“Apelamos a la solidaridad de abogados e instituciones que aún crean en la justicia”

Por Daniel Kaminszczik

El protagonista de esta historia es un joven como tantos de la provincia de Buenos Aires. Un pibe que buscaba construirse un futuro en la escuela técnica donde cursaba el 5º año mientras trabajaba para a ayudar a su madre y a sus hermanos menores, a sobrellevar una situación económica muy difícil. 
Un día de 2015, confiando en quién creía su amigo, abordó un remis a fin de acompañarlo “a buscar una plata” e inmediatamente, el cansancio del día lo venció y se quedó dormido para sólo despertar una vez de regreso en el barrio.

 Un tiempo después, estando él ausente y sin exhibir orden judicial alguna, una comisión de la bonaerense irrumpió en su domicilio de manera violenta y golpearon salvajemente a su hermano menor, aterrorizando al resto de la familia, con el fin de averiguar su paradero. 

Lo buscaban por un homicidio presuntamente cometido por su “amigo” mientras él dormía en el asiento trasero del auto. Desesperada y atemorizada por el accionar policial y por la acusación que sabía imposible de ser cierta, su madre le buscó un alojamiento provisorio mientras procuraban averiguar qué era lo que estaba ocurriendo. 

Unos días después, su hermano –menor de edad- fue interceptado en el barrio por fuerzas federales, golpeado y picaneado mientras se lo interrogaba sobre su persona. Esto colmó el límite y en enero de 2015, el joven se presentó a la justicia que inmediatamente lo detuvo y lo encerró en un penal provincial acusado de ser partícipe del asesinato en cuestión.  Pese a su relato de los hechos, confirmados por el chofer del remis que abordó en aquella fatídica noche. 

Desde entonces y hasta la fecha, pese a la vigencia del Pacto de San José de Costa Rica, con rango constitucional en nuestro país desde la reforma de 1994 que versa que ninguna persona puede permanecer detenida por más de dos años sin que se dicte sentencia, continúa preso, ante la pasividad de la defensa oficial asignada –la familia no dispone de los medios para pagar abogados- y todo intento de difusión de su situación obtuvo como respuesta represalias hacia su persona por parte del personal penitenciario e incluso su madre fue interceptada en las calles del barrio, golpeada brutalmente e “invitada” a guardar silencio. 
Recientemente, en un intento desesperado por obtener justicia o al menos morigerar su situación, el joven hizo circular una carta en las redes sociales en la que solicita el auxilio de algún abogado o institución que quiera colaborar para resolver el caso pero se decidió no darla a difusión para evitar que, una vez más, esto se traduzca en represalias, físicas, psicológicas o legales, contra él y su núcleo familiar. 

Es por este motivo que no divulgaremos los detalles tanto de su identidad como de la causa radicada en la justicia provincial bonaerense en que se encuentra injustamente involucrado pero apelamos a la solidaridad de abogados e instituciones que aún crean en la justicia y que estén dispuestos a hacerse cargo de esta causa cuyo juicio oral ha sido determinado para fines de 2018 -fecha en la cual los padecimientos de esta familia habrán cumplido tres años y diez meses- y para tal fin, los convocamos a ponerse en contacto con nuestra redacción para ser informados de los pormenores del hecho.

Para comunicarte con la redacción de APU escribinos a agenciapacourondo@gmail.com