La CPM denunció hacinamiento, sobrepoblación y torturas en una comisaría inhabilitada para alojar personas

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció hacinamiento, sobrepoblación y torturas en la comisaría 1ª de Florencio Varela. Se trata de una dependencia policial que tiene casi una decena de resoluciones judiciales incumplidas de inhabilitación para alojar personas. En ese marco, reclamó la clausura del lugar y el traslado de los 42 detenidos. En tanto, notificará al Comité nacional de prevención de la tortura y denunció que las autoridades uniformadas quisieron impedir el trabajo de monitoreo.

El jueves pasado las personas detenidas realizaron una protesta para pedir mejores condiciones de alojamiento, el traslado a otras dependencias, y denunciaron amenazas y maltrato policial. En la ocasión iniciaron un pequeño fuego con un pedazo de colchón que rápidamente fue extinguido por bomberos locales. Ante esta situación, ingresó el grupo antimotines, que golpeó y trasladó a los siete detenidos que iniciaron el reclamo. Mientras tanto, los restantes 35 fueron víctimas de amenazas y golpes, según relató la CPM.

La Comisión Provincial por la Memoria concurrió allí para realizar una inspección del lugar y describieron que “quienes continuaban alojadas allí lo hacían en condiciones inhumanas de hacinamiento extremo, sin duchas y con sólo una letrina en cada sector. No accedían a la luz natural ni patio; tampoco accedían a comunicaciones telefónicas. Algunos detenidos denunciaron que llevaban más de tres meses reclamando a los guardias una comunicación con su defensor oficial”.

Además, denunciaron que el comisario Alejandro Viscelli y el titular de la Jefatura Departamental, Ramón Rodríguez, quisieron impedir el trabajo de monitoreo con el impedimento del ingreso a la zona de calabozos y la realización de entrevistas confidenciales con los detenidos, exigiendo la presencia de los agentes policiales. Sin embargo, tras la intervención del fiscal de turno y la Auditoria de Asuntos Internos, se llevó a cabo.

Más tarde, se presentó un habeas corpus al juzgado de garantías de turno para solicitar el resguardo físico de las personas detenidas, su inmediato traslado a comisarías habilitadas para alojar personas y la clausura efectiva de la dependencia policial. A su vez, se realizó una denuncia penal para que se investiguen los golpes y amenazas, y el accionar de las autoridades policiales que buscaron impedir el monitoreo.

El día de la protesta, había 42 detenidos a pesar de que la dependencia policial está clausurada judicialmente para este fin. En el registro de la Corte bonaerense hay ocho resoluciones judiciales en las que se decide el traslado de las personas privadas de la libertad de esa seccional. En la última, de junio del año pasado, el Tribunal Criminal 2 de Quilmes había ordenado, en el marco de un habeas corpus, la clausura de la comisaría. Antes de las clausuras, la policía había establecido un cupo para 18 personas, aunque en el lugar no había camastros y la gente dormía en el piso.

Al respecto, la CPM señaló que se “vuelve a exponer la crítica situación en las comisarías bonaerenses, donde no sólo se han naturalizado las violaciones a los derechos humanos sino también la desobediencia a resoluciones judiciales y las vulneraciones de las garantías constitucionales de las personas privadas de la libertad. Los principios republicanos y de obediencia a la ley y las resoluciones judiciales se han convertido en ficciones que afectan gravemente las instituciones democráticas”.