Chaco: ordenan mejoras para los detenidos

Por Brian Pellegrini
Desde Resistencia

En un trascendente fallo, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco ordenó trasladar a otro centro de detención a los internos que se encuentran alojados en la Comisaría General de Puerto Vilelas y prohibió que se alojen más hasta tanto concluyan las obras de remodelación de esa dependencia policial para lo cuál fijó un plazo de seis meses. Fue al hacer lugar a una acción de habeas corpus colectivo y correctivo impulsado por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura -el primero directamente ante el máximo tribunal- tras haber constatado, en una visita al lugar, las deplorables condiciones de detención que padecen los internos y que constituyen una franca violación de los estándares internacionales en lo referido al tratamiento de personas privadas de libertad.

La sentencia fue dictada el viernes 27 de mayo, y lleva las firmas de los ministros Iride Isabel Grillo -presidenta subrogante-, Rolando Toledo y Alberto Modi. El fallo ordena al gobierno del Chaco, entre otros requerimientos, una batería de medidas para mejorar las condiciones edilicias, de higiene, sanitarias, de alimentación y la recreación de los internos. Los ministros hicieron lugar a la medida luego de que el pasado 24 de mayo constataran las condiciones denunciadas por el Comité contra la Tortura del Chaco en una visita realizada por los jueces Grillo, Toledo y Emilia Valle a la Comisaría de Puerto Vilelas.

En el fallo, los jueces consideraron que la Comisaría General de Puerto Vilelas "no reúne las cualidades necesarias para que personas privadas de su libertad permanezcan allí alojadas, de conformidad a lo dispuesto por el art. 43 de la Constitución Nacional y el art. 19 de la Constitución de la Provincia del Chaco".

El fallo, punto por punto

En su parte resolutiva, la sentencia dispone "el inmediato traslado de los detenidos alojados en esa dependencia a otras que resulten adecuadas para su alojamiento". Además, ordena al Ejecutivo provincial que "en un plazo máximo de seis meses se ejecute el plan de refacciones de la Comisaría General de Puerto Vilelas, conforme lo establecido en el "Programa de Infraestructura del Servicio de Seguridad Pública 2016-2019" y prohíbe el alojamiento de personas "hasta tanto se realicen las reformas estructurales de mejoramiento de las condiciones de detención, construcción de sanitarios y provisión de agua potable dentro de las celdas".

El fallo del Superior Tribunal dispone, además, la "evaluación de sistemas de prevención de incendios y elaboración de un plan de contingencia en caso de siniestros, a cargo de la división de bomberos de la Policía del Chaco, debiendo proveerse, conforme resulte de la evaluación realizada, el equipamiento indispensable".

Asimismo, ordena al Ejecutivo que se garantice "la adecuada y suficiente provisión de alimentos y elementos de limpieza e higiene personal a los detenidos, una vez realizadas las refacciones ordenadas, bajo supervisión del Comité Provincial de Prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y/o degradantes".

Detenidos separados por categorías

La sentencia también ordena a la Jefatura de Policía del Chaco y al Servicio Penitenciario Provincial que "se cumplimente la separación de categorías de detenidos, conforme lo dispone el art. 8 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, según el cual los detenidos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos", es decir, que no se deben albergar procesados junto con condenados, y, además, conminó a que se adecuen "los horarios de visitas y recreación conforme lo dispone la normativa citada en los considerandos y los estándares en la materia".

El fallo exige además al Ministerio de Seguridad que "se establezca un sistema de acceso efectivo a la atención médica a las personas privadas de su libertad" y hace saber a la Procuración General, Procuración General Adjunta y Defensoría General, que "deberán gestionar un rápido y eficaz acceso a la justicia de las personas privadas de su libertad".

Por último, se dispone la conformación de una mesa de trabajo a fin de acordar las medidas adecuadas para subsanar los problemas verificados, integrada por el Ministerio Público Fiscal, Defensoría Pública, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud Pública, Subsecretaría de Derechos Humanos, Jefatura de Policía y Ministerio de Infraestructura.