Gatillo fácil en Paraná (Entre Ríos): sin avances en la causa por el asesinato de Gabriel Guzmán

Por Mariano Osuna | Foto: Facundo Saavedra*

Casi 12 meses después de aquella jornada, el 25 de septiembre de 2018, cuando un operativo de la policía de Entre Ríos asesinó a Gabriel Gusmán, el tiempo parece no haber pasado, salvo para los familiares que transcurrieron su dolor en la búsqueda incansable de esclarecimiento y juzgamiento de los culpables. No hay novedades del proceso judicial, ni pedido de indagatorias, ni compromiso activo del Ministerio Público Fiscal para que avance la instancia previa y acusación. 

Como sucedió ese 26 de septiembre cuando la familia, sin acompañamiento institucional, comenzó la búsqueda por el esclarecimiento y el juzgamiento de los culpables, los sentimientos de desidia e impunidad siguen vigentes. No alcanzaron las movilizaciones en distintos días 25, fecha de angustia, represión y abandono, ni la reunión entre organismos de derechos humanos con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, ni la representación como querella del movimiento de derechos humanos de la provincia. 

Entre las irregularidades de la investigación penal preparatoria, las extrañas dudas del Ministerio Público Fiscal, la inexistencia del llamado a indagatoria a los policías Molina e Íbalo y el poco avance del proceso, un año después, todo sigue en la incertidumbre, tan adherida en estos casos a la impunidad. 

Aquél 25 de septiembre

Un operativo policial, tras un llamado del 911, se hizo presente cerca del mediodía, en inmediaciones de la plaza ubicada en calle 941 del barrio Capibá de Paraná. Esa intervención de la fuerza de seguridad provincial estuvo a cargo del agente Rodrigo Oscar Molina y el sargento Diego Sebastián Íbalo, quienes se encontraban en el móvil 1021 y dispararon en la nuca a Gabriel Gusmán. 

El joven se encontraba viviendo en ese barrio. Aunque parece sólo un dato más de la descripción, se lo destaca porque la versión oficial de la policía y también de los informes periodísticos de algunos medios tradicionales de la ciudad fue la exposición de justificativos estigmatizantes relacionados a la supuesta peligrosidad del barrio. Durante algunos días, mientras la familia buscaba respuestas, entre la desidia institucional y el dolor, el reconocido barrio de la zona sur de Paraná fue titular de distintos espacios gráficos y audiovisuales por su inseguridad, dando por certificado un supuesto enfrentamiento de balas, a coro con las voces de las cúpulas policiales. En contraposición, casi ausente, estuvo el tratamiento sobre las deudas estructurales del Estado en ese sector de la capital en materia de derechos humanos, salud, educación, soluciones habitacionales, cloacas, soberanía alimentaria y trabajo digno. 

Ante la intervención del Ministerio Público, el fiscal Gonzalo Badano decidiò en el momento la detención de Íbalo y Molina, quienes fueron llevados a Alcaldía de Tribunales. Estuvieron demorados 36 horas, fueron notificados de la apertura de la causa, pero nunca fueron indagados. En un segundo momento, también intervino el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, coordinador de los casos de violencia institucional.

La caravana de impunidad

Tras los trágicos hechos del 25 y todo el dolor familiar, la respuesta judicial fue la liberación en tiempo récord, sin indagatoria a los policías y festejado por una caravana de decenas de patrulleros de la provincia. Allí, haciendo guardia en Tribunales, sobre calle Córdoba de la capital entrerriana, festejaron la liberación de los funcionarios policiales, respaldada por el propio Gustavo Maslein, jefe de la policía de la provincia, y acompañada por insólitas declaraciones de Marcos Antoniow, jefe departamental de Paraná. 

No sólo había un homicidio, eufemismo de gatillo fácil, a manos de las fuerzas, sino además la satisfacción y celebración de la corporación policial. A eso sumarle que días después Íbalo y Molina volvieron a cumplir sus funciones, incluso hostigando al entorno familiar de Gabriel Gusmán. 

El movimiento de derechos humanos

Pasaron las horas del asesinato, la familia en total situación de abandono institucional y los policías involucrados en libertad. En el medio, los recuerdos trágicos de otras historias, otros nombres, asesinados a manos de la policía, como tantas otras veces. Tras la incertidumbre inicial, reflejada en los ojos de Alejandra, madre de Gabriel, la familia fue recibida por distintos organismos de derechos humanos de la provincia, quienes decidieron acompañarlos con la representación legal, mediante José Iparraguirre y Lucía Tejera. 

Ante la inacción judicial y los silencios del poder político, la familia de Gabriel y los organismos de derechos humanos sostuvieron movilizaciones y manifestaciones exigiendo el esclarecimiento y el avance del proceso judicial. En el medio, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, recibió a los organismos, no se subió a la ola de festejos policiales, aunque los funcionarios involucrados quedaron en funciones habituales y cotidianas. También hubo un encuentro con el procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, con la finalidad que se garantice una investigación objetiva.

El acompañamiento del movimiento de derechos humanos se tradujo, por un lado, en la estrategia judicial, acompañando a la familia en la representación como querella. Y por otro lado, en el respaldo político, con la exigencia de esclarecimiento y que los funcionarios públicos no se encuentren en la vía pública prestando servicios hasta que la causa se eleve a juicio y se resuelva el futuro de ambos. 

Irregularidades

Desde su inicio el proceso judicial tuvo distintas arbitrariedades, como por ejemplo el primer instante de levantamiento de pruebas, que fue realizado por la propia policía provincial, involucrada en la investigación del asesinato. La Fiscalía determinó que sea Gendarmería quien efectúe todo el desarrollo de peritajes, aunque el levantamiento de las pruebas realizado por la policía dejó todas las dudas posibles.

Entre las voces iniciales de la fuerza provincial se repitió la hipótesis de enfrentamiento en el momento de asesinato a Gabriel Gusmán. Lo cierto es que el móvil 1021 siguió circulando, siendo parte de la planta automotriz activa de la policía, en sus funciones comunes. Tampoco tiene proyectiles e incluso existe un video que se adjunta en la causa donde se certifica la inexistencia de impactos. 

Las irregularidades no terminaron allí. Incluso aparecieron supuestos testigos, avalando el enfrentamiento que nunca existió, que luego confirmaron que no estuvieron en el lugar de los hechos y que fueron inducidos a testificar. Un bochorno, con fisuras graves, que continuó con el levantamiento del arma, el desplazamiento del móvil y la inexistencia de registros de pólvora en los chalecos de quienes dispararon. 

El camino de irregularidades tiene otro punto en el dermotest, donde la policía utilizó una cinta scotch común para hacerlo. Se conoce que para estas intervenciones se requiere una cinta especial que utiliza la mayoría de las fuerzas de seguridad del país. Frente a la actuación inexplicable de los efectivos provinciales, la Gendarmería determinó que ese análisis de dermotest no se pudo hacer porque sus máquinas no analizan ese tipo de cinta. 

Las demoras del Poder Judicial

“La denuncia es el hecho. Se denuncia un hecho que es la muerte de Gabriel Gusmán. La circunstancia en que se cometió ese hecho la tiene que evaluar la Fiscalía, con lo que se llama en este sistema acusatorio la investigación penal preparatoria. Nosotros estamos presentados como querellantes, creo que nos presentamos a la semana del hecho, del 25 de septiembre de 2018, porque como movimiento de derechos humanos nosotros recibimos a la familia Gusmán, nos juntamos con ellos y ahí advertimos que a dos semanas del hecho ellos no tenían noticias de como avanzaba la investigación”, explicó la abogada Lucía Tejera, en diálogo con Agencia Paco Urondo. La fiscalía recibió una sola vez a la familia, sumado a las vueltas iniciales que les dieron y la falta de información sobre la entrega del cuerpo de Gabriel, para despedirlo dignamente, en el medio de tanto dolor. 

“Lo que no hizo la fiscalía hasta ahora es indagar a los policías, que es el primer acto procesal que se hace cuando hay una sospecha de la comisión de un delito. La fiscalía nunca indagó a los policía, nunca dijo bueno se les imputa este hecho y a partir de ahí se realizan las pruebas”, detalló Tejera.

Sin indagatoria

Tras varios meses sin avance en la instancia preparatoria, los organismos de derechos humanos exigieron en febrero pasado el llamado a indagatoria. La querella reclamó que está probado que un funcionario policial asesinó a Gabriel Gusmán y que las circunstancias en que se cometió ese hecho, en relación a alguna causa exculpatoria, debe dirimirse en la etapa posterior, es decir en el debate oral.

Lo cierto es que casi un año después, no hubo indagatoria y los pocos avances en el proceso previo fueron en relación a testimonios y pruebas periciales. Lo que hay es una incertidumbre instalada, como si el Ministerio buscara insólitamente una justificación para no acusar a los policías, cuando eso se determina en un juicio oral. Esta situación sienta un precedente peligroso, ya que las querellas particulares no pueden acusar sin el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal, lo que a estas alturas puede leerse como una decisión política. 

En funciones

Tras ser demorados por 36 horas y ser liberados con una caravana policial, la fuerza provincial inició un sumario de investigación para ver las responsabilidades de Molina (quien asesinó a Gabriel) e Íbalo; instancia interna que se encuentra atada a lo que dictamine el poder judicial. 

Mientras los meses pasan, entre dilaciones inexplicables del poder judicial y la omisión del poder político, ambos efectivos policiales continúan en funciones habituales. Incluso uno de ellos fue visto con un patrullero del 911 en cercanía al entorno familiar, como si hubiera un estado de gozo frente a la incertidumbre del Ministerio Público Fiscal y la impunidad impuesta. 

Fuera de la realidad

Al desamparo inicial a la familia de Gabriel, se continuó la ausencia total durante los meses posteriores. Con excepción de un encuentro con el fiscal Badano, a instancias del personal de prensa del Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía no recibió nunca más a la familia, como pasa en la mayoría de los casos, como si el Poder Judicial fuera algo ajeno a la comunidad y las personas. 

Dentro de la realidad

Contrario fue la reacción de la familia que siempre eligió el camino de la justicia, transformando el dolor inicial en el motor colectivo de lucha por la verdad y la justicia. El compromiso de la familia, acompañado por los movimientos de derechos humanos, se extendió a otras luchas, en la empatía en las calles entre injusticias y tristezas, que encuentran en la solidaridad una respuesta a tanta indiferencia.

* Agenda Abierta