Entre Ríos: el posicionamiento de los diputados nacionales hacia la votación de la Ley Ómnibus
El martes pasado, comenzó el debate legislativo del proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como Ómnibus, en reuniones plenarias de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación.
Fueron tres jornadas de análisis, con la participación de ministros y secretarios del Gobierno nacional, con un listado que incluyó a Guillermo Francos de Interior, Patricia Bullrich de Seguridad, Guillermo Ferraro de Infraestructura, Mariano Libarona de Justicia y Rodolfo Barra de la procuración del Tesoro. En contraposición, se destacaron las ausencias del titular de Economía, Luis Caputo, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, la responsable de Capital Humano, Sandra Pettovello, y uno de los ideólogos de la iniciativa, Federico Sturzenegger.
Esta semana, el tratamiento tuvo continuidad con la exposición de organizaciones sindicales, empresariales, culturales, industriales, científicas, agropecuarias, sanitarias, deportivas y productivas, en un debate protagonizado por nueve diputados nacionales de Entre Ríos: Beltrán Benedit de La Libertad Avanza; Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Tomás Ledesma y Carolina Gaillard de Unión por la Patria; Pedro Galimberti, Atilio Benedetti y Marcela Antola de la Unión Cívica Radical; y Francisco Morchio de Hacemos Coalición Federal.
Defensa a ultranza
Luego de las elecciones generales del pasado 22 de octubre y la renovación de 130 escaños de la Cámara Baja, la distribución de bancas constituyó un tablero que requiere de acuerdos entre distintos bloques para la consecución del quórum (129 legisladores/as). El oficialismo, que cuenta actualmente con 38 representantes, tiene como desafío la búsqueda de posibles aliados, como Propuesta Republicana (PRO) que posee 37 voluntades, la Unión Cívica Radical (UCR) que ostenta 34 votos, y Hacemos Cambio Federal, conformado por Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, los socialistas de Santa Fe, los cordobeses que responden al gobernador Llaryora y la Coalición Cívica, con 23 integrantes. Aunque la política no es matemática, esa suma del borrador inicial, acumula 132 adhesiones, superando la mayoría necesaria para el inicio del debate en el recinto.
Entre las espadas legislativas de La Libertad Avanza, se encuentra Beltrán Benedit, que fue director de la Sociedad Rural Argentina, distrito Entre Ríos, y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) de la provincia. El Ingeniero agrónomo, que integra la comisión de Legislación General, expresó que la iniciativa en discusión “apunta a un cambio rápido de la estructura del Estado” y que “el objetivo es cortar el déficit, abrir el cepo, liberar la economía, sacar las trabas, y para todo eso tenemos que controlar el balance en el Banco Central y el exceso de Leliq (letras de liquidez)”. Añadió que son momentos de “trabajo sin descanso para iniciar la transformación que Argentina requiere”
Dialoguistas
Cuatro diputados nacionales fueron elegidos, en los comicios de medio término de 2021 y en las elecciones generales del año pasado, dentro de la alianza Junto por el Cambio. Tras la ruptura de la coalición opositora, la representación entrerriana quedó distribuida en dos bloques.
El radical Atilio Benedetti, que fue intendente de Larroque y director del Banco Nación, integra la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda. “Vamos a colaborar, pero no a libro cerrado”, afirmó en declaraciones radiales. “Vamos a trabajar seriamente para que el país pueda tener una ley que permita llevar adelante las ideas que quiere implementar este gobierno, que cuenta con legitimidad popular”, profundizó sobre la postura de acompañamiento del histórico partido centenario.
Sin embargo, detalló los reparos y las modificaciones que solicita su bancada. “En primer lugar, los plazos de la delegación de facultades. El gobierno está pidiendo una delegación extraordinaria con una emergencia en 11 ítems y la posibilidad de renovarla por dos años, lo que significa que pasaríamos cuatro años en emergencia”, analizó. “No estamos de acuerdo con esos plazos”, advirtió. “Otro tema que afecta los intereses de Entre Ríos es el descomunal aumento de impuestos a través de la tasa de retenciones en las economías regionales que, en muchos casos, estaban exentas. Por ejemplo, la nuez pecan, que es una actividad incipiente en Entre Ríos, cae en este aumento de retenciones”, explicó. “También estamos abordando el tema de los biocombustibles”, agregó respecto a un tema sensible para las provincias de la región centro.
Entre los nombres radicales se encuentra Marcela Antola, que responde a la línea interna de Evolución. La ex concejal de Gualeguay ingresó en la nómina encabezada por el actual gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, en un acuerdo con el presidente de la UCR, Martín Lousteau. Su nombre fue conocido en 2022, cuando el índice de Calidad Legislativa del portal Parlamentario, que realiza un análisis estadístico de las intervenciones en el recinto, certificó que fue la legisladora que menos palabras (698). En esa misma dirección, aunque no es miembro de las tres comisiones activas, no ha dado grandes definiciones sobre su posicionamiento sobre los distintos ejes temáticos del proyecto de Ley, aunque ha compartido en redes sociales los comunicados oficiales del bloque radical.
Por su parte, el ex intendente de Chajarí Pedro Galimberti, que conforma Presupuesto y Hacienda, dejó opiniones similares a su par de Larroque. “El gobierno ha mandado un proyecto que implica 11 declaraciones de emergencia, de las cuales de tres pregunté por los fundamentos porque no los encontraba en el mensaje de elevación”, cuestionó el ex candidato a gobernador en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto de 2023. “Hubiese sido mejor que esté más segmentado, con cuatro o cinco proyectos de ley, pero este es el camino que ha elegido el gobierno y esto también origina esta desorganización”, reflexionó.
Sobre la participación de los funcionarios nacionales, reclamó que “el jefe de gabinete tiene que estar presente porque es una parte sustancial del Poder Ejecutivo de la Nación” porque “debe ser él quien debe defenderlo”. Aunque resaltó que “en general la Ley será aprobada”, precisó sus objeciones sobre algunos puntos cruciales. “Cuando se miran las retenciones está claro que hay un cambio en lo que habían sido los anuncios de campaña de Milei, porque hay suba de impuestos”, destacó. “En la cuestión estrictamente política se proponen circunscripciones nominales, lo que significa que se reducen a ocho los diputados de Entre Ríos”, dejando un formato donde “la provincia estaría dividida en cuatro zonas y se perdería el concepto de representación”.
Fuera de ese esquema emerge la figura del ex senador provincial por Gualeguay, Francisco Morchio, que es una pieza propia de Frigerio y que engrosa las filas del bloque Hacemos Coalición Federal. El nuevo Mandatario afirmó que concuerda “mayoritariamente" con la orientación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y con muchas de las medidas de la Ley enviada al Congreso. “Es un momento histórico para generar cambios que sean sostenibles en el tiempo y terminen con los privilegios de unos pocos”, señaló. “Tengo diferencias con cuestiones puntuales que nuestros legisladores tratarán de modificar”, apuntó sobre los derechos de exportación de las economías regionales, los biocombustibles o la privatización del Banco Nación o Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Voces en contra
El ex gobernador (2015-2023) Gustavo Bordet, de Unión por la Patria, que es miembro de la comisión de Presupuesto y Hacienda, fue una de las voces más críticas entre los legisladores entrerrianos en el Congreso nacional. “El proyecto que enviaron adolece de muchas fallas. Las medidas no tienen ningún aspecto positivo que mejore la vida de los argentinos. El contenido de este proyecto va a contribuir a agravar aún más los problemas que hoy existen y que afectan al bolsillo de los ciudadanos del país”, explicó.
“A nivel nacional, lo que más impacta tiene que ver con la delegación de facultades del Congreso. El Presidente va a poder gobernar con funciones delegadas del Congreso durante cuatro años”, afirmó. “Nosotros vamos a estar pintados. Esto representaría un Congreso cerrado, inactivo o abierto solo para temas intrascendentes”, precisó. “Esta Ley además incluye 41 privatizaciones de empresas, el cierre de radios públicas, caso LT 14 de Paraná, LT 11 de Concepción del Uruguay y LRA 42 de Gualeguaychú, que afectaría a Entre Ríos”, añadió.
“Además se vuelven a subir las retenciones. La soja aumenta a un 33%, pero se grava con un 15% a todas las economías regionales, que hoy estaban exentas. Eso dificulta a productores de citrus, de arándanos, de arroz, de nuez pecán y de otras economías regionales, dejándolos afuera de los mercados internacionales porque pierden competitividad”, exclamó. “No se pueden cercenar derechos en nombre de la libertad”, apuntó.
Junto al ex mandatario, la otra espada peronista en Presupuesto y Hacienda es la ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna. “La ley Ómnibus es inhumana y quienes voten serán traidores a la patria”, manifestó. “En lo político, económico y cultural, hay una correspondencia directa entre lo que define esta Ley y el sustento ideológico de la última dictadura. Esto es invotable en todo sentido e inconstitucional desde donde se lo mire”, avisó.
“Vengo estudiando cuidadosamente la ley y hay capítulos que son un desastre, como lo vinculado a educación por ejemplo. Plantea que las y los niños a partir de los 9 años dejen de ir a la escuela, ya que no es obligatorio y lo pueden hacer a través de internet. Pone en riesgo derechos en materia de educación, salud, producción, desarrollo científico y tecnológico, además de lo que significa la privatización de algunas empresas, los favores a los sectores vinculados a la energía y la quita de subsidios. Cada una de ellas tiene el nombre de una empresa y el favor que este Gobierno está decidido a hacer”, profundizó. Además reclamó sobre la obra pública y preguntó “qué va a pasar con la culminación de la ruta 18, con los programas de viviendas, con el acueducto metropolitano, con la terminación de la escuela Nº 188 u otras obras que están licitadas y que hay que completar”.
Por su parte, el dirigente de La Cámpora, Tomás Ledesma, que es parte de la comisión de Legislación General, precisó que “esta Ley es completamente regresiva, dañina para los intereses de las y los entrerrianos, así como para todas las provincias del interior, en tanto pretenden la entrega de nuestras tierras y nuestros recursos”. Sobre las posibles modificaciones a la distribución de bancas, argumentó que “es de un centralismo que ya cansa escuchar que mi provincia está representada de más. Si así fuera no estaríamos pagando la luz al precio que la pagamos siendo que somos grandes generadores de energía”.
“El filo de la motosierra cae sobre los empresarios, los productores, la clase media trabajadora y los más pobres. El DNU de Milei no toma una sola medida de recomposición adquisitiva en un país donde él mismo dice que seis de cada diez jóvenes son pobres. En cambio beneficia a grandes emprendimientos inmobiliarios y propietarios, a extranjeros que quieran acceder a campos y recursos naturales, a quienes quieran hacer de los clubes un negocio privado, a prepagas, y a grandes empresas de capitales extranjeros por sobre las de capitales nacionales”, fundamentó.
Por último, la ex secretaria de Turismo y Cultura de Entre Ríos, Carolina Gaillard, no forma parte de las tres comisiones en marcha, aunque participó del debate. “Si se aprueba la Ley Ómnibus esto implica que el Congreso cierre sus puertas y directamente legisle el Presidente por decreto”, alertó. “Es un atentado a las instituciones, a la Democracia y una violación a la Constitución Nacional en tanto afecta el principio fundamental de la república que es la división de poderes”, añadió. “Veremos quiénes defienden la Democracia y quiénes convalidan este atropello a las instituciones”, finalizó.