Reforma laboral: camino a la flexibilización

Por Lucía Ferreri Ochoa

En una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, adelantó ayer que el gobierno introducirá en el Congreso el proyecto de reforma laboral para ser tratado previo a la apertura de sesiones ordinarias en marzo próximo.

La represión de los últimos días y la alta conflictividad social alimentada desde el gobierno hicieron temblar los planes del Ejecutivo, que planeaba aprobar el paquete completo de reformas antes de fin de año. En un mes tan complejo para el imaginario colectivo argentino como diciembre, la criminalización de quienes se manifestaron contra las políticas de ajuste provocó una unidad de la oposición –inesperada para el gobierno- que permite vislumbrar un futuro incierto dentro de ambas cámaras.

En ese contexto, el oficialismo logró aprobar las reformas fiscal y previsional y el presupuesto 2018 con un costo mucho más alto del esperado semanas atrás. En primer lugar, el macrismo debió postergar el tratamiento de la reforma laboral hasta el comienzo del próximo año legislativo, aprovechando el receso del órgano para reforzar el vínculo con sus aliados en ambas cámaras y reasegurar su control sobre los gobernadores. Por otro lado, si bien en términos cuantitativos Cambiemos se mantiene como primera fuerza tanto en Diputados como en el Senado, la oposición dejó en claro que no le pondrá fácil las sesiones. Una clara muestra de esto fue la gran cantidad de cuestiones de privilegio que tuvieron lugar en la última semana, recurso que se transformó en la principal herramienta de los legisladores opositores para retrasar el tratamiento de las reformas o incluir en la discusión temas externos al temario como la salvaje represión que se vivió en los últimos meses en la Plaza del Congreso y en la Patagonia. Por este motivo, el presidente de Diputados, Emilio Monzó, busca restringir el uso de este recurso, en la búsqueda de limitar la injerencia opositora sobre el desarrollo de la sesión.

En ese marco, el oficialismo deberá conseguir en ambas cámaras los votos necesarios para aprobar una reforma que representa una nueva flexibilización en las condiciones de trabajo. La medida, muy similar a la instaurada en Brasil, contempla nuevos tipos de contratación precaria, como el “trabajador autónomo económicamente dependiente”, mediante la cual se legalizarán las “locaciones de servicio”, pasando por alto la relación de dependencia contemplada por el derecho laboral. La norma también contempla la “pasantía laboral” y las “prácticas formativas”.

Por otra parte, el proyecto suprime parcialmente el “Principio de Irrenunciabilidad” que actualmente considera inválido todo acuerdo de partes que reduzca los derechos adquiridos del trabajador.

Asimismo, el macrismo busca flexibilizar las tercerizaciones, eliminando la responsabilidad de la empresa principal en “los trabajos o servicios que se contraten o subcontraten para realizar actividades complementarias de limpieza, seguridad, mantenimiento general de bienes inmuebles o muebles registrables, servicios médicos y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía y/o informática”.

En otro de los puntos más críticos del texto, se erradica el derecho del trabajador a reclamar cuando el empleador decida cambiar las condiciones del contrato en forma unilateral. De esta manera, en caso de modificarse la jornada, el horario, las tareas o el sueldo, el trabajador ahora sólo tendrá como opción considerarse despedido.

En otro orden, se reducen las indemnizaciones, suprimiendo del cálculo el aguinaldo, las horas extra, los premios y las bonificaciones.

En una decisión totalmente anticonstitucional, el oficialismo intenta eliminar las indemnizaciones por despido sin causa mediante la creación de un “Fondo de Cese Laboral”. De esta forma, se pasa por alto la “protección contra el despido arbitrario” que garantiza la Constitución Nacional, dando luz verde al autoritarismo en las empresas, que no tendrán restricciones a la hora de despedir personal. Si bien el texto asegura que el aporte a este fondo lo realizará el empleador, lo pagarán los trabajadores ya que se calcula como parte del costo laboral.