“Denunciamos al Estado como principal responsable de los distintos hechos de violencia institucional”

Por Trabajadores de DINAI (Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal)

Sobre el motín acontecido en el CRC San Martín hace días compartimos a pedido de los trabajadores de la DINAI sus palabras:

Los trabajadores nucleados dentro del colectivo que desempeñamos tareas en la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal, queremos denunciar públicamente un nuevo hecho de violencia institucional dentro de nuestros dispositivos penales.

En esta ocasión, el hecho se sucede en la madrugada del 29 de mayo del corriente en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado “Gral. San Martín”. Mediante un episodio de violencia protagonizado por los jóvenes varones allí alojados por disposición judicial, que incluyó la participación de casi la totalidad de los cinco dormitorios donde se encuentran dispuestos por criterio institucional. El mismo tuvo como resultado la destrucción de gran parte de los espacios convivenciales incluyendo mobiliario, instalaciones y artefactos eléctricos, parte de la infraestructura edilicia, vestimenta; todo esto de uso cotidiano y colectivo por parte de los adolescentes.

 Asimismo, implicó los hechos de mayor gravedad que se observan en la fuga efectiva por parte de 7 (siete) de los adolescentes varones que formaban parte de la población total del Centro, un adolescente herido en el pie producto de una caída sobre un ladrillo de vidrio roto durante los desmanes y dos empleados de seguridad que debieron ser hospitalizados luego de sufrir contusiones y fracturas  tras la caída de uno de los tinglados en el afán de evitar la huida de los jóvenes, situación en la que uno de ellos también cae del tinglado. El día lunes las autoridades se hicieron presentes para reorganizar la institución ediliciamente pero no mantuvieron contacto alguno con los adolescentes allí alojados que se encontraban vigilados por la misma guardia que había estado a cargo en horas del motín y personal de guardia adicional. Los adolescentes, conmovidos y exaltados por los sucesos acontecidos tenían la clara necesidad de contar su versión de los hechos, lo que además, es un derecho para ellos y un deber fundamental de los funcionarios a cargo. Los trabajadores vieron mermadas sus posibilidades de acción e intervención y tampoco se realizó ningún tipo de consultas a los mismos, ni tuvieron espacio para llevar las inquietudes que se desprendían de las denuncias de violencia institucional y el pedido de resguardo físico por parte de los jóvenes  a las autoridades competentes. A esto se suma como agravante el hecho de que los jóvenes se encontraban lastimados y denunciaban abiertamente que ello era producto de las horas posteriores de los hechos ocurridos.

En septiembre de 2016, presentamos un documento donde denunciábamos las condiciones históricas y actuales del sistema penal juvenil en el marco del decreto presidencial Decreto Nº 873/16 que ordena el traspaso de la DINAI a la órbita del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes perteneciente al G.C.A.B.A. El mismo fue presentado en esa fecha a las distintas autoridades que se encuentran implicadas en llevar adelante dicho traspaso, como así también a los gremios de ATE CAPITAL Y UPCN a través de sus Junta Interna y Delegación SENNAF, respectivamente. En dicho relevamiento dimos cuenta de los problemas estructurales que descargan sus fallas sistemáticamente sobre las y los adolescentes y los trabajadores de dicha área. Las condiciones precarias se traslucen tanto a nivel edilicio como en las condiciones de trabajo en las cuales desarrollamos nuestra tarea y los pibes desarrollan su transcurso vital institucional. Hasta el día de la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta por parte de las autoridades interpeladas, salvo las reuniones y mesas de trabajo que han dispuestos con los gremios intervinientes con quienes negocian por arriba sólo las condiciones del traspaso a espaldas de los trabajadores.  Esta supuesta omisión llevada adelante por parte de los funcionarios públicos del actual gobierno, trata de una voluntad política que opera en el sentido de profundizar y extremar el estado actual y de arrastre de las ya precarizadas políticas públicas  dirigidas tanto al área proteccional como penal. Es importante clarificar que el organismo al cual se realiza la transferencia de las instituciones  que albergan a los adolescentes con medidas penales es el  que, hasta el momento, cumplía la función de veedor de las mismas, lo que genera importantes anomalías.

 En los últimos tres años hemos padecido en las instituciones en las que cumplimos labor graves sucesos: la muerte de dos de los adolescentes allí alojados, heridos de gravedad y el avance de prácticas violentas bajo la perspectiva política de impulsar el paradigma de seguridad en detrimento del eje de intervención socioeducativo desde el cual se intentó reformar y mejorar la calidad institucional ofrecida a los jóvenes alojados y dispuestos bajo intervención penal. Estos sucesos siniestros conllevaron al cierre de dos de los cuatro centros de régimen cerrado y la determinación arbitraria por parte de las autoridades de efectivizar el traslado de algunos de los jóvenes mayores de edad que cumplían condena bajo nuestra órbita, hacia el sistema penal de mayores. Desde el año pasado, se vieron en la obligación de reabrir el CSRC “Dr. Luis Agote” a fin de dar respuesta a la creciente población producto del desuso del CSRC “Manuel Rocca” que aún se encuentra cerrado atravesado por la investigación judicial y su destrucción total luego del motín allí llevado a cabo en abril del año pasado. El CSRC “Dr. Luis Agote” no se encuentra en condiciones edilicias dignas, y ya hemos denunciado también la caída de mampostería sobre el personal que allí trabaja como así también otras irregularidades de infraestructura que hacen que las condiciones de alojamiento no sean dignas.

Del conjunto de problemas mencionados puede observarse que la población actual del CSRC “Gral. San Martín” se ha visto modificada tanto en la cantidad promedio de su población alojada como así también en el tiempo de permanencia de las y los adolescentes que recibimos. En este nuevo contexto institucional cabe mencionar que se han producido modificaciones recientes como la división de los Equipos de Intervención Técnica en dos nuevos Equipos: Operadores Convivenciales y Técnicos Profesionales. Esta nueva organización del trabajo de intervención directa con nuestros adolescentes, nos debilita frente al empoderamiento del área de seguridad. A diferencia del área técnica de seguimiento institucional -que viene perdiendo personal por renuncias o licencias producto de las condiciones precarias de trabajo- el área de seguridad se ha visto fortalecida con el ingreso de más personal y la ocupación de cargos jerárquicos dispuestos por las nuevas autoridades del G.C.A.B.A. además de encontrarse ya garantizadas sus condiciones laborales en el marco del traspaso mencionado, mientras que el resto del personal del área penal aún convive con la incertidumbre cotidiana de no tener propuesta concreta por parte de los funcionarios a cargo. En este sentido, la información por vías no formales dice que la nueva Planta orgánica funcional del personal técnico y administrativo que consideran sería solamente de 250 cupos, cuando la planta actual, que resulta completamente insuficiente, supera  ese número.

   Asimismo cabe mencionar que en los últimos años la calidad educativa con la que solventamos la intervención en nuestras instituciones se ha visto seriamente recortada con la pérdida de talleres y actividades que no han sido reestablecidas a la fecha. Si bien se proyectan el inicio de nuevas actividades en convenio con programas de extensión pertenecientes a la Facultad de Filosofía y letras de la UBA, las mismas tendrían una duración semestral sin garantías de continuidad a largo plazo. Por último y no menos importante, desde que el G.C.A.B.A. asume la provisión y administración económica de los recursos necesarios para garantizar las condiciones dignas de alojamiento de nuestros adolescentes también se ha visto denigrada en la calidad y cantidad necesarias.

Sorprende por tanto que ante este nuevo hecho de violencia institucional, que dejó como parte del saldo la inhabilitación de los dormitorios de convivencia, rápidamente se hayan operativizado los recursos humanos y materiales que permitieron a la fecha recomponer la infraestructura del Centro. Esto habla de una voluntad política que está dispuesta a obturar el emergente escandaloso de un “motín” informado a través de los medios masivos de comunicación -con el agravante de ocultar la cantidad real de jóvenes que se dieron a la fuga- y no así las necesidades informadas en reiteradas oportunidades por los trabajadores y directivos de todos los dispositivos penales entre Centros, Residencias y el de Supervisión Y Monitoreo en el Ámbito Sociocomunitario.

Una vez más los trabajadores organizados, denunciamos al ESTADO como principal RESPONSABLE DE LOS DISTINTOS HECHOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL que venimos padeciendo los adolescentes y trabajadores dentro de estos dispositivos. Exigimos asimismo el esclarecimiento y la transparencia en la investigación sobre los hechos sucedidos el 29 de mayo pasado en el CSRC “Gral. San Martín” ya que el acceso a la VERDAD es la vía fundamental con la que cuenta el Pueblo todo para reparar los hechos siniestros que se desenlazan producto de la orientación determinada por las políticas de estado. En este sentido como trabajadores estatales nos negamos rotundamente a quedar sujetos por las contradicciones que nos imponen y las cadenas de complicidades que se articulan dentro del sistema penal juvenil, entre otros.