A 12 años del asesinato y la desaparición de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco presentan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Por Diego Moneta

El 8 de julio de 2009 Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, de 17 y 25 años, tomaron un remis, anunciando que regresarían una hora después. Ambos fueron asesinados por Daniel Santiago Veyga, oficial de la Policía Federal, quien se justificó alegando que los jóvenes habían disparado primero contra él. El hecho abrió una cadena de acciones estatales que demuestran todas las caras de la violencia institucional. Doce años después, el caso se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según comunicó, en diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Matías Busso, abogado de la familia Lezcano.

Durante los meses previos Kiki había sufrido en varias ocasiones el hostigamiento de efectivos policiales, incluso el día anterior a los hechos. Al día siguiente, su familia presentó una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 52ª. Fueron desaparecidos durante dos meses y recién el 14 de septiembre se les informó a las familias que se encontraban enterrados como NN en el Cementerio de Chacarita, donde también apareció Luciano Arruga.

Ese es el primero de los cinco puntos del planteo ante la CIDH: la muerte de pibes de barrios populares en manos de fuerzas de seguridad es sistemática en nuestro país y se busca que el Estado “restrinja, prohíba o desincentive el uso de arma de fuego fuera de servicio”, circunstancia en la que fueron asesinados los jóvenes y que “se refleja en la mayoría de los casos de violencia institucional y de género”, afirmó Busso. El segundo es el entramado que involucra al Poder Judicial y a la Policía Federal para “sostener la desaparición y enterrar a los pibes como NN”, complementó el abogado.

Días después del hecho el juez Facundo Cubas ya tenía la identificación de Kiki y Ezequiel y no informó a familiares. Además, justificó un vídeo en el que se tortura al primero mientras agonizaba ya que, según él, los oficiales pueden “filmar la escena” y eso era “normal”. Cubas, del Juzgado Nacional de Instrucción Nº 49, en una investigación a espaldas de la familia y a cargo de la misma fuerza federal, acordó el sobreseimiento de Veyga por entender que era un caso de legítima defensa.

Iniciaba un camino de injusticia plagado de irregularidades, entre las que se encuentran la desaparición de pruebas, el lavado del auto del acusado y la falta de declaraciones de testigos, pero por sobre todo de desidia para con las familias. A fines de 2011, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechaza la decisión y Cubas fue apartado, por lo que Juan María Ramos Padilla se hizo cargo. Sin embargo, dado el paso del tiempo y el principio de duda, volvió a confirmar la disposición inicial.

En el planteo ante la CIDH se agregan la necesidad de reentrenamiento, dada la formación de nueve meses bajo un paradigma bélico, y la de que haya una auditoría externa sobre las fuerzas de seguridad. “Veyga sigue siendo miembro y el padre de Ezequiel se lo encontró uniformado y armado”, expresó Busso. Para el letrado deben aplicarse sanciones para que en estos casos los efectivos, por lo menos, pasen a tareas pasivas.

Luego de mucho esfuerzo, y tras ocho años, lograron reabrir la causa y llegar a juicio oral y público, cargado también de provocaciones a lo largo de cuatro jornadas. Se buscó impedir concentraciones en la puerta del recinto, no se permitió el ingreso de la prensa a la sala y se valló el edificio. La fiscal Ana Helena Díaz Cano solicitó la pena de nueve años por exceso de legítima defensa pero la familia pidió enmarcarlo como homicidio agravado por abuso de su condición de policía y por asesinato en dos oportunidades, al cual se le fija la pena perpetua.

El acusado se negó a declarar, hubo testimonios contradictorios y el perito encargado de la autopsia ratificó que los disparos fueron una ejecución. A pesar de ello, el Tribunal Oral Criminal N° 16, conformado por Inés Cantisani, María Cristina Bertola y Gustavo González Ferrari, dictaminó la absolución de Veyga. Tras varias apelaciones, a fines de 2017 se presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, planteando la arbitrariedad del fallo y el precedente que sentaría. El 23 de diciembre de 2020, en el contexto de pandemia, fue rechazado “sin ningún tipo de fundamento” con el objetivo de que “no tenga repercusión pública”, aseguró Busso. Al Poder Judicial “siempre le molestó que echemos luz sobre lo que hicieron con la investigación”, agregó.

Todo el caso es una muestra del último punto de la presentación ante la CIDH: la falta de acceso a la justicia de las víctimas. No hubo una investigación independiente y se llevó a cabo a espaldas de la familia. Además, la causa se cerró prematuramente. “El juzgado de Cubas, las Cámaras y los Tribunales de alzada ni siquiera dieron participación en el proceso”, remarcó el abogado. “Es la tercer arista de la violencia institucional después del asesinato y la desaparición”, añadió.

En 2010 nació la Casita de Kiki en Villa 20, Lugano. Desde entonces, desarrollan distintas actividades, tales como educación popular, talleres recreativos, salud comunitaria, orientación universitaria y acompañamiento a familias víctimas de violencia institucional. Además, con motivo de cada aniversario, impulsan festivales culturales. A doce años del asesinato y desaparición de los jóvenes, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Angélica Urquiza, madre de Kiki.

Agencia Paco Urondo: ¿Cómo analiza el recorrido de estos doce años?

Angélica Urquiza: Es un recorrido con muchas inquietudes, altas, bajas, decepciones y esperanzas. Hubo un juicio en el que Veyga salió libre. Fueron años muy duros pero también transparentes en el crecimiento personal como madre, compañera y víctima de gatillo fácil. A través del dolor uno aprende a soportar y a seguir luchando. Desde el 8 de julio de 2009 yo soy la voz de Kiki. Ese día me morí y volví a nacer.

APU: ¿Cuál es su mirada sobre el proceso judicial en su conjunto?

AU: No encontré justicia, que es lo que verdaderamente tiene que hacer el Poder Judicial. Quienes buscamos a mi hijo y su asesino fuimos la familia y las organizaciones que acompañaron. El juicio estaba arreglado y me condenaron por “no cuidarlo” o porque “algo había pasado”. No había duda de que el policía volándole la cabeza había hecho su deber. Quienes vivimos en barrios humildes no tenemos justicia. Actuaron mal y nosotros siempre lo vamos a decir para que no se intente callar de la manera que hicieron con Kiki, Ezequiel y tantos pibes más.

APU: ¿Qué responsabilidades señala más allá del autor material?

AU: Hay gente que no hizo su deber. En el Hospital Piñero cuando ingresó Kiki no lo registraron; los medios no se hicieron cargo de lo que habían puesto; en el Registro Nacional de las Personas cuando aparecen asesinados tampoco hay registro; la morgue judicial no da aviso. El principal es el juez Cubas porque cuando le ingresa la causa la archiva sin avisar ni preocuparse por los familiares. El Estado en general es responsable, pero esto tiene nombres y apellidos. A él se suman la jueza y la fiscal, ya que después de pedir nueve años y que lo absuelvan nunca presentó queja.

Para colaborar con La casita de Kiki se puede contactar a la familia por Facebook.