El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentó ante Diputados sus recomendaciones sobre lugares de detención

Por Diego Moneta

El jueves pasado las Comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos y Garantías convocaron a reunión informativa para evaluar las recomendaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) sobre lugares de detención, enfatizando en las personas privadas de la libertad en el marco del proceso penal. A través de videoconferencia, y durante casi tres horas, abordaron la situación de las cárceles en nuestro país, los fallos judiciales que obligan al Estado a dar respuestas para que haya condiciones mínimas en esas unidades penitenciarias y posibles modificaciones en la legislación para evitar el hacinamiento.

Entre otras personas, expusieron la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, del Frente De Todos (FDT); el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Hugo Yasky (FDT); la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós; y la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez. Por parte del CNPT tomaron la palabra su presidente, Juan Manuel Irrazábal, y los y las comisionadas Diana Conti y Gustavo Palmieri. También estuvieron presentes Josefina Ignacio y Ricardo Nioi, otros comisionados.

El objetivo del encuentro, según lo planteó al principio Gaillard, fue poder escuchar las recomendaciones y todo el trabajo que ha venido haciendo el Comité, creado por la Ley 26.827. De esta manera, las condiciones de detención vuelven a estar en la agenda legislativa, que se suma a la presentación del proyecto integral contra la violencia institucional, por parte de la diputada nacional Paula Penacca, replicada días más tarde en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Para Irrazábal es fundamental “establecer en espíritu y letra de la ley cómo queremos que funcione el sistema carcelario”. A su vez, en el repaso de las recomendaciones llevadas a cabo durante el año, Conti recordó que exhortaron a realizar “un plan de vacunación de la población de riesgo que está en condiciones de encierro en cárceles y en comisarías”. La comisionada agregó que también se solicitó la instalación de videocámaras para el “control de la actividad del carcelero”.

Por otro lado, los representantes del Comité volvieron a marcar que la mitad de las personas encerradas están con prisiones preventivas, muchas veces más largas de lo que es razonable. Afirmaron que ese factor produce “el hacinamiento que facilita la tortura, el maltrato, el trato inhumano”. También se mostraron a favor de una mirada no restrictiva de las salidas transitorias, debido a que si la persona privada de su libertad tiene interacción con el mundo exterior “es muy útil y hay que respetarlo por más que tengamos en contra a la prensa”.

A su turno, la encargada de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia e interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPN), María Laura Garrigós, consideró “preocupante” la situación ya que, a pesar de las unidades que se están construyendo, “nos estamos achicando para cumplir con los fallos judiciales”, en referencia a una sentencia que obliga a reducir las plazas en el penal de Marcos Paz y de Ezeiza. Cabe mencionar que el 13 de mayo de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que nunca se puso fin a las graves condiciones de detención, a partir de la sobrepoblación, que hay en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Además, Garrigós sostuvo que “sería interesante que se pensara alguna nueva modalidad para las penas cortas de prisión que son simples castigos”, ya que los proyectos de ley que prevén restringir derechos de los presos “no son una opción”.

Sobre el cierre, Hugo Yasky deslizó que el compromiso es trabajar “en las cárceles como lugar de resocialización y no de castigo”. Evaluó que queda “mucho por delante”, ya que son los lugares donde “quizás más se nota la desigualdad, desamparo y ausencia de las políticas públicas”. Para finalizar, volvió a poner la expectativa sobre el reciente proyecto para “tratar de resolver el gravísimo problema de la violencia institucional”.