La desaparición de Maldonado: la complicidad del Poder Judicial

Por Enrique de la Calle

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto en Cushamen, Chubut, en el marco de una brutal represión de Gendarmería Nacional que incluyó balas de plomo, según los testigos, sobre la comunidad mapuche. Por lo menos cuatro personas vieron a Maldonado cerca de agentes de la fuerza federal. Otros testigos describen que observaron cuando fue subido a un camión de esa fuerza cuya primera responsable política es Patricia Bullrich, titular del ministerio de Seguridad. Además, Pablo Nocetti, jefe de Gabinete de Bullrich, estaba en el lugar y condujo el operativo, como reconoció la propia fuerza. 

El 24 de agosto pasado, la fiscal federal de Esquel Slvina Avila informó a la prensa que solicitó el cambio de la caratula de “NN sobre averiguación de delito” a “delito de desaparición forzada”. En las últimas horas la propia fiscal se desmintió a si misma en un informe en el cual desvinculó apresuradamente a la Gendameria.

Antes, el juez federal Guido Otranto hizo lugar al pedido del Ministerio Público del cambio de caratula. Es decir, se daba a lugar la línea de investigación propuesta por los familiares del joven desaparecido que apunta sin dudas sobre los uniformados dependientes del ministerio de Seguridad de la Nación.

Sin embargo, el gobierno, a través de la ministra Bullrich, no desistió en su defensa de los agentes que participaron de la represión y utilizó todos los medios para defender su inocencia. La presión del Gobierno por instalar su versión finalmente llevó a la fiscal federal a presentar un informe donde dice "no hay elementos que comprueben que Gendarmería Nacional estuvo involucrada". El escrito llega 6 días después de decir exactamente lo contrario. ¿Si no existen indicios de la responsabilidad de la Gendarmería por que pidió el cambio de caratula hace menos de una de una semana? ¿Dicho cambio no se debía a la posible responsabilidad de Gendarmería? O bien: ¿Quién podría haber desaparecido, entonces, a Maldonado?

Las suspicacias se abren por la campaña abierta desde Gobierno para licuar y descomprimir la situación a favor de la fuerza federal.  Por otro lado, el mapuche Fernando Jones Huala desmintió categóricamente a la fiscal y afirmó que “tiene una postura racista anti mapuche muy marcada”. El informe presentado por la magistrada parece ir en esa misma dirección, ya que en el texto critica a los mapuches por impedir las pericias. Es curioso que la Justicia Federal alege dificultades para realizar pericias en la búsqueda de Maldonado: tiene poder para desalojar y reprimir mapuches, pero no para evitar que supuestamente obstaculicen una investigación.  

Además, Jones Huala confirmó que efectivamente hay al menos cuatro testigos de la desaparición forzada de Maldonado a manos de los uniformados. Sin embargo, dos declararon y dos no. Los que no testimoniaron tienen miedo a las represalias de los agentes. Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, desaparecido durante años, señaló que en este tipo de causas suelen morir testigos. ¿No es razonable tener miedo? ¿La fiscal federal no puede garantizar condiciones de seguridad mínimas para que los testigos?

Siguen las preguntas en torno a la actuación judicial, por lo menos, displicente con Gendarmería. ¿Por qué tardó tanto en allanar? ¿No son suficientes 9 días para limpiar pruebas? La fiscal Silvina Ávila, la secretaria de la fiscalía federal Rafaella Riccono y el juez Guido Otranto tienen que explicar por qué actuaron como lo hicieron.