiere a la responsabilidad directa e ineludible del Estado Nacional. No hay posibilidad alguna de esconderse tras los gobernadores porque la paritaria universitaria docente y nodocente se negocia en el Ministerio de Educación de la Nación, a cargo de un funcionario ausente, como Finocchiaro, que decidió hacer su primera aparición luego de tres semanas sostenidas de paro continuado y cientos de miles de personas movilizadas a lo largo y ancho del país (dos ejemplos para ilustrar esto: en Córdoba marcharon más de 100.000 personas el miércoles 22, mientras que en San Miguel el jueves 23 de agosto marchamos más 3000, algo inédito para la historia de ese partido del conurbano bonaerense que supo tener a Aldo Rico de intendente). La aparición de Finocchiaro vino acompañada de una serie de declaraciones guionadas y una cantidad de datos falsos que permiten corroborar, por si acaso hiciera falta, que el gobierno de Cambiemos tiene un proyecto político que no concibe la noción de derechos, y mucho menos, a la universidad como uno de esos derechos. Por eso insiste Finocchiaro en decir que los verdaderos empleadores son las universidades y que el problema es que hay demasiados docentes y mala administración (a esto se agrega un nuevo capítulo que es el complot kirchnerotrotskista).

El problema al que se enfrenta esta respuesta guionada para los medios es que -y aquí hay otra particularidad- la universidad pública es una institución con muchísima legitimidad entre una buena parte de la población, una población que por cierto es más grande que hace diez años atrás, precisamente, gracias a los muchos “nadies” que accedieron a la universidad pública. Y justamente en este último dato subyace una diferencia en cantidad y calidad, porque no somos exactamente los mismos que defendíamos la universidad en los noventa. Somos más, pero además, somos otros. La universidad pública en la Argentina tiene una historia rica y extensa, que la hace particular en la región y en el mundo. La Reforma del 18, la gratuidad en el 49, el debate libre o laica, la creación de universidades en la década del 90, la defensa a fines de esa misma década ante la amenaza de cierre y arancelamiento, y más recientemente la creación de universidades y programas de becas, son algunos de los mojones de una historia que hoy tiene un nuevo capítulo.

Una oferta del 15% de aumento salarial en 3 cuotas (la última oferta: 5% en mayo, 5.8% en agosto y 4.2% en septiembre, sobre una paritaria vencida desde febrero) frente a una inflación que ya supera el 30% anual, lo que permite estimar una pérdida del poder adquisitivo a febrero de 2019 en 20%. Un recorte de 3000 millones de pesos, retrasos de hasta seis meses en los envíos de las partidas de gastos de funcionamiento, la parálisis total de las obras de infraestructura, recortes en ciencia y tecnología que afectan la ejecución de proyectos de investigación y formación que se llevan a cabo, sobre todo, en las universidades. Estos son, tal vez, los datos más sobresalientes de nuestro conflicto que empiezan a hacerse conocidos tras lograr romper el cerco mediático en la última semana.

Hacemos paro y nos movilizamos este jueves 30 en la Marcha Nacional Universitaria porque defendemos la universidad pública. Tenemos que hacer algo porque ante esta situación no soportamos la normalidad de hacer como si nada grave estuviera pasando. Queremos que estudiar y graduarse sea y siga siendo un derecho, que nuestros salarios sean dignos. No hay universidad pública de calidad sin salarios dignos y sin presupuesto adecuado, el momento para defender nuestros derechos es ahora y es en unidad.