“Es el momento de educar a las fuerzas policiales en los valores de seguridad democrática”

Foto: Paula Conti

El colectivo de organismos de derecho humanos, integrado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos elaboró un documento denominado: “Pandemia, situación sanitaria, social, económica y el accionar de las Fuerzas de Seguridad en CABA”, en el cual reflexiona sobre el estado de situación en la perspectiva de la protección de los derechos humanos. De esta manera el comunicado reconoce  “y nos complace observar el trabajo conjunto que está haciendo el Gobierno Nacional con los Gobiernos Provinciales y Municipales, independientemente de su signo político para transitar esta etapa con el menor costo para la población”.

“En la actual coyuntura que es de una gravedad extrema, si bien el Jefe de Gobierno y su Ministro de Salud, se alinearon con las directivas del Gobierno Nacional y trabajan en coordinación con la provincia de Buenos Aires para afrontar la pandemia que se acelerará con la propagación del COVID-19, nos preocupan algunas situaciones que se manifiestan en por lo menos tres dimensiones de esta emergencia nacional. La estrictamente sanitaria, la económica social y la actuación de las fuerzas de seguridad”, subrayó el texto.

Además, los organismos se refirieron a la situación sanitaria de la CABA y señalaron: “Resulta  urgente e imperioso que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta haga cumplir los protocolos establecidos, tanto en los establecimientos públicos como privados que se encuentran dentro de la categoría ´servicios esenciales´.”

“Hay dos lugares estratégicos donde se concentran las personas, uno es en los supermercados y en los establecimientos de venta de alimentos, el otro es en los Hospitales públicos y privados. En ambos lugares se diagnosticaron personas con COVID-19, afectando principalmente a los y las trabajadoras y observamos con gran preocupación que no se respetaron los protocolos vigentes y tampoco se informó a la población que siguió concurriendo a dichos establecimientos en total desprotección”, agregaron los organismos de derechos humanos. 

 En este mismo sentido, añadieron: “Es de extrema preocupación y requiere urgente solución las carencias que tienen los Centros de Salud y los Hospitales públicos de elementos de seguridad sanitaria para su personal, lo que ya no sólo ha sido denunciado por los y las trabajadores de diferentes establecimientos y sus representaciones gremiales, sino que  han presentado recursos de amparos para que garanticen la provisión de estos elementos. En una situación crítica como la que estamos viviendo, el Gobierno de la Ciudad debe garantizar la adecuada provisión, calidad y cantidad suficiente de elementos de protección personal para el equipo de salud que de esta manera podrá realizar su trabajo en las máximas condiciones de seguridad laboral y brindar el cuidado que la población necesita”. 

Por otro lado, los organismos de derechos humanos hicieron énfasis en la situación que atraviesan los hospitales públicos y cuestionaron el sobreprecios de los barbijos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “se adquieren los popularmente llamados “Barbijos de Oro”  por compra directa a la empresa Green Salud cuyos propietarios son Ignacio José María Sáenz Valiente y su esposa Laura Jumerosky, empresa que se constituyó como sociedad anónima, recién el 22 de octubre de 2019 y ya le está vendiendo al Gobierno de la Ciudad con sobreprecios descomunales, barbijos por 3000 pesos cuyo costo real es cercano a los 300 pesos”.

Asimismo, el comunicado profundizó sobre la problemática del desarrollo de la epidemia de Dengue. El gobierno de la Ciudad ha descuidado las acciones de prevención, omitiendo la realización de fumigaciones, limpieza de lugares públicos, desinfección  y campañas publicitarias que se realizaban en las comunas. Hoy tenemos la escalofriante cifra de más de 3200 infectados y un silencio terrible en cada una de las conferencias de prensa que vemos diariamente. No alertar a la población y no combatir la cría de mosquitos genera la reproducción de la enfermedad transmitida  por las picaduras. Las comunas del Sur de la Ciudad son las más afectadas, siendo una preocupación y un reclamo constante de los y las comuneras”. 

El documento responsabilizó también al Gobierno de Rodríguez Larreta por “no garantizar la asistencia en aquellos barrios populares que albergan más de 75.000 familias distribuidos en 57 conglomerados. Estas familias viven en condiciones habitacionales de hacinamiento y tienen serias dificultades para resolver sus necesidades de alimentación y de acceso al dinero. Grarte de estas familias asisten a comedores comunitarios o sociales para subsistir, a los que el gobierno no atiende adecuadamente.  En los barrios no tienen cajeros automáticos, no es fácil adquirir alimentos, los supermercados se encuentran afuera de los mismos y los negocios de proximidad están desabastecidos y no brindan la posibilidad de comprar con las tarjetas de las asignaciones sociales”.

“Es absolutamente incomprensible que, en épocas de cuarentena, de crisis sanitaria, social y económica, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destine recursos de la administración local para la adquisición de elementos antidisturbios, como si el recurso represivo fuera una opción para resolver los conflictos sociales que pudieran presentarse en esta crítica situación. Se ha destinado la suma de 52 millones de pesos para la adquisición de cartuchos de posta y granadas de gases que sólo sirven para reprimir a la población. Nada más lejos de promover una convivencia pacífica”, sintetizó el texto.  

Por ultimo, hicieron alusión a “denuncias por amenazas, malos tratos, detenciones arbitrarias, golpes y la utilización de gas pimienta, falta de identificación del personal policial. Se está investigando la muerte de una persona en situación de calle por una presunta agresión policía. Las fuerza interviniente fue en su gran mayoría la Policía de la Ciudad. 

Este es el momento de educar a las Fuerzas Policiales en los valores de Seguridad Democrática, poniendo el respeto por los derechos humanos de la población en primer lugar y erradique el abuso de autoridad y el uso de la violencia como método de solución de conflictos sociales”.