23 años del crimen de Sebastián Bordón: “Transformamos el dolor en lucha contra la impunidad”

Por Diego Moneta / Fotos: Miriam Medina 

En octubre de 1997 Sebastián Bordón, de 18 años, se encontraba de viaje de egresados con sus compañeros y con dos docentes a cargo de la Escuela de Enseñanza Media N°13 de Moreno. Luego de sufrir un desequilibrio emocional, las responsables del grupo lo dejaron en manos de la policía provincial y fue alojado en el destacamento de El Nihuil.  

Allí pasó la noche, pero al manifestar que quería regresar le indicaron que su padre estaba por llegar. Posteriormente, según la Unidad Regional II de San Rafael, Sebastián escapó y desapareció tras golpear a Esteban Merelo, el cabo que lo vigilaba. Un móvil de la comisaría 38, en el que iban el oficial Daniel Gómez, el cabo Abelardo Cubillos y el agente Roberto Gualpa, salió a buscarlo, sin éxito, según comunicaron. En realidad lo habían localizado y lo golpearon de manera brutal. Luego con la complicidad del comisario Hugo Ramón Trentini lo ocultaron en una casa vacía. En ese momento comenzó un plan de encubrimiento en el que participaron la parapsicóloga Amanda Ledesma y otros falsos testigos que deslizaron distintas hipótesis sobre el paradero del joven.    

El 12 de octubre, diez días después, su cuerpo fue hallado en el Cañón del Atuel, en un lugar que ya había sido rastrillado, por vecinos de Sebastián que viajaron a ayudar. La autopsia determinó que había sido abandonado con vida, por lo que la inanición y falta de atención médica fueron los principales causantes de la muerte. El cuerpo había sido plantado y se encontraron rastros del joven en el patrullero que se había movilizado.   

Entre agosto y diciembre del 2000 se desarrolló el juicio en el que declararon 195 testigos. Gualpa y Cubillos fueron sentenciados a diez años por lesiones graves y abandono de persona seguido de muerte. Gómez igual, pero recibió doce años por tener más jerarquía. La pena de Trentini fue de quince años por homicidio simple, mientras que Merelo y la parapsicóloga fueron condenados por encubrimiento a dos años. La Gobernación de Mendoza, después de haber separado de su cargo a los oficiales y ordenar un sumario administrativo, homologó su defensa con los abogados de los acusados. 

Una de las consecuencias del caso fue la decisión del gobernador Arturo Lafalla de crear un Ministerio de Justicia y Seguridad, manejado por civiles. Otra fue la exoneración de las dos docentes que estaban a cargo del grupo y del director de la escuela por negligencia en la realización del viaje y en el cuidado de los estudiantes.  

Además, evidenció la continuidad de las prácticas policiales desde la época del terrorismo de Estado. Muestra de ello es la participación de Trentini, quien cuando estaba por obtener la libertad condicional fue imputado y detenido por seis desapariciones ocurridas en San Rafael durante la última dictadura. Era oficial en un destacamento que funcionaba como centro clandestino de detención y se encargaba de fraguar documentación que aseguraba que a los detenidos se les otorgaba la libertad. Finalmente, sería condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. En 2018 Trentini solicitó la prisión domiciliaria pero le fue denegada. Sin embargo, en diciembre del año pasado el Tribunal Oral Federal N°2 decidió otorgarle el beneficio, según denunciaron desde la agrupación HIJOS.  

En este marco, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Miriam Medina, madre del joven, en un nuevo aniversario de la fecha en que encontraron a Sebastián.  

Agencia Paco Urondo: ¿Cómo analiza el recorrido a lo largo de estos años a nivel personal y judicial? 

Miriam Medina: Ha sido una lucha para conseguir justicia. Al principio el fiscal decía que iba a defender a su gente, señalando a quienes después serían condenados. En el año 2000 conseguimos la condena de cinco policías y una civil. Costó porque fue en otra provincia, cuatro meses, casi 200 testigos, el juez se fijaba en la familia o los compañeros y se había instalado que la culpa la tenía la víctima y que mi hijo se había suicidado. A pesar de todo, las pericias sobre el cuerpo demostraron que había recibido una golpiza y que el abandono lo llevó a la muerte.  

Pudimos descabezar la cúpula policial y lo llevamos adelante con un equipo de abogados de derechos humanos. La condena a Tentrini por delitos de lesa humanidad demuestra que el culpable del asesinato de Sebastián fue un genocida, si bien está cumpliendo domiciliaria. Será tarea nuestra marcar que ese genocida está en el domicilio y no en la cárcel.     

APU: Después de cuatro años de macrismo, ¿cómo analiza la política de seguridad actual? 

MM: Nosotros veníamos de mejoras a partir de reformas de la policía y de la justicia durante los gobiernos de Néstor y Cristina, pero no alcanzaron. El macrismo agudizó las faltas y retrocedió en las conquistas con la Doctrina Chocobar. Cuando se da el cambio de gobierno las fuerzas de seguridad aprovecharon el poder que se les dio por la pandemia. Vemos que las situaciones se repiten y que el poder que tienen con su arma, su placa y su uniforme hace que se cometan ese tipo de delitos.  

Ahora nos encontramos con el juicio a Luis Chocobar y una campaña desde la misma fuerza diciendo “ningún policía menos”, cuando esa es una consigna a partir de los femicidios. Esos son los que van a protestar por un aumento de sueldo con el arma en la cintura y terminan provocando sedición y un intento de golpe de estado. 

APU: ¿Qué piensa que hace falta para avanzar hacia una seguridad democrática? 

MM: Hay una policía mal entrenada y mal educada. Hay que rever los estudios psicológicos porque son quienes terminan decidiendo entre la vida y la muerte de un pibe. Después de la jornada que el arma quede en el lugar de trabajo porque, por ejemplo, hay más de 200 casos de femicidas que han utilizado su arma reglamentaria. Estamos dispuestos a acompañar la reforma policial y judicial que se viene, y tenemos que participar en qué tipo de policía queremos. Está el proyecto contra la violencia institucional, que vamos a estudiar para que contemple a las víctimas de gatillo fácil asesinadas por fuerzas de seguridad. 

Si la violencia social mató a alguien es porque faltó que el Estado pudiera proveer los derechos que necesita una persona. Mientras tanto si la policía asesina, tortura o desaparece está cometiendo un delito. No hablamos de violencia policial, hablamos de fuerzas de seguridad que cometen crímenes. La violencia institucional está en agenda, lo ha planteado el Presidente y lo ha tomado la Secretaría de Derechos Humanos. En todos lados debe haber un lugar para poder denunciar, sea nación, provincia o municipio. Hay que defender a la vida y a los pibes, y ellos también se defienden con trabajo, cultura y estudios. Todo eso hay que trabajarlo durante la pandemia y posterior también porque es lo que ha votado el pueblo. 

APU: ¿Cómo conmemoraron la fecha en el contexto de la pandemia? 

MM: No sabíamos muy bien qué hacer. Hubo una propuesta de los compañeros de San Rafael para salir con carteles de “Trentini genocida” y acercarse hasta su domicilio. El 12 de octubre se hizo un pequeño acto en la puerta del destacamento, con los compañeros y compañeras de HIJOS y organizaciones sociales y políticas, que es a donde vamos todos los años porque es el último lugar donde se lo vio a Sebastián con vida. Esa es su fecha de cumpleaños y él hubiera cumplido 19 años.  

También se hicieron homenajes en La casita de Sebastián, donde hubo donaciones. Al día siguiente se entregaron alimentos y hubo una campaña de vacunación. Se hizo un conversatorio con Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, Rosa Bru (Madre de Miguel), Dolores Demonty (Madre de Ezequiel) y varias personas más. En esos homenajes hubo mucho cariño y ternura, que es lo que nos dejó Sebastián, de parte de familias con las que nos fuimos acompañando en estos 23 años. Las madres transformamos ese dolor en lucha contra la impunidad.